Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzaron este martes en la acusación contra los imputados en la causa por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 embistiendo contra la capacidad operativa de las empresas de Lázaro Báez, las prórrogas en los plazos de ejecución de las obras y el presunto pago de sobreprecios.
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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzaron este martes en la acusación contra los imputados en la causa por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 embistiendo contra la capacidad operativa de las empresas de Lázaro Báez, las prórrogas en los plazos de ejecución de las obras y el presunto pago de sobreprecios.
Antes de comenzar la jornada, la quinta de las nueve que utilizarán los fiscales para desgranar su alegato acusatorio, el tribunal oral federal número dos acusó recibo de tres nuevas recusaciones, que se sumaron a la presentada el lunes por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y una quinta añadida luego.
A esas tres (de las defensas de Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti y el ex ministro Julio De Vido), se sumó luego la del exfuncionario de Obras Públicas Carlos Kirchner, primo del difunto ex presidente Néstor Kirchner.
Todos apuntaron al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, por sus presuntas participaciones en partidos de fútbol supuestamente disputados en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri, según consignó el diario Página 12 y la propia Cristina Kirchner.
Pero el abogado Maximiliano Rusconi, defensor de De Vido, sumó a la recusación al fiscal ayudante Mola porque "tal como da cuenta la publicación del propio Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, asistía a visitar al ex presidente Macri y su colaborador "Pepín' Simón en la Casa Rosada".
El tribunal correrá vista a las partes para que respondan las recusaciones y en la próxima audiencia, prevista para el viernes, o la semana próxima, resolverá sobre las recusaciones.
Capacidad operativa
Entretanto, la audiencia de ayer tuvo una primera parte que estuvo a cargo de Mola, quien dedicó la mañana a explicar que las empresas de Lázaro Báez "no tenían capacidad para afrontar semejante cantidad de obras que se les adjudicaban".
En ese contexto explicó las modificaciones de las tareas previstas originalmente y la extensión de los plazos, que según consideró- "eran parte de la maniobra defraudatoria" que les endilga a los funcionarios y empresarios.
Pero además, le adjudicó a Báez contar con "información privilegiada" que, por ejemplo, le permitió comprar tierras que iban a ser inundadas con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, con la aspiración de recibir luego resarcimientos económicos por parte del Estado.
Se trata de tierras situadas en los márgenes norte y sur del Río Santa Cruz, por donde debía pasar la ruta provincial 9, explicó el fiscal ayudante.
Las represas fueron, según Mola, una "excusa" para demorar una obra pública durante cuatro años (porque un sector de la traza de una carretera pasaba por tierras que iban a quedar inundadas) pese a haber cobrado 71 millones de pesos de adelanto financiero, correspondiente al 30 por ciento de la obra".
Mola recurrió con frecuencia a los adjetivos "absurdo" y "burdo" para calificar las excusas que esgrimían las empresas al pedir prórrogas de los plazos de construcción.
Entre esas razones invocadas por las empresas adjudicatarias figuraron falta de materiales por restricciones de importaciones, falta de combustibles, conflictos sindicales que generaban interrupción de rutas y hasta la crisis financiera internacional conocida como "Lehman Brothers".