El tema de la soberanía argentina en las islas Malvinas va mucho más allá de la guerra de 1982: existe en el país una certeza generalizada de que la ocupación británica es un caso de vasallaje. Sin embargo, las políticas para hacer valer nuestros derechos no pasan de los enunciados.
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El tema de la soberanía argentina en las islas Malvinas va mucho más allá de la guerra de 1982: existe en el país una certeza generalizada de que la ocupación británica es un caso de vasallaje. Sin embargo, las políticas para hacer valer nuestros derechos no pasan de los enunciados.
Recién incorporado al Servicio Exterior de la Nación, el diplomático retirado Guillermo Roberto Rossi estaba en el gabinete de Cancillería y fue testigo cercano de las decisiones que se tomaban durante el conflicto bélico con Gran Bretaña por las islas Malvinas. Entre el 30 de marzo de 1982 hasta muy avanzado el mes de mayo le tocó permanecer de guardia permanente y presencial, día y noche. Esa experiencia le permitió presenciar reuniones con protagonistas internacionales, como el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, el presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry, y el secretario de Estado de Ronald Reagan, Alexander Haig.
Hoy, Rossi considera que la decisión de permanecer en las islas, tomada inesperadamente después del desembarco, fue un error catastrófico, que cerró un espacio de negociación que había funcionado durante más de doce años, privó al país de la realización de acciones de acercamiento con los isleños en el territorio insular y tuvo como consecuencia mayor presencia militar británica en el Atlántico Sur. “Lo único que se discutió en estos 40 años fue lo que propusieron los británicos, atendiendo, por supuesto, sus propios intereses”, dijo el diplomático en una entrevista con El Tribuno. “La recuperación de las Malvinas es una meta direccional, absolutamente legítima, pero lo inmediato es volver a negociar sobre la soberanía, que es lo que nos interesa hoy a nosotros y lo que manda el derecho internacional”.
¿Cuál es el concepto central en su evaluación del conflicto armado del Atlántico sur y de las políticas aplicadas desde entonces por la Argentina?
En primer término, considero que se trató de un error catastrófico, porque era evidente que no estábamos en condiciones de sostener un enfrentamiento militar de esa envergadura. Y ese error provocó terribles consecuencias. En primer lugar, se destruyó el foro de negociación que funcionó desde 1966 hasta 1982 (*). Más allá de la evaluación que se haga de los resultados, su mera existencia como instancia de negociación era positiva en sí misma, y es lo que nos ha faltado desde hace cuarenta años. La segunda consecuencia negativa es que se nos privó de la posibilidad de realizar las acciones en el territorio de las islas, que se venían desarrollando desde 1971 con una política seria y fundamentada de acercamiento a los isleños.
No se trataba de seducirlos con “ositos de peluche”...
Por supuesto. Se trataba de beneficios concretos, por ejemplo, con maestras bilingües que preparaban a los jóvenes para que pudieran estudiar en escuelas de la Argentina. Acciones valiosas y con sentido. En tercer lugar, el conflicto derivó en la instalación de seis instalaciones militares británicas en las islas; el aeropuerto de Monte Agradable, la Base Naval, tres radares de distinto alcance y la base de lanzamiento de misiles en Puerto Enriqueta, frente al mar abierto. Esas fueron las tres graves consecuencias de esta malhadada intervención militar.
¿Error estratégico o medida desesperada?
Uno puede interpretar cualquier intención, pero lo concreto, objetivo y verificable fue que se trató de una muy mala decisión estratégica. Y en ese momento ya nos dábamos cuenta de eso. Por ejemplo, es evidente que no se podía encerrar a 13 mil hombres en una isla sin asegurar la superioridad aérea y marítima. La Argentina no contaba con los elementos necesarios para detectar a los submarinos de propulsión nuclear (si a los convencionales). Eso hizo vulnerable al Crucero General Belgrano. Y ya era evidente en la intimidad de la Cancillería y en los ámbitos de decisión. Prueba de esto es que la ocupación militar permanente de las islas nunca fue el objetivo; el objetivo planificado era proceder a la ocupación, luego evacuar a la fuerza militar y dejar una dotación de Gendarmería como fuerza de seguridad. Eso cambió en 24 horas. Se sabía que la diferencia de potencial era abismal. Nos enfrentábamos a la segunda potencia militar de Occidente, que contaba con el apoyo de EEUU.
¿Cómo evalúa usted la intervención de Juan Pablo II en los conflictos de las islas Malvinas y (antes y después), con Chile por el Canal de Beagle?
Sobre esto voy a dar una opinión estrictamente personal, porque no tengo todos los elementos como para ofrecer una información sólida. Entre 1990 y 1995 estuve destinado en Polonia; allí conocí desde muy cerca el funcionamiento de la diplomacia vaticana durante el pontificado de Juan Pablo II. Él fue un hombre muy político, con una visión geoestratégica muy amplia, centrada en el conflicto este-oeste, entre otras razones, porque Polonia estaba en un espacio limítrofe con Rusia. Y con esa visión evaluó ambos conflictos: los veía como enfrentamientos secundarios que distraían a las fuerzas de occidente del conflicto principal.
¿Existe conciencia en el país de que la cuestión Malvinas sigue vigente como un derecho soberano, que además se proyecta hacia todo el sur argentino, la plataforma continental y la Antártida?
No creo que nuestras fuerzas políticas tengan esa conciencia, porque en los hechos no lo han demostrado. No es la preocupación visible de los principales dirigentes en estos cuarenta años. Durante los distintos gobiernos no se ha logrado continuidad y se han alternado posiciones y políticas muy variables. Es contraproducente ese cambio permanente en cuestiones vinculadas con la soberanía, un tema que exige una coherencia impecable; es inaceptable en política y derecho internacional, especialmente cuando enfrentamos al adversario más complicado, que es el Reino Unido.
¿Por qué el más complicado?
Por la calidad de su clase dirigente y su excepcional coherencia y continuidad en sus políticas. De ahí surge el contraste más dramático. No es el poder militar por sí mismo. Eso es la consecuencia, no la causa, de la actuación de las respectivas clases dirigentes. Y eso es lo que debe orientar nuestras preocupaciones frente al Reino Unido. Nosotros tenemos, en primer lugar, que negociar con el Reino Unido; hace 12 años que esas negociaciones no existen. Y no veo que haya políticas firmes: hay que diferenciar entre lo que se habla, que es mucho, y lo que se hace, que es poco.
¿Existe una noción clara del concepto de “soberanía” en el Atlántico sur?
Explicaciones teóricas no faltan, pero no se transforman en políticas concretas, con presupuesto y criterio estratégico. Hace poco se inauguró un radar en Río Gallegos, pero tiene un alcance de 300 kilómetros, es decir, no llega a las islas. Faltan más de 300 kilómetros de alcance. La única manera de resolver esto es tener una política propia, hecha por nosotros. Lo único que se discutió en estos 40 años fue lo que propusieron los británicos, atendiendo, por supuesto, sus propios intereses. Una política concreta, coherente, sustentada en decisiones concretas que no son fáciles y que cuestan, que no se hacen en una semana y no solo involucran a un área, sino a todo el Estado argentino y ejecutada a largo plazo... como hacen los británicos, que llevan cada decisión política hasta el final. Es muy importante formular objetivos razonables y alcanzables. La recuperación de las islas Malvinas es una meta direccional, pero lo inmediato es volver a negociar sobre la soberanía, que es lo que nos interesa nosotros y lo que manda el derecho internacional.
(*) A partir de la resolución 2065 aprobada el 16 de diciembre de 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Ar gentina en torno a las islas Malvinas