Las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la jerarquía de la Iglesia Católica en Nicaragua atraviesan un momento delicado.
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Las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la jerarquía de la Iglesia Católica en Nicaragua atraviesan un momento delicado.
El capítulo más reciente fue el arresto el 19 de agosto del obispo Rolando Álvarez, la última voz abiertamente crítica con el gobierno del país centroamericano, que actualmente está en reclusión domiciliaria.
La Policía Nacional de Nicaragua acusa al obispo de Matagalpa, de 55 años, de "organizar grupos violentos .... con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".
Monseñor Álvarez era conocido por denunciar violaciones de derechos humanos del gobierno de Ortega, cuya deriva autoritaria ha sido objeto de críticas de instituciones y organismos internacionales en los últimos años.
Otro obispo crítico con el gobierno, Silvio Báez, se exilió en 2019 después de recibir varias amenazas de muerte.
Tras un primer mandato presidencial a mediados de los 80, Ortega recuperó el poder en 2007. Desde 2017 lo acompaña como vicepresidenta su esposa, Rosario Murillo, con quien gobierna en una peculiar dupla.
Las pasadas elecciones de noviembre de 2021, que Ortega ganó con el 75% de los votos, se celebraron con siete candidatos opositores en la cárcel y denuncias de fraude por parte de organismos internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado torturas y otras violaciones de derechos humanos de las autoridades nicaragenses en los últimos cuatro años, así como el encierro de más de 190 presos políticos, parte de ellos en crueles condiciones.
En este contexto, la relación entre el gobierno y la jerarquía católica se encuentra en un punto complicado.
"Ortega ha golpeado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua en sus dos alfiles principales: al alfil estratega, el obispo Báez, lo exiliaron. Y al alfil organizador, el obispo Álvarez, lo tienen preso", dice el sociólogo y analista político nicaragense Oscar René Vargas.
Además, en el último año y medio las autoridades expulsaron del país al nuncio del Vaticano y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, encarcelaron a siete sacerdotes y clausuraron varias emisoras de radio católicas.
La Iglesia Católica ha recibido casi 200 agresiones entre abril de 2018 y mayo de 2022 en Nicaragua, según un informe de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.
El politólogo Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, considera que Ortega "siempre ha sido un individuo anticlerical, como se demostró en su persecución a la Iglesia católica en los años 80 durante la revolución sandinista".
"Como cualquier líder autócrata, todo lo que va en contra del culto a su persona es una amenaza. Y la fe religiosa en Nicaragua predomina por encima de cualquier otro tipo de culto".
Pese a que ha perdido el monopolio de la fe frente a los pujantes grupos evangélicos, la Iglesia católica sigue siendo la institución más influyente en este país caracterizado por la marcada devoción religiosa de sus 6,6 millones de habitantes.
Así, destaca el politólogo, en la primera década de este siglo Ortega suscribió una "alianza táctica" con las autoridades católicas del país, cuya influencia sobre la sociedad nicaragense le ayudaría a - o al menos no le impediría - ganar votos en las elecciones de 2007 y posteriores.
Las protestas de abril de 2018 en Nicaragua marcaron un punto de inflexión en las relaciones entre el gobierno y la Iglesia católica.
Una polémica reforma del sistema de pensiones motivó protestas callejeras masivas, que el gobierno consideró parte de un intento de golpe de Estado.
La represión de las fuerzas de seguridad y civiles armados afines al sandinismo dejó 200 muertos reconocidos por el gobierno, 328 contabilizados por la CIDH y más de 650 según organizaciones civiles.
La Iglesia católica nicaragense prestó apoyo a los manifestantes, que encontraron en la catedral de Managua refugio ante la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad.
Su máxima autoridad, el cardenal Leopoldo Brenes, se erigió como mediador del fallido diálogo entre las partes y denunció enérgicamente la persecución de Ortega a la Iglesia, lo que lo puso en el punto de mira de las autoridades.
Tres años después, sin embargo, hay quienes acusan al cardenal de haber suavizado su postura frente al gobierno, a quien ha dejado de condenar abiertamente pese a los últimos acontecimientos, como el arresto del obispo Álvarez la semana pasada.
Vargas afirma que la jerarquía de la Iglesia católica en Nicaragua está dividida y parte de ella opta por cuidar los lazos con el gobierno en un momento en que los evangélicos ganan terreno amparados por el presidente.
El Vaticano y el papa Francisco han mantenido una polémica actitud de reserva hacia las denuncias de persecución a la Iglesia católica en Nicaragua. Un tenue llamado a la pacificación pronunciado por el Pontífice resultó decepcionante.
"No mencionó los ataques a la Iglesia ni el arresto del obispo Álvarez ni de los 11 sacerdotes encarcelados. Pareciera que se refiere a otro país y no al nuestro", lamenta Vargas respecto al Papa. "El desaliento de muchos católicos en Nicaragua y América Latina por el silencio del Papa sobre Cuba y Nicaragua le está costando una pérdida de fieles, lo que es una táctica bastante errada en un momento en que la Iglesia católica trata de recuperar seguimiento en todo el mundo", opina el politólogo Orozco.
"La pregunta es cuánto va a durar esa tolerancia frente a las injusticias que existen en Nicaragua", apunta.