El panorama en las cárceles de la Salta es desolador y alarmante. Es por eso que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia declaró la emergencia penitenciaria por los próximos tres años, con el objetivo de bajar el hacinamiento que hay en los centros de detención.
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El panorama en las cárceles de la Salta es desolador y alarmante. Es por eso que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia declaró la emergencia penitenciaria por los próximos tres años, con el objetivo de bajar el hacinamiento que hay en los centros de detención.
La resolución, publicada ayer en el Boletín Oficial y que tiene la firma del ministro Abel Cornejo, destaca que "la capacidad operativa de las unidades carcelarias provinciales se ha visto superada por una sobrepoblación superior al 42,31%".
En la fundamentación señala que la sobrepoblación hizo que se comience a utilizar dependencias policiales para el alojamiento permanente de internos procesados y condenados, "siendo inadecuado por carecer de un sistema propio de los lugares de detención, como así también de la seguridad que estos requieren".
Al pasar en limpio los números, cuando expuso ante los senadores, Cornejo detalló que el sistema penitenciario tenía capacidad para 2.000 plazas, pero hoy en día tiene alojados entre 3.900 y 4.100 personas. Además, hay otros 790 detenidos en comisarías y la alcaidía saturada.
La resolución afirma que para resolver el problema del hacinamiento se plantea la construcción de una nueva cárcel en Metán, el penal que reemplazará al de Villa Las Rosas (que se levantaría en Cerrillos). El ministro también había señalado en el Senado que la emergencia habilitaría, entre otras cosas, a formalizar un convenio con la Nación para trasladar detenidos a un cuartel del ejército ubicado en Tucumán.
Cornejo había planteado que se renovarán los esfuerzos para revertir esta situación críticas de las unidades penitenciarias y que se crearán en Embarcación tres nuevas dependencias penitenciarias, la Unidad Regional Número 8, una Escuela de Suboficiales para los aspirantes del norte y crear un centro transitorio de detención.
La norma, además, propone "promover la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad. Impulsando el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, con el incremento de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas".
Comisión
El documento tiene solo declamaciones y no habla de cosas concretas. Y lo que llama la atención es que convoca a conformar una "comisión de emergencia en materia penitenciaria".
Esta comisión la integrará un representante del Ministerio de Seguridad y Justicia, un representante del Servicio Penitenciario Provincial, un representante de la Subsecretaría de Políticas Penales, invitando a participar a un representante del Ministerio de Infraestructura, un representante del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, un representante de la Corte de Justicia, un representante de la Defensoría General y un representante de la Procuración General. La Comisión será presidida por el representante de Seguridad.
La comisión deberá constituirse en el plazo de 10 días desde la publicación de la presente resolución, y deberá reunirse mensualmente.