La elección del izquierdista Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia es otro indicio del progresivo aislamiento de Sudamérica frente a los esquemas formales de la democracia tradicional y, en definitiva, de los valores políticos occidentales. Es imprudente contar la historia antes de que se produzca, pero es imprescindible no perder de vista la perspectiva regional.
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La elección del izquierdista Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia es otro indicio del progresivo aislamiento de Sudamérica frente a los esquemas formales de la democracia tradicional y, en definitiva, de los valores políticos occidentales. Es imprudente contar la historia antes de que se produzca, pero es imprescindible no perder de vista la perspectiva regional.
Y es imprescindible en esta Argentina que se va sumergiendo en una progresiva anarquía, con un gobierno partido al medio, incapaz de resolver en beneficio de la ciudadanía la compra de vacunas para una pandemia que se cobró 120 mil vidas, o de explicar por qué permitió deambular durante varios días a un avión de pasajeros, sin asientos y sin carga, tripulado por un número injustificable de iraníes y venezolanos sospechados de vínculos con el terrorismo. Pero lo es también en esta Argentina donde de las figuras más relevantes de la oposición se enredan en un debate anacrónico sobre hechos ocurridos hace un siglo, cuando lo que les espera, si ganaran, es un país con un laberinto de problemas sociales y económicos absolutamente actuales.
Petro, pasado y presente
Petro asusta por su pasado de guerrillero, por su discurso sobre una economía cerrada y distribucionista, y por su cercanía a las autocracias de Venezuela y Cuba. Como asustaba Evo Morales hace dos décadas al erigirse como presidente de Bolivia.
Sin embargo, la opción que tenía Colombia en esta elección presidencial era, frente a Petro, un candidato inesperado, un millonario próspero que dejó fuera de juego a los partidos tradicionales; tan populista como Petro, pero de derecha.
La noticia alegró, por supuesto, a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández; este último, vale recordarlo, comenzó su mandato luego de visitar en la cárcel a Lula, con lo cual rompía lazos, de hecho, con Brasil, y diciendo que extrañaba a Hugo Chávez y a Néstor Kirchner. Añoranzas regresivas, porque el mundo marcha hacia adelante y América Latina naufraga a los barquinazos y está sujeta a los avatares de cualquier viento, venga de EEUU (que se desentiende bastante de su patio trasero), de China, de Rusia o de Irán.
La realidad es cruda y las veleidades ideológicas solamente profundizan el drama latinoamericano. Desde la crisis del petróleo producida a partir de la Guerra del Yom Kippur, en 1973, América Latina atravesó por la etapa de inestabilidad monetaria y endeudamiento desenfrenado, seguida por la década de los 90, con gobiernos democráticos que intentaron la incorporación de la región a la economía mundial con privatizaciones y liberalización de la economía. A partir del cambio de siglo, emergió el sueño bolivariano que sucumbió en una década, pero dejó, en todas partes, la huella de economías decadentes, dependientes y no competitivas. Y que, además, modificó el concepto de democracia, reemplazando la representación plural por la delegación en liderazgos mesiánicos.
La pobreza y la violencia
El balance de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) realizado en enero de este año da cuenta de que tras la pandemia de COVID-19, la tasa de pobreza extrema en América Latina llegó al 13,8% en 2021, y que la pobreza general afecta al 32,1% de la población (en nuestro país, según el Indec, oscila entre el 36 y el 40%). Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema llega a 86 millones, y el número total de personas en situación de pobreza, en general, a 201 millones.
Al mismo tiempo, América Latina y el Caribe es la región del mundo donde ocurren más homicidios intencionales. El crimen organizado, la delincuencia común, las pandillas juveniles y la violencia policial y parapolicial prosperan- según otro informe de la Cepal- en "un terreno fértil creado por la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y, en algunos casos, la inestabilidad política y la debilidad de los Estados nacionales. Se han producido contextos de impunidad en los que el homicidio prolifera hacia los espacios públicos y privados".
La Colombia que ha de gobernar Petro registró 13.709 crímenes en 2021. La mayor parte de los homicidios fue ejecutada por sicarios: 8.095 ejecuciones. Entre los homicidios, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, (Indepaz), se cuentan 96 masacres, o crímenes colectivos por razones políticas o de venganzas, con más de 326 víctimas. Y otros 335 asesinatos tuvieron como víctimas a líderes sociales o ambientales desarmados.
La historia de Colombia es violenta. El investigador de la Universidad de Barranquilla, Luis Fernando Trejos Rosero considera: "El Estado colombiano, históricamente, ha mantenido una "presencia' diferenciada en el territorio nacional". Y la describe como un Estado que nunca logró el control de la seguridad, la Justicia, la recaudación tributaria ni del dominio territorial.
Este punto contiene un llamado de atención: tras el fracaso del "Plan Colombia" contra el narcotráfico y la guerrilla, y luego de los acuerdos de paz para el desarme de la insurgencia, parte de los miembros de esas organizaciones dejaron las armas, pero otros mantuvieron la beligerancia. Algunos ocupan gran parte del territorio venezolano y otros permanecen en una lucha interna dentro de Colombia que derivó en facciones de parapoliciales, disidencias y bandas del crimen organizado.
La economía
En la campaña de Petro, la violencia quedó en un segundo plano. Hasta ahora, el nuevo presidente centra sus objetivos en "una democratización de la economía" y agrega: "¿Cómo se democratiza el capital, la tierra? Es entregarlos a millones de personas, a la sociedad colombiana".
La elección de Gabriel Boric, en Chile; y la de Pedro Castillo, en Perú, ambos, emergentes dentro de un sistema político desacreditado también afrontan problemas de control territorial por parte del Estado. En el caso de Chile, la violenta demanda de las organizaciones mapuches repercute fuertemente en la Patagonia argentina, donde la Justicia y las fuerzas de seguridad retroceden ante las exigencias de lotes ocupados compulsivamente por esos grupos.
Entre los devaneos ideológicos del Frente de Todos, sumados a la crisis de empleo, de dimensiones mucho más profundas que lo que quiere reconocer la dirigencia, el debilitado Estado Federal genera una transferencia de recursos y responsabilidades desde el área de Desarrollo Social hacia "organizaciones sociales" que proponen, como Petro, "democratizar el capital y la tierra", en nuestro caso, expropiar áreas productivas, reemplazar la producción agropecuaria eficiente por economías familiares y llevar adelante un plan de repoblación: el Proyecto Artigas.
América Latina, además de pobre, está fracturada ideológicamente y fragmentada como proyecto. No basta con hablar de populismo o neoliberalismo; no sirve culpar a EEUU o a China. Lo único válido es mirar la realidad de frente y buscar una salida de este laberinto regional.