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Emergencia carcelaria: el Colegio de Magistrados y Funcionarios emitió un comunicado

Viernes, 03 de junio de 2022 09:23


La saturación de las instalaciones penitenciaras llevaron a que el ministro de Seguridad, Aber Cornejo,  se vea obligado a declarar la emergencia carcelaria en la provincia. El ministro detalló que el servicio penitenciario en Salta cuenta con 2.000 plazas y que están alojados entre 3.900 y 4.000 presos. Ante este complicado escenario, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta emitió un comunicado para aclarar cuál es su rol frente a esta problemática que crece con el paso de los años

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La saturación de las instalaciones penitenciaras llevaron a que el ministro de Seguridad, Aber Cornejo,  se vea obligado a declarar la emergencia carcelaria en la provincia. El ministro detalló que el servicio penitenciario en Salta cuenta con 2.000 plazas y que están alojados entre 3.900 y 4.000 presos. Ante este complicado escenario, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta emitió un comunicado para aclarar cuál es su rol frente a esta problemática que crece con el paso de los años


Por tal motivo expresaron dejaron en claro que “es necesario poner en claro que el sistema de encarcelamiento preventivo y de condenados es de responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo Provincial, y la falta de inversión no es atribuible a los operadores de justicia, quienes no tenemos injerencia en el presupuesto provincial.

La falta de asignación de recursos durante años es el principal problema y no la dinámica procesal provincial, la que también podría mejorarse con reformas como la incorporación de la oralidad en todo el proceso penal.

Cabe destacar que, en relación a ello, el Ejecutivo dispuso la creación de una comisión para la modernización de los códigos procesales provinciales, a la que ya nos comprometimos formalmente en participar.

La situación de escasez de recursos se vio agravada por decisiones de política pública, tales como la provincialización de la lucha contra el micro tráfico de drogas y tolerancia cero en cuestiones de violencia de género. 

Tales decisiones institucionales, que compartimos, implicaron un aumento exponencial de la población carcelaria.

Además, sabemos que esta situación se da en un período gubernamental atravesado por emergencias sanitarias. Cómo también que la Nación no transfirió los fondos necesarios que corresponden a la Ley Convenio de Transferencia de Competencia Drogas. Esta falta de inversión y de partidas tiene 10 años de atraso

En virtud de esta situación, bregamos por soluciones integrales que no surjan de lecturas rápidas que responsabilizan al Poder Judicial sobre cuestiones de políticas públicas. Se nos adjudica la inseguridad si no hay encarcelamientos inmediatos y, a la vez, los problemas de superpoblación carcelaria.

Estamos convencidos que necesitamos un diálogo profundo sobre estos temas y por ello nos ponemos a disposición de los distintos organismos provinciales para colaborar en la superación de una situación tan urgente”. 

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