La asesora de Menores e Incapaces, Mirta Lapad, llamó la atención sobre lo que consideró una falta de respuestas y de políticas públicas en salud mental y manifestó que el hospital Miguel Ragone está “colapsado”.
La funcionaria, responsable del Ministerio Público Pupilar, habló sobre la falta de espacios especializados en el interior de la provincia y sobre la ley nacional que rige en la materia.
“Estamos todo el tiempo interponiendo acciones judiciales para que las personas que necesitan un tratamiento puedan hacerlo”, sostuvo.
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La asesora de Menores e Incapaces, Mirta Lapad, llamó la atención sobre lo que consideró una falta de respuestas y de políticas públicas en salud mental y manifestó que el hospital Miguel Ragone está “colapsado”.
La funcionaria, responsable del Ministerio Público Pupilar, habló sobre la falta de espacios especializados en el interior de la provincia y sobre la ley nacional que rige en la materia.
“Estamos todo el tiempo interponiendo acciones judiciales para que las personas que necesitan un tratamiento puedan hacerlo”, sostuvo.
¿Qué implica la ley de salud mental?
La ley de salud mental rige desde 2010 y abarca las patologías que afectan a la mente de las personas y que les impiden manejar su vida con discernimiento, intención y voluntad. Aquí entran también las problemáticas de adicciones, un flagelo muy grave que va en crecimiento y que tiene como víctimas a chicos cada vez más jóvenes. Esas serían las personas por las cuales nosotros tenemos incumbencias para intervenir, precisamente para generar su protección, ya sea con intervención judicial o haciendo requerimientos extrajudiciales para que se implementen las políticas públicas adecuadas para que puedan cumplir los tratamientos que generen el equilibrio mental.
¿Cuál es su visión sobre la medicación y las terapias?
La atención a la salud mental, la medicación y obviamente de las terapias para abordar estos problemas ha evolucionado considerablemente. Entonces, ya no se trata de un tratamiento que tengan que ver con, por ejemplo, mantener inmóvil y encerradas en establecimientos a las personas, sino que hay varias instituciones para trabajar estos temas.
La ley garantiza el respeto del paciente como ser humano y la posibilidad de que participe en cualquier proceso de protección y de restricción de capacidad, ejerciendo su defensa, en la medida en que sea posible buscando un profesional o con la intervención de un abogado especializado, que controla que el proceso responda a la realidad de la persona.
¿A qué deben apuntar las políticas públicas de salud mental?
No deben ser solo resumidas a la internación, sino contemplar alternativas y el acompañamiento de la familia. Esto es muy difícil de sobrellevar si no hay un acompañamiento desde el Estado, ya sea proveyendo la medicación y haciendo el control o seguimiento de su historia clínica. También es importante ayudar y enseñarle a la familia cómo manejar las situaciones que se producen y que son, en muchos, casos de alto riesgo.
Actualmente, en muchos casos es malinterpretada la ley y se genera una especie de desentendimiento de estas personas afectadas en su salud mental. Este no es el objetivo de la ley, sino todo lo contrario: generar herramientas y distintos tipos de atenciones según la problemática que afecta a la persona.
¿Contempla la internación?
La internación está prevista en caso de riesgos para sí y para terceros. Se llama involuntaria porque esa persona precisamente está afectada o tiene vulnerada su voluntad, discernimiento o intención. No puede por sí mismo hacerse cargo de cumplir un tratamiento y entonces, en ese caso, sí esta prevista para que se compense pero es necesario que, una vez que esté compensada, existan instituciones, casas de medio camino o un acompañamiento ambulatorio para la familia con el objetivo de que puedan sostener esta integración social. No hay instituciones que se ocupen de la rehabilitación y los casos complejos son derivados a otras provincias entonces todo es más complicado.
“Todo el tiempo interponemos acciones judiciales para que una persona pueda acceder a su tratamiento. No es lo adecuado”.
¿Cuáles son las mayores preocupaciones que hay?
Nuestra mayor preocupación ahora es la falta de respuesta y de políticas públicas. Estamos todo el tiempo interponiendo acciones judiciales para que una persona que necesita un tratamiento, que es competencia exclusiva del área de salud mental, lo haga con una orden judicial. No es lo más adecuado porque no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la Justicia, sobre todo la gente del interior. Tampoco puede ser el hospital Ragone el único referente de la atención, que por otro lado está colapsado.
Hay un proyecto de ley para crear un órgano local de revisión de salud mental...
Sí. Tuvimos una reunión en la Cámara de Senadores, que están hablando del proyecto de ley que crea el órgano de revisión. Es un órgano de control de que funcionen las políticas públicas y, si no, accionen judicialmente. Asistió a la reunión gente de salud mental y nos manifestó que no tienen recursos para atender la demanda. En el interior tampoco cuentan con profesionales.
En esa reunión se planteó que la ley nacional preveía que el 10% del presupuesto de salud debía destinarse a salud mental y hoy solo se recibe un 1,3%...
Esa es la información que dieron en la reunión en la Legislatura. Este proyecto dice que el Poder Eecutivo hará las restructuraciones presupuestarias, pero no habla de porcentajes que tienen que ver con el funcionamiento del órgano de revisión.
“Es importante focalizar la atención en los chicos, ver qué hacen, sus vínculos, redes, darles actividades en tiempos libres para prevenir adicciones”.
Hace poco, en Orán, presentaron un amparo pidiendo que se garantice el acceso a la salud mental de una paciente que fue derivada al hospital Ragone.
Intervino el asesor de incapaces del distrito de Orán. Eso generó que la jueza haga una intimación formal y, como no cumplieron esta semana, interpusieron una acción colectiva para que se genere un espacio de atención. Pero este problema no es solo de Orán sino de toda la provincia.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores se pronunció a favor del estricto cumplimiento de la ley.
Comparto el pronunciamiento. Formo parte del Consejo. Se ejerció tras la discusión que se generó en los medios nacionales sobre la necesidad de reforma de la ley de salud mental. Este debate nos causó preocupación porque el eje de la discusión no tiene que ver con la ley, ya que está e incluye todas las previsiones necesarias para la atención, sino que el eje debe ser la inversión en políticas públicas y en espacios de atención.
El escenario se agudizó en Salta y todo el país con la pandemia, ya que se han sumado las patologías mentales a raíz del aislamiento. En vez de ir en crecimiento se han cerrado centros sociosanitarios, espacios de atención, por ejemplo en la localidad de Morillo.
¿Cómo se puede prevenir el consumo problemático?
Creo que los papás siempre tenemos que estar atentos a los vínculos y procurar que los chicos estén ocupados en sus tiempos libres con actividades académicas, deportivas y recreativas que los gratifiquen. Es importante ver sus redes sociales, porque ahí se generan espacios de intercambio con grupos de personas dispuestas a lucrar contra estas situaciones, captando a niños y jóvenes. Estamos viviendo un contexto social complejo. Los papás a veces estamos trabajando y los chicos quedan sin un acompañamiento permanente. Es importante focalizar la atención, aunque sea poco tiempo, pero ver qué hacen, con quién están. Los padres que tienen hijos que son víctimas deben seguir luchando, no abandonarlos y obviamente si hace falta que la Justicia intervenga nosotros estamos disponibles para hacerlo.