A través de una carta abierta dirigida a los diputados, empresarios argentinos advirtieron que el juicio político contra la Corte Suprema que impulsa el Gobierno es perjudicial para el futuro de las inversiones en el país. "Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en la Argentina".
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A través de una carta abierta dirigida a los diputados, empresarios argentinos advirtieron que el juicio político contra la Corte Suprema que impulsa el Gobierno es perjudicial para el futuro de las inversiones en el país. "Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en la Argentina".
El documento lleva la firma de casi 600 empresarios y profesionales que se manifiestan "preocupados por el presente y futuro" de la Argentina, y va dirigida "en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, como así también al resto de los diputados de dicha Cámara, para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)".
Entre los ejecutivos que firman están Facundo Gómez Minujin (JP Morgan-Amcham), Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Arturo Acevedo (Acíndar), Cristiano Rattazzi (Fiat), Gastón Remy (Nuqlea), Roberto Murchison, Claudio Cesario (ABA), Guibert Englebienne (Globant) y Eduardo Gorchs (Siemens Argentina).
En el texto consideran que "el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales" dentro de la Constitución Nacional, a la que destacan como el "pacto que une a los argentinos". Agregan también que son fundamentales "para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza".
"¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?", se preguntaron. Días atrás el Foro de Convergencia Empresarial también emitió un duro documento que cuestionaba la posición del Poder Ejecutivo en su relación con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La entidad consideró como "un ataque a la independencia del Poder Judicial" el reciente pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal promovido por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores.
Cruce de llamadas
Mientras el Frente de Todos redobla la embestida contra la Corte Suprema. La diputada Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Juicio Político, anticipó que para medidas que prevén pedir como "el entrecruzamiento de llamadas entre jueces de la Corte Suprema, que es prueba informativa, no requiere intervención de un juez", aunque aclaró que si solicitan "el contenido de conversaciones, eso sí requiere intervención de un juez federal competente". De esta manera, el oficialismo ratificó la posibilidad de pedir medidas como el cruce de llamados de jueces y allanamientos, a una semana para el inicio del tratamiento en comisión. No solo la oposición, sino que ya los sectores productivos e intelectuales rechazaron el avance kirchnerista sobre la Justicia.
Inteligencia ilegal
El juez federal Sebastián Ramos archivó la causa contra Silvio Robles, funcionario cercano al presidente de la Corte Horacio Rosatti, a raíz de la denuncia que se había radicado en su contra por los supuestos chats con el entonces ministro de Justicia porteño ahora en uso de licencia Marcelo D'Alessandro. El juez firmó la resolución por "imposibilidad de proceder", luego de un dictamen del fiscal Carlos Stornelli donde sostuvo que no podía abrirse una causa con una prueba ilegal. "No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal", advirtió el fallo del juez Ramos. "Valla u obstáculo insalvable" para avanzar, había dicho el fiscal.
El fallo impacta en el pedido de juicio político que motorizó el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores contra la Corte Suprema. Es que esos diálogos filtrados habían sido incluidos en la presentación contra los ministros del máximo tribunal para promover su destitución. Según el oficialismo, allí se exhibió "una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura". En su escrito, los diputados oficialistas expusieron estos chats en su denuncia "más allá de que se desconoce el origen de esas comunicaciones": si bien dejaron abierta la posibilidad de que hayan sido fruto "de un delito", opinaron que todo "será materia de una eventual investigación".
"Usan el juicio político de excusa"
El diputado nacional del Frente de Todos Carlos Heller apuntó ayer contra Juntos por el Cambio, acusando a la alianza opositora de "usar de excusa" el juicio político impulsado por el Gobierno contra la Corte Suprema "para no dejar funcionar al Parlamento".
En declaraciones radiales, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda aseguró que la principal bancada opositora busca "castigar a la gente" bloqueando la votación de leyes como la creación de nuevos universidades nacionales y la moratoria previsional.
"El Congreso no funciona porque hay leyes que, cuando las tratamos en comisiones, Juntos por el Cambio te demuestra que no quiere que haya más universidades y no quiere que la gente que no tiene aportes se jubile", arremetió el economista y legislador oficialista.