En el borde fronterizo de Salvador Mazza con Yacuiba (Bolivia), el bosque nativo está siendo arrasado por la tala ilegal que no cesa dentro de las fincas que la Justicia Federal le incautó a Delfín Castedo en 2019, en una causa por narcotráfico, y que un juez de Lomas de Zamora puso al cuidado de la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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En el borde fronterizo de Salvador Mazza con Yacuiba (Bolivia), el bosque nativo está siendo arrasado por la tala ilegal que no cesa dentro de las fincas que la Justicia Federal le incautó a Delfín Castedo en 2019, en una causa por narcotráfico, y que un juez de Lomas de Zamora puso al cuidado de la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Desde fines de ese año la depositaria judicial ha sido reiteradamente denunciada, sumariada, sancionada e inscripta inclusive como reincidente en el Registro de Infractores Ambientales, sin responder a las medidas de paralización, suspensión y clausura que dispuso la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia en la matrícula 17.163 del departamento San Martín (finca El Aybal).
La citada sociedad anónima unipersonal tampoco abonó la multa que le impuso la autoridad de aplicación de la ley 7070 por la extracción ilegal de productos forestales constatada en la citada finca ni presentó el informe auditado que le pidió el organismo para establecer el correspondiente plan de restauración ecológica.
Ante la gravedad de los incumplimientos, el expediente sumarial identificado con el número 227-262674/2019 fue remitido a la Fiscalía de Estado para su cobro judicial y también se giraron copias certificadas al Ministerio Público Fiscal de la Provincia, con miras a otras acciones contempladas por la ley provincial 7070 de protección del medio ambiente. Es verdaderamente lamentable que la imagen institucional de la UBA, una de las universidades con mayor renombre en el Cono Sur, se vea afectada por los desmanejos de una sociedad anónima unipersonal surgida en su seno. Más aún, cuando su Facultad de Agronomía es una de las más calificadas fuentes científicas con las que se cuenta para detectar deforestaciones ilegales en el país. De hecho, las imágenes satelitales procesadas en esa unidad académica constituyen un soporte fundamental de la acción de muchas organizaciones ambientalistas. Más destacable aún es la capacitación que investigadores de la Fauba comenzaran a ofrecer a comunidades wichi del noreste salteño en el uso de tecnología satelital para controlar desmontes.
Desde fines de 2019 pobladores de la zona de Madrejones y El Sauzal denuncian que desde El Aybal y El Pajeal no paran de salir camiones con rollizos de cedro, cebil y otras especies nativas ilegalmente taladas.
Las irregularidades también fueron expuestas por agentes de Integración Energética Argentina (Ieasa), la empresa nacional que reemplazó a Enarsa y que tiene a su cargo el mantenimiento del gasoducto binacional Juana Azurduy desde la línea fronteriza con Bolivia hasta Campo Durán. En más de una inspección, gendarmes y funcionarios de Ambiente comprobaron las talas clandestinas. En los sumarios administrativos no quedaron dudas de las responsabilidades de la administración a la que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, le entregó esas 25.000 hectáreas fronterizas en guarda judicial hace tres años.
Lugareños, por los tocones que dejan los obrajes clandestinos, estiman que en todo este tiempo se habrían talado ilegalmente más de 250.000 ejemplares de especies forestales nativas. Fotos que tomaron días atrás e hicieron llegar a El Tribuno, tras una nueva denuncia ingresada a la Secretaría de Ambiente, muestran que el festival de tala clandestina sigue a pleno, ante la indiferencia del juez que puso la administración y se muestra inmutable ante los graves desmanejos que dejan mal parada a la UBA y a la propia Justicia Federal.
Desde un primer momento, la decisión de Villena desató polémica, ya que la Universidad Nacional de Salta (UNSa) quedó fuera de toda consideración a la hora de elegir a la depositaria judicial y administradora de las tierras y los bienes de los que Castedo fue desapoderado con carácter provisional. Hoy, ante la gravedad de la afectación ambiental que tiene a la Sociedad Administradora de la UBA en capilla, el silencio del juez Villena es atronador.
Ante el incesante desfile de camiones que sacan rollizos desde finca El Aybal hacia diferentes aserraderos, no solo lugareños están convencidos de que las talas ilegales son acompañadas con un uso irregular de guías forestales. La Secretaría de Ambiente de la Provincia, desde el momento en que dispuso la primera sanción contra la administración avalada por la UBA y el juez Villena, tras verificar que había desnaturalizado los planes de aprovechamiento autorizados en el área de Quebracho Ladeado, solicitó el auxilio de las fuerzas federales para frenar a los taladores clandestinos que operan con transportistas y madereros norteños en la frontera.
En abril de 2021, el organismo provincial amplió los sumarios abiertos contra la administradora, luego de que el Sistema de Alerta Temprana de Nación detectara actividades de cambio de uso de suelo en El Aybal.
Una denuncia realizada en 2020 también hizo notar que las fincas de las que se desapoderó a Castedo tenían en 2019 cerca de 1.600 cabezas de ganado, de las que en ese momento apenas quedaba en pie una cuarta parte.
La administradora puesta por la Justicia, asimismo, fue denunciada en 2021 por alquilar al municipio de Salvador Mazza maquinaria pesada con la que se abrió un camino en la línea fronteriza de El Sauzal.
En este contexto, el 12 de febrero de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata declaró prescrita la acción penal que pesaba contra Castedo en la causa de “Carbón Blanco”, y que dio pie al desapoderamiento de las fincas El Aybal y El Pajeal. “En cuanto al levantamiento de medidas cautelares de embargo e intervención judicial trabadas sobre sus bienes, se resolverá lo que corresponda en el respectivo incidente”, remarcaron los jueces en ese fallo que dejó abierta una puerta a posibles reclamos indemnizatorios.
Tiene pendiente una multa y una remediación ecológica
En marzo de 2019, la Secretaría de Ambiente autorizó un aprovechamiento forestal de 49 hectáreas en el área de la finca El Aybal conocida como Quebracho Ladeado. En octubre de ese mismo año, se aprobó en el mismo sector de la finca otro aprovechamiento de 251 hectáreas.
Ante una denuncia de lugareños, inspectores del organismo detectaron talas fuera del área de los aprovechamientos forestales aprobados. Tras esa inspección ocultar, el informe también resaltó la existencia de campamentos madereros y diversos puntos de acopio de madera.
A través de la disposición 059/20 se inició un sumario contra la Sociedad Administradora de Campos de la UBA, por extracción ilegal de productos forestales fuera del área de aprovechamiento autorizada y por irregularidades detectadas respecto de las guías entregadas. Como medida precautoria, el organismo ordenó la paralización de toda actividad y la suspensión de las autorizaciones extendidas a nombre de la Sociedad Administradora de Campos de la UBA y de Oscar Hugo Valdez en la matrícula 17.163 de San Martín.
Sanción
El 2 de noviembre de 2020, a través de la disposición 196, la Dirección de Fiscalización y Control del organismo provincial sancionó con una multa y plan de remediación a la Sociedad Administradora. En ese marco, procedió a inscribirla en el Registro de Infractores y Reincidentes Ambientales de la Provincia por el plazo de dos años. La medida quedó plasmada en la resolución 344/2020 de la Secretaría de Ambiente.
El 13 de abril de 2021, por disposición 091/21, se inició contra la Compañía Administradora un sumario administrativo por la ejecución de actividades prohibidas e ilegales de cambio de uso de suelo en una extensión de 9,87 hectáreas y de aprovechamiento ilegal de productos forestales. El organismo ambiental de la Provincia ordenó entonces una “clausura total y preventiva” en finca El Aybal.
Además se remitieron copias certificadas de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal de la Provincia y al Juzgado Federal de Lomas de Zamora, en vista de las previsiones del artículo 13 de la ley 7070 y de la gravísima situación ambiental constatada en esa finca de Salvador Mazza.
Remediación
El pasado 4 de marzo, por disposición 039/22, el organismo provincial competente sancionó a la Compañía Administradora con multa y la intimó a presentar un informe auditado ambiental para determinar la afectación producida en El Aybal como base para el establecimiento de un plan de remediación ecológica. Junto a esas medidas, se inscribió a la depositaria judicial en el Registro de Infractores y Reincidentes.
Transcurridos los plazos sin que la sumariada abonara la multa, el expediente fue remitido a la Fiscalía de Estado para su cobro judicial. Además, ante el incumplimiento del plan de restauración, se remitió una copia certificada del expediente al Ministerio Público Fiscal de la Provincia para la prosecución del trámite.