La controversia política planteada entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner manifiesta una disputa de poder electoral, centrada en el conurbano bonaerense, que pone además en juego el control de los planes sociales, que en 2021 llegaron a los 300.000 millones de pesos.
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La controversia política planteada entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner manifiesta una disputa de poder electoral, centrada en el conurbano bonaerense, que pone además en juego el control de los planes sociales, que en 2021 llegaron a los 300.000 millones de pesos.
Esa fractura política no hace más que agravar una cruda realidad social que al mismo tiempo pone al descubierto. No solo hay un nivel de pobreza y de deterioro de la calidad de vida inimaginable hace cuatro décadas, sino que además el Estado delega gran parte de sus recursos para que sean administrados por organizaciones piqueteras. Tales organizaciones van desplazando a los dirigentes políticos y las organizaciones gremiales, como consecuencia, entre otras cosas, que el empleado en blanco y con estabilidad pasó a ser un "privilegiado" en relación con los desocupados, subocupados o trabajadores de la economía informal.
Los cortes de calles y de rutas por parte de estas organizaciones son al mismo tiempo una estrategia para ganar "territorio" y el único instrumento del que disponen para adoptar como medidas de fuerza. Sus dirigentes, por su parte, conforman una nueva elite privilegiada que disputa poder al mismo Estado que los financia, a los gobernadores y a los intendentes.
En la Argentina hay un total de 141 planes y programas sociales que se reparten entre varios ministerios nacionales. A esto hay que sumarles los programas provinciales y municipales, más los que dependen de Anses como la AUH, las Asignaciones Familiares y las pensiones y jubilaciones, muchas de estas, asignadas sin aportes previos. La gran mayoría son limosnas sin controles eficientes y cuyos" beneficiarios" se repiten en muchos casos.
Los líderes de las organizaciones políticas que dicen representar a los "trabajadores de la economía popular" son entre otros, funcionarios como Fernando "Chino" Navarro y Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Daniel Menéndez, del Movimiento Somos Barrios de Pie; Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad; Esteban "El Gringo" Castro, de la UTEP; el mediático Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), no es funcionario, pero hizo nombrar a sus militantes en varios cargos y Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, es diputado. Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, reconocieron en estos días que ellos retienen el 2% de cada uno de los 60.000 plantes que distribuyen.
La Argentina es un país que viene destruyendo, año a año, la producción y el empleo. Según estadísticas oficiales, en una década, el PBI decreció un 0,6% y la población aumentó en un 17%. La falta de inversión productiva y de políticas económicas consistentes explican esta decadencia.
A esta altura, se estima que 22 millones de argentinos dependen de alguna forma de ayuda del Estado.
Esta realidad pone en crisis la representatividad de los gobiernos, los sindicatos y los partidos y frentes políticos. Es una sociedad en vías de anarquización.
Por eso, las cifras que arroja el Indec sobre el desempleo deben ser correctamente interpretadas.
La tasa de desempleo en el 3er. trimestre 2021 fue de 8,2% de la población activa. Es importante tener en cuenta que la Encuesta Permanente de Hogares, que habitualmente abarca los grandes centros urbanos, en el tercer trimestre siempre se extiende a otras ciudades y, por lo tanto, cubre un porcentaje más amplio de la población total, aunque sigue excluyendo a la población rural.
Pero el porcentaje final se presta a manejos engañosos:
¿A quién considera ocupado la EPH? Se considera ocupadas a todas las personas de 10 años o más que en la última semana hayan trabajado al menos una hora, hayan recibido pago (en dinero o en especie) o no por dicha actividad. Y desocupados son aquellas personas que buscaron trabajo en la última semana.
De ese modo, el 8,2% no refleja ni remotamente la realidad social del desempleo. Los planes sociales fueron paliativos transitorios en 2002, que ahora se han transformado en un instrumento político que usa como fuerza de choque a los desocupados y subocupados, con políticas que impiden el desarrollo y multiplican la pobreza.