Trabajadores del hospital de salud mental Miguel Ragone cuestionaron los criterios que se están aplicando para la internación de pacientes que, de acuerdo con la ley que rige en la materia, debería decidirse en un equipo de profesionales de la salud y revisarse periódicamente para ver la evolución de cada caso.
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Trabajadores del hospital de salud mental Miguel Ragone cuestionaron los criterios que se están aplicando para la internación de pacientes que, de acuerdo con la ley que rige en la materia, debería decidirse en un equipo de profesionales de la salud y revisarse periódicamente para ver la evolución de cada caso.
Sostuvieron que hay jueces que ordenan "internaciones definitivas", por criterio propio, de ciertas personas que ellos consideran que son inimputables, con lo cual no se respeta una acordada de la Corte de Justicia que establece que la inimputabilidad (o no) de una persona se debe decidir en una junta médica previa, con personal del Poder Judicial y del hospital Ragone.
"Los jueces son los primeros que mandan a internar para que esas personas se mueran en el Ragone. Así, es imposible la desmanicomialización (que manda la ley de salud mental)", denunciaron. Aseveraron que en la sala de inimputables hay pacientes nuevos que no tenían diagnósticos ni tratamientos psicológicos previos.
Indicaron que esta situación se agravó, sobre todo después de la pandemia. Opinaron que estas internaciones son "ilegales" y aseguraron que no hay lugar ni recursos para alojarlos. "La sala de inimputables está llenísima. Cada vez más pacientes y menos presupuesto".
Explicaron que a estos pacientes no se les puede dar el alta porque vienen con orden judicial y no se los puede externar.
Al referirse a una entrevista a la asesora general de Incapaces, Mirta Lapad, quien dijo que el hospital Ragone está colapsado, evaluaron que "los principales actores que colapsan el hospital son los jueces".
Aseveraron que se creó un box anexo al servicio de pacientes agudos, al que le dicen "el anexo de los judiciales" y que "así, en vez de disminuir la población de pacientes, aumenta cada vez más, en condiciones indignas".
"A nivel mediático se habla de que no hay internaciones involuntarias, pero por semana recibimos cada vez más oficios de los juzgados de ejecución y garantías que obligan internaciones. Es triste porque muchos llegan sin criterios de internación (se los interna por "criterios de un juez") y ocupan camas que tienden a ser crónicas, impidiendo actuar en las verdaderas urgencias", sostuvo un trabajador.
"Según mi experiencia, trabajamos un montón para externar pacientes con muchísimos años de internación y las salas se están llenando de nuevo, en las pésimas condiciones en las que están", lamentó.
Denunciaron que en el sector de inimputables "hay internados que no son inimputables", sino que tienen algún problema de salud mental, como un retraso madurativo, por ejemplo. Asimismo, consideraron que "hay personas violentas" internadas en el Ragone que en realidad deberían estar privadas de su libertad en la cárcel.
Los trabajadores aseguraron que la curadora oficial, María José Miranda, sabe cada detalle de lo que se vive dentro del hospital. Contaron que a fin del año pasado les hizo firmar un documento para presentar un amparo por estas irregularidades y que no tuvieron más novedades al respecto.
Alternativas
Los trabajadores consideraron que "para el Ministerio no ha sido un pilar importante la salud mental". Mencionaron que dentro de los hospitales no se armaron los servicios para internaciones breves ni otros programas que propone la ley para la reforma del sistema de atención.
Cuestionaron que sea el Ragone el único que se encarga de los casos agudos que requieren internación y no los otros hospitales, que podrían atender internaciones breves. Señalaron que en otras provincias esto está "muy aceitado". Contaron que en Tucumán, por ejemplo, la mayoría de los hospitales generales tiene servicios de internación.