El juicio duró un mes y 25 días. Finalmente, un fallo sin precedentes ordena al estado provincial a implementar un plan en materia de salud mental que de respuestas a los pacientes psiquiátricos y los que precisan asistencia psicológica.
inicia sesión o regístrate.
El juicio duró un mes y 25 días. Finalmente, un fallo sin precedentes ordena al estado provincial a implementar un plan en materia de salud mental que de respuestas a los pacientes psiquiátricos y los que precisan asistencia psicológica.
En diálogo con medios locales la Jueza de Familia N´ 2 de Orán, Ana María Carriquiry, explicó que la presentación del plan debe realizarse en un plazo de 10 días, el cual debe incluir tres psiquiatras y diez psicólogos como mínimo; un neurólogo; terminar con la precarización de los trabajadores; disponer urgente la apertura del Centro Tinku y reacondicionar las instalaciones de los hospitales Ragone (Salta capital) y San Vicente de Paul (Orán) entre otros puntos.
"La verdad es muy grave la falta de recurso humano que atiende la Salud Mental de los pacientes dentro de la estructura del Ministerio de Salud de la Provincia", sentenció la Jueza. Carriquiry describió la situación cuando recorrió los edificios, principalmente el Hospital Ragone: "Me quedó mucho dolor por todo lo visto ya que no pueden los pacientes mentales ser invisibles al sistema de salud. Lo mas importante de todo este proceso es que la justicia escuchó al ciudadano y se pudo llegar a una sentencia necesaria por los cientos de pacientes y sus respectivas familias que esperan ser tratados con mucha dignidad".
La magistrada remarcó además que el trato tiene que ser digno hacia la persona pero "es muy difícil en una ciudad como Orán que tiene un psiquiatra para 140.000 habitantes".
Asimismo, remarcó que el estado provincial deberá destinar en materia de salud mental el 10% del presupuesto que recibe para salud. Actualmente solo se destina el 0,4%.
"Lo que nos explicaron es que no tenían los elementos para responder a esto", dijo.
También se deberá poner en funcionamiento el Órgano de Revisión en Salud Mental en un plazo de 90 días, mientras esto ocurra se dará intervención al Comité contra la Tortura a fin de "controlar y revisar dónde están alojados los pacientes mentales y el trato que reciben" ya que la función del Comité es asegurar el cumplimiento de los derechos humanos.
En relación con lo anterior, Carriquiry manifestó que la condición de vida en los centros de salud mental es "terrible y muy fuerte. No quisiera que el familiar de uno o uno mismo tenga que estar en esa situación".
La jueza aclaro que el personal hace más de lo que cualquiera haría pero el problema es que no están dadas las condiciones edilicias, "por eso el estado no puede seguir cerrando los ojos ante esto ni los jueces seguir cerrando la boca".
Por otro lado, indicó que la sentencia puede ser apelada en tres días hasta el vencimiento de la misma (ayer viernes a las 10 horas). Si esto ocurre, el expediente va a la Corte de Justicia, quien puede confirmar el fallo o no, sin embargo, el Plan Integral debe cumplirse.
"Había que hacer algo. Me da más miedo el silencio de los justos que la voz de los injustos", concluyó.