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Caso Jimena Salas: un caso impune con un giro que sumó dudas

El viernes tomaron las muestras de ADN de los tres hermanos detenidos. Muchos se preguntan si son los asesinos, cuál fue el móvil o si son "perejiles".
Domingo, 25 de septiembre de 2022 01:27

Desde el pasado martes, cuando se supo que los hermanos Damián, Guillermo y Javier Saavedra fueron detenidos por el asesinato de Jimena Salas, los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González mantuvieron la causa bajo siete llaves.

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Desde el pasado martes, cuando se supo que los hermanos Damián, Guillermo y Javier Saavedra fueron detenidos por el asesinato de Jimena Salas, los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González mantuvieron la causa bajo siete llaves.

Desde el minuto cero fue dictada la reserva total de las actuaciones por la Unidad Fiscal que el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, conformó el pasado 8 de abril para mover el caso. Fuentes cercanas a la investigación solo dejaron trascender que habría "pruebas contundentes", mientras que desde Santa Victoria Este, franciscanos de la orden que coordina el fray Martín Caserta calificaron de "locura" a la acusación que pesa sobre Javier Saavedra. Sucede que desde el verano de 2018 lo han tenido como uno de los voluntarios "más destacados, comprometidos y apreciados" en los merenderos, las ayudas alimentarias, el reparto de agua segura, los programas de promoción social y las 14 escuelitas deportivas que integran y contienen a más de 500 niños y niñas en los puestos criollos y las comunidades de las etnias wichi, chorote, toba, tapiete y chulupí que habitan en el extremo noreste de Salta.

Apenas se confirmaron las detenciones el abogado Luciano Romano se manifestó convencido ante los micrófonos de FM Profesional de que "son perejiles". El no es el único que duda de la culpabilidad de los nuevos acusados, pero su afirmación tiene un peso distinto, porque fue quien defendió a Sergio Vargas, el vendedor que apareció extrañamente en el barrio San Nicolás ofreciendo dos pares de sandalias para nenas poco antes de que Jimena Salas fuera brutalmente asesinada el 27 de enero de 2017, pasado el mediodía, delante de sus pequeñas hijas mellizas de solo 3 años. Vargas estaba acusado como partícipe secundario del crimen, cargo del que terminó absuelto por el beneficio de duda en mayo de 2021. A ese juicio, Nicolás Cajal Gauffín, expareja de la víctima, llegó acusado por encubrimiento agravado, pero el tribunal también lo absolvió por el beneficio la duda.

El miércoles último, en la entrevista radial, el abogado de Vargas dijo estar "sorprendido" por las nuevas detenciones, porque luego de intervenir durante un año y medio en la causa no vislumbró ningún indicio que pudiera llevar a una hipótesis para resolver el caso.

Los antecedentes

En la investigación del asesinato de Jimena Salas todo se enderezó mal desde aquel 27 de enero de 2017. El fiscal que orientó las pesquisas iniciales fue Pablo Paz. El había sido compañero de rugby de Cajal y por su amistad manifiesta con el concubino de Salas correspondía que se inhibiera, cosa que no hizo. Además en solo 16 horas se entregó el cuerpo de la víctima a la familia para su cremación.

La joven madre asesinada tenía 44 años, un gran corazón y una especial sensibilidad por los animales que fue aprovechada por quienes la acuchillaron sin piedad, dentro de su hogar y a plena luz del día.

Peritos forenses coincidieron en que detrás del crimen hubo una compleja logística, con más de un actor involucrado y al menos un lujoso automóvil del que nada se supo en cinco años y ocho meses, tanto por la demora de medidas probatorias como por el hecho de que muchas de las cámaras del sistema de videovigilancia de la Provincia estaban entonces inoperables en la zona.

Los asesinos habrían consumado el plan criminal en menos de 20 minutos. Uno de atacantes, por la angustia con la que Jimena Salas intentó defender su vida y a sus nenas, recibió heridas cortantes. Luego de ultimarla la dejaron tirada en el living de la vivienda y se dirigieron al dormitorio. Allí enfilaron directamente al placard y abrieron un maletín que, según se determinó después con perros adiestrados de la Policía Federal, habría tenido drogas o dólares, o ambas cosas a la vez.

Los asesinos tomaron el recaudo de volver a cerrar el placard, sin mostrar el menor interés por una caja fuerte que allí tuvieron a la vista y que ni siquiera tocaron. Tras el crimen solo se encontró sobre la cama un alhajero abierto que, a diferencia del maletín, no tenía resto alguno de sangre. En ese alhajero, que en su momento se consideró parte del montaje de un robo frustrado, solo había aritos comprados en el Mercado Vaquereño.

El cuchillo con el que se habría defendido Jimena desapareció, como muchas otras opciones probatorias. También se llevaron su celular. Policías lo hallaron después, destrozado, en una calle cercana a la casa donde sus dos nenas presenciaron un infierno inimaginable.

En la vivienda no faltó ningún elemento ni había un gran desorden. La escena del crimen, básicamente, se circunscribió a una silla caída y a la víctima tendida en el piso en un inmenso charco de sangre.

Por el nivel de preparación, el recorrido interno que hicieron los criminales y la metodología registrada, policías infirieron que se habría tratado de un "domicilio entregado".

Quien llegó primero a la escena del crimen fue Cajal. Llamó al 911 e inmediatamente después al gerente de Garbarino en Buenos Aires, quien ordenó que personal de confianza en la empresa corriera a ver qué había sucedido en la casa del gerente regional.

Un compañero del viudo declaró que cuando llegó a Vaqueros Cajal le dijo: "Por culpa de ese perro de mierda la mataron a mi mujer". En esos términos, Cajal le había señalado al testigo una circunstancia fáctica vinculada al modo de comisión del hecho que no fue conocida sino tiempo después. ¿Cómo podría haber tenido Cajal de antemano esa información sobre la mecánica del asesinato? ¿Acaso fue aquel un testimonio falso o inexacto? Lo real y concreto es que la hipótesis del caniche que habrían utilizado los asesinos para que Jimena les abriera las puertas -confiada en ayudarlos a encontrar a los dueños del cachorro perdido- fue formulada y anunciada en conferencia de prensa por los fiscales Paz y Rodrigo González Miralpeix varios meses después del día del sangriento hecho, en base a fotos que especialistas lograron recuperar del celular de la víctima.

   El identikit que se difundió de uno de los sospechosos.

A los primeros policías que intervinieron tras el crimen Cajal les manifestó que, al regresar a la casa, le había sorprendido "ver la puerta sin seguridad y el llavero de Jimena colgado en el alambre" de un cercado de la vivienda. Su declaración se contradijo con la de la niñera, que declaró que aquella mañana Jimena la esperó afuera durante varios minutos porque, según le manifestó, "no tenía la llave de su casa".

Los investigadores concluyeron que "el llavero que se observó colgado en el rombo del alambre tejido no sería el utilizado por Jimena". También se confirmó la existencia de un tercer llavero.

Alarma desconectada

En la tarde del 26 de enero (el día anterior al del crimen), la empresa Albiero le había avisado a Cajal que se detectó una alerta de interrupción de la alarma de la casa. Él estaba solo en el inmueble cuando recibió el llamado de advertencia. La alarma fue reconectada después del femicidio.

Ante los policías que intervinieron el 27 de enero de 2017, Cajal se mostró sereno y dispuesto a colaborar. Sin embargo, en todo momento hizo hincapié en que su concubina había sido atacada por un ladrón, pero nunca mencionó la existencia de la alarma ni la extraña falla que en la víspera se había registrado. Aun así, ni siquiera fue demorado.

Un posterior informe de la empresa proveedora del servicio confirmó que el sistema de la alarma de la casa fue apagado el 26 de enero y restablecido el 30 del mismo mes, sin intervención de los técnicos.

La operadora descartó que la falla de comunicación del GPRS de la alarma instalada en el domicilio de la víctima fuera por sabotaje o corte de energía.

También descartó cualquier interferencia con equipos inhibidores de señal, porque tanto la víctima como la niñera utilizaron sus equipos de telefonía celular con normalidad. La conclusión fue que la casa quedó sin alarma porque la antena del sistema fue desconectada antes del crimen y reconectada después del asesinato. Se consideró improbable que Jimena haya sido puesta al tanto por su pareja de la desconexión de la alarma, porque ella era muy cuidadosa con las medidas de protección de su hogar y temerosa por la seguridad de sus nenas.

No quedaron ni cenizas

Tras el asesinato de Jimena Salas, tomó intervención el fiscal Rodrigo González Miralpeix, pero después se hizo cargo su par Pablo Paz, quien era conocido de Nicolás Cajal Gauffín.

No se dispuso un allanamiento del domicilio ni la revisión del automóvil del viudo, quien, sin ser demorado, recién realizó la denuncia días después.

A la víctima la llevaron a la morgue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) aquel 27 de enero para practicarle la autopsia. Una vez finalizada entregaron el cuerpo. Sin velatorio, familiares lo llevaron directamente al crematorio. Nunca se supo dónde terminaron las cenizas. Todo esto sucedió en solo 16 horas.

Una vez hallado el cuerpo de la víctima, no se tomó ninguna medida perimetral de seguridad e investigación en la zona. No se dispuso cerco policial ni rastrillaje, ni control de las salidas de Salta. Tampoco se ordenó una inmediata toma de declaraciones al vecindario.

Con el paso del tiempo, la causa perdió el poco impulso que tuvo desde un inicio y nueve meses después el Ministerio Público Fiscal, encabezado en ese momento por Pablo López Viñals, actual juez de Corte, mandó la investigación a la "oficina de causas frías", un limbo donde dormitó por dos años y cuatro meses.

En el ínterin, Cajal reclamó el seguro de vida de su expareja. Ante objeciones de La Caja SA, en una comunicación telefónica le aseguró a una agente de esa aseguradora que la causa había tenido notables avances y que podía certificarlo el fiscal Paz. Por ese entonces, Cajal ya se había constituido como querellante, sin llegar a ofrecer pista alguna para el esclarecimiento del crimen.

En 2019 asumió como Procurador el actual ministro de Seguridad, Abel Cornejo, y una de las primeras medidas que tomó fue apartar a Paz y otros fiscales del caso. Tiempo después, con los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt al frente de la investigación, el viudo y el vendedor Sergio Vargas fueron acusados como presunto encubridor y partícipe necesario del crimen. En el juicio ambos terminaron absueltos por el beneficio de la duda.

 

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