Un grupo de vecinos con residencia en Cobos, quienes el pasado lunes realizaron un corte sobre la ruta nacional 9, fueron recibidos el martes por el presidente del IPV, Gustavo Carrizo, a quien pudieron expresar la preocupación por el destino de 13 terrenos que fueron expropiados a la familia Leiva para la construcción de viviendas y por la falta de respuestas por parte de las autoridades, situación que motivó la manifestación sobre la ruta 9 a la altura del acceso a esta localidad.
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Un grupo de vecinos con residencia en Cobos, quienes el pasado lunes realizaron un corte sobre la ruta nacional 9, fueron recibidos el martes por el presidente del IPV, Gustavo Carrizo, a quien pudieron expresar la preocupación por el destino de 13 terrenos que fueron expropiados a la familia Leiva para la construcción de viviendas y por la falta de respuestas por parte de las autoridades, situación que motivó la manifestación sobre la ruta 9 a la altura del acceso a esta localidad.
El corte se levantó en horas de la tarde, cuando el senador provincial Carlos Rosso pudo mediar al obtener un compromiso del presidente del IPV.
"Nosotros nos enteramos de que no habrá sorteo, que las casas a construirse ya cuentan con adjudicatarios, que son gente acomodada. Y nos parece injusto porque son muchas las personas necesitadas y que se encuentran en condiciones de recibir una casa", manifestó el vecino Oscar Sarsur.
También pasa que debido al elevado índice de desocupación o subocupación, muchos trabajadores no cuentan con un recibo de sueldo, lo cual es un impedimento para inscribirse en el IPV. "Lo que buscamos es que no se hagan viviendas, que entreguen los lotes vacíos para que cada uno construya como pueda, cada lote es de 10 por 45 metros, pero si se los deja en solo 25 metros de fondo, entonces se podrían duplicar la cantidad de terrenos a entregar".
Cabe recordar que los terrenos formaron parte de una ley de expropiación que fue presentada por el diputado Germán Rallé, con la intención de llevarle una solución a unas 15 familias cuyas viviendas fueron construidas sobre terrenos que no cuentan con escrituras, que se encuentran ocupados desde hace 50 años y que fueron cedidos por los antiguos propietarios del ingenio San Isidro, pero sin la documentación para que pudieran acreditar su posesión.