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Peleas cortesanas en un país en crisis

Lunes, 06 de junio de 2022 00:00

El despido del ministro Matías Kulfas, un economista de confianza de Alberto Fernández y aborrecido por Cristina Kirchner, conforma, una vez más, la ficción que convirtió a la Argentina en un país desgobernado.

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El despido del ministro Matías Kulfas, un economista de confianza de Alberto Fernández y aborrecido por Cristina Kirchner, conforma, una vez más, la ficción que convirtió a la Argentina en un país desgobernado.

Nueve meses después de la derrota en las PASO, todo el arsenal de agresiones de los cristinistas que en esos días había demolido a Fernández revivió en una frase: "Te dije que uses la birome". La vice le reclamó lo mismo que aquellos que pensaban que, una vez en sillón presidencial, Fernández iba a usar su poder para poner en caja a quien lo había ungido candidato. Paradojas del destino. Fernández, una vez más, le dio la razón a la ocurrente y mediática Fernanda Vallejos: sacrificó a Kulfas como antes había sacrificado a Santiago Cafiero y a Felipe Solá.

Fuera de las intrigas de salón, lo que quedó en claro en la celebración de los cien años de YPF fue que el sistema energético argentino está colapsado, pero también que sigue siendo administrado con ineptitud y con indicios de corrupción por los feligreses del Instituto Patria.

Además, si la decisión final está en manos de Cristina Kirchner, basta evaluar su trayectoria y la de sus acólitos para deducir que la gobernabilidad ingresa en un tembladeral.

Las consecuencias sociales de la crisis energética no se resuelven con oratorias progresistas sino con decisiones realistas. Y, en este punto, ninguno de los dos miembros de la desavenida dupla presidencial se ha mostrado idóneo.

No hay sustanciales diferencias ideológicas: hay ambiciones de poder y un miedo agobiante a la Justicia.

La temblorosa gobernabilidad no solo se ve en estas riñas de alto calibre en las inmediaciones del microcentro porteño. El Congreso, como institución, no aporta nada y los gobernadores, que en las crisis pueden ser una referencia de sensatez, se exhiben más frágiles que nunca. No deciden; solo algunos se alinean. Nada más.

El disparate de sumarse en el ataque contra la Corte Suprema de la Nación es un síntoma de esa total falta de autonomía. Cada uno tendrá sus motivaciones: el temor, la dependencia de los ATN o el miedo a correr la misma suerte que el entrerriano Sergio Urribarri, condenado a prisión efectiva, pero que sigue al frente de la Embajada argentina en Israel. Es dudoso que el Gobierno nacional considere que es un buen representante de los argentinos. Los gobernadores, conscientemente o no, están a tono, entonces, con su colega Gustavo Bordet, solidario con Urribarri y, aparentemente, indiferente con la significativa separación de su cargo de la fiscal que intervino activamente para destituirlo.

También, es cierto, el "país federal" se desdibuja con el hiperpresidencialismo argentino, la concentración del manejo de los recursos fiscales en la Casa Rosada y un desarrollo absolutamente asimétrico. En ese contexto, es muy difícil para las provincias construir autonomía. Asimismo, habría que recordar que nada tienen que hacer funcionarios nacionales en cada reunión de gobernadores, por ejemplo, del Norte Grande.

Volviendo al conflicto con la Corte Suprema. El juez Carlos Rosenkrantz irritó a los peronistas al cuestionar un axioma instalado por Eva Perón: "Donde hay una necesidad, hay un derecho". Lo definió como un recurso populista sin sustento jurídico.

El Estado de Derecho, la democracia, reconoce que todo ciudadano disfruta de los mismos derechos y que estos están amparados en la ley y la Constitución.

El concepto de "autopercepción" recientemente incorporado al discurso político (y académico), dentro de una sociedad de consumo, abre las puertas a que la "necesidad" se confunda con "el deseo". No es lo mismo "deseo" que "necesidad". Durante estas dos últimas décadas se ha multiplicado la "incorporación de derechos" sin la imprescindible previsión presupuestaria.

El derecho al acceso al alimento, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al salario y a la jubilación están consagrados, pero incluyen, como contrapartida, la obligación del ciudadano de trabajar, de concurrir a los establecimientos educativos, de cuidar a su familia y de aportar al sistema jubilatorio.

El Estado tiene la obligación (cualquiera sea el gobierno de turno) de garantizar que el ciudadano pueda ejercer esos derechos y cumplir sus obligaciones. Es decir, el Estado debe ocuparse de impulsar economías que garanticen la actividad laboral y el funcionamiento efectivo de escuelas de excelencia. Si no lo hace, el concepto de "derechos" pasa a ser un pretexto para multiplicar el gasto político, alimentar el déficit y destruir la economía.

Eso es lo que ha pasado en estas dos décadas: la proliferación de derechos enunciados es inversamente proporcional al derecho a una vida digna de la mitad de los argentinos.

Este es el núcleo del problema. Este es el indicio más alarmante.

 

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