Las movilizaciones de sindicalistas y piqueteros, el miércoles 17, tuvieron como objetivo reclamar contra la inflación. Aunque la CGT y las organizaciones alineadas con el Gobierno intentaron disimularlo, a nadie escapa que el principal responsable de la endémica inestabilidad de los precios es el Estado.
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Las movilizaciones de sindicalistas y piqueteros, el miércoles 17, tuvieron como objetivo reclamar contra la inflación. Aunque la CGT y las organizaciones alineadas con el Gobierno intentaron disimularlo, a nadie escapa que el principal responsable de la endémica inestabilidad de los precios es el Estado.
Los discursos coincidieron en atacar a las empresas y a todas las normas que rigen la racionalidad económica. La muletilla de los "formadores de precios" no es más que una distorsión de la realidad que encubre las verdaderas causas de la destrucción del valor del peso: un Estado que desalienta la inversión y lo hace aumentando los impuestos para financiar el dispendio de su administración; encarece la importación de insumos esenciales para toda la actividad económica porque no acepta lo evidente, que es la devaluación de la moneda; ataca a las actividades esenciales, como la producción rural, con retenciones a la exportación de sus productos, o prohibiendo la exportación de carnes y lácteos con la ilusión de abaratarlos en el mercado interno, llega al extremo de tolerar la destrucción de silos, que son bienes privados pero de interés general.
Los sindicatos, con dirigentes eternizados en las jefaturas y que han sido figuras notorias en las recurrentes crisis de los últimos 40 años, están anquilosados y convertidos en feudos de esa elite de "empresarios" solventados por los trabajadores.
Rivalizan con la otra elite, la de los supuestos voceros de los "trabajadores de la economía social", pero coinciden en exigir al Presidente una política distributiva de los ingresos sin considerar que su gobierno ya dilapidó lo que encontraron.
El heredero del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, y el abogado y referente de los "trabajadores excluidos", Juan Grabois, pidieron a Alberto Fernández que tome decisiones, "que ponga lo que tiene que poner"; en el contexto de sus discursos, así como en el documento emitido por la CGT, eso significa: controles de precios, presión a las empresas que trabajan en la economía formal y que generan empleo genuino y persecución a los supuestos especuladores.
Enfrentados entre ellos, piden al unísono políticas y dádivas disfrazadas de reivindicaciones pero que solo multiplican la pobreza y agudizan la crisis social. Quieren que se mantengan los criterios que prevalecieron desde 2002. Los sindicatos, porque se aferran a legislaciones laborales propias de la primera revolución industrial. A su vez, el nuevo sindicalismo, el representado por Fernando "Chino" Navarro, Grabois, Eduardo Belliboni, entre otros, se constituye como fuerza de choque y actor político a partir de la explosión de desempleo y pobreza producida en las últimas décadas.
Hacen falta otras políticas, pero a esta dirigencia, y también a los políticos, les resulta más fácil mantener todo como está, aunque el resultado final sea previsible, y la historia reciente lo demuestre: los programas sociales representaban en 2002 el 0,1% del PBI; en diciembre de 2021 llegaban al 4,5%. En 20 años, los beneficiarios pasaron de 1,6 millones a 12,12 millones; a valores constantes, los recursos asignados a estos planes de emergencia crecieron hasta casi dos billones de pesos. Desde 2012 el gasto público pasó del 24 al 40% del PBI.
El balance muestra el anacronismo ideológico y la irresponsabilidad de los viejos y nuevos sindicalistas. Por muchas veces que nombren a "los trabajadores", lo que hacen es simplemente extorsionar a la sociedad y marcar la agenda de gobiernos sin proyecto.
El fracaso macroeconómico derivó en una catástrofe social. El trabajo registrado no crece y se mantiene desde hace una década en seis millones de empleados, mientras el número de trabajadores informales ya llega a nueve millones. El informe del Indec con los precios de la canasta familiar de julio es la prueba de que el distribucionismo de los "planes platita" no resuelve los problemas de nadie, y multiplica el hambre y la pobreza.
Vivimos en una sociedad fragmentada y cada vez menos equitativa.
No son los desocupados ni los pobres los culpables de la crisis: son sus principales víctimas, porque las políticas encandiladas por el populismo invocan la inclusión y los derechos de los pobres, pero responden solo a los intereses de las nuevas y viejas elites del poder.