El gremio de los empleados judiciales envió una carta al presidente de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Renato Rabbi Baldi, solicitando se revea la medida adoptada por el juez Federal de Orán, Gustavo Montoya, en contra de Natalia Guerrero, quien sufrió complicaciones en su embarazo, y tras regresar de la licencia por maternidad se encontró fuera de su puesto de trabajo por una decisión considerada “arbitraria” que tomó el juez Montoya.
En la carta firmada por Julio Piumato y Rocío Herrera, secretarios General y de Protección Individual de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), se repudia al juez Federal de Orán, Gustavo Montoya por su decisión considerada “discriminatoria e inconstitucional” en contra de una trabajadora de su juzgado.
Señalan que Natalia Guerrero acaba de finalizar su licencia por maternidad y al retomar sus actividades se encontró con que su puesto de trabajo estaba ocupado por otra persona. “Su reacción fue empezar con preguntas para las cuales nadie tenía respuestas, y solo le solicitaban que ‘colabore’ con la nueva persona que estaba en su lugar, quien no le proporcionaba trabajo”, explica la misiva.
El ambiente laboral empezó a ser hostil, no tenía labores, no encontraba respuestas a sus preguntas, y entonces solicitó en varias oportunidades una reunión con el juez Montoya, hasta que finalmente logró concretar un encuentro de 5 minutos, en los que el juez le dijo que “había tomado la decisión de no renovar su interinato porque quería ese puesto para otra persona”.
La reacción de Guerrero fue preguntar qué lo había llevado a tomar semejante decisión de dejarla sin trabajo después de 3 años, a dos meses de haber sido mamá por primera vez, habiendo regresado a trabajar hacía solamente 7 días, y sin haber tenido ningún tipo de llamado de atención ni apercibimiento. Montoya respondió que era una decisión tomada y que su puesto de trabajo quería dárselo a otra persona.
Hasta aquí no hay elementos que indiquen que Guerrero no cumplió con los requisitos para la efectivización. “Es una absoluta discriminación sobre la agente, que ve desafiada su efectivización por un criterio de supuesta falta de competencia en el período coincidente con su licencia por maternidad”, concluyó la carta del gremio nacional.
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El gremio de los empleados judiciales envió una carta al presidente de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Renato Rabbi Baldi, solicitando se revea la medida adoptada por el juez Federal de Orán, Gustavo Montoya, en contra de Natalia Guerrero, quien sufrió complicaciones en su embarazo, y tras regresar de la licencia por maternidad se encontró fuera de su puesto de trabajo por una decisión considerada “arbitraria” que tomó el juez Montoya.
En la carta firmada por Julio Piumato y Rocío Herrera, secretarios General y de Protección Individual de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), se repudia al juez Federal de Orán, Gustavo Montoya por su decisión considerada “discriminatoria e inconstitucional” en contra de una trabajadora de su juzgado.
Señalan que Natalia Guerrero acaba de finalizar su licencia por maternidad y al retomar sus actividades se encontró con que su puesto de trabajo estaba ocupado por otra persona. “Su reacción fue empezar con preguntas para las cuales nadie tenía respuestas, y solo le solicitaban que ‘colabore’ con la nueva persona que estaba en su lugar, quien no le proporcionaba trabajo”, explica la misiva.
El ambiente laboral empezó a ser hostil, no tenía labores, no encontraba respuestas a sus preguntas, y entonces solicitó en varias oportunidades una reunión con el juez Montoya, hasta que finalmente logró concretar un encuentro de 5 minutos, en los que el juez le dijo que “había tomado la decisión de no renovar su interinato porque quería ese puesto para otra persona”.
La reacción de Guerrero fue preguntar qué lo había llevado a tomar semejante decisión de dejarla sin trabajo después de 3 años, a dos meses de haber sido mamá por primera vez, habiendo regresado a trabajar hacía solamente 7 días, y sin haber tenido ningún tipo de llamado de atención ni apercibimiento. Montoya respondió que era una decisión tomada y que su puesto de trabajo quería dárselo a otra persona.
Hasta aquí no hay elementos que indiquen que Guerrero no cumplió con los requisitos para la efectivización. “Es una absoluta discriminación sobre la agente, que ve desafiada su efectivización por un criterio de supuesta falta de competencia en el período coincidente con su licencia por maternidad”, concluyó la carta del gremio nacional.