La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizó su reunión para resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, en medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
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La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizó su reunión para resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, en medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
La Comisión que preside la diputada del FdT Carolina Gaillard (Entre Ríos) se reunió desde pasadas las 11 y con la presencia de los bloques opositores, para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Al iniciar la reunión, la diputada del FdT precisó que el jueves 2 de febrero, los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.
"Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia", afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
Precisó que "una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso".
En ese marco, Gaillard afirmó que "en caso admisibilidad sea favorables estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto" y leyó el resumen de cada de los 14 expedientes que se van a analizar.
Cruce entre diputados
Luego, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC), vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que ese espacio va a proponer "una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles".
Desde el oficialismo, le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que "siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas".
Ante una consulta del diputado del PRO, Álvaro González, sobre si se conformaría una subcomisión para que continúe con el proceso, el jefe del bloque del FDT aclaró que "la intención del bloque oficialista es que los elementos sean analizados en conjunto por parte de toda la comisión".
"No vamos a formar subcomisiones para el análisis de admisibilidad", advirtió el titular de la Cámara baja.
Por su parte, el diputado del PRO, el mendocino, Omar De Marchi, dijo que se niega a "analizar esto (el pedido de juicio político a la Corte) como si formara parte de la agenda central de la Argentina".
El legislador consideró que se trata de "una puesta en escena que nos ofrece hoy el Presidente (Alberto Fernández) que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario".
"No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer", afirmó Martínez, al señalar que "no andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido, no venimos a eso", aseveró el jefe de la bancada del FDT.
En tanto, el diputado del interbloque Federal, Alejandro 'Topo' Rodríguez, anticipó su rechazo a este proceso, al sostener que "no vamos a entrar en la descalificación".
"No me parece que, por señalar que porque pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros. Es la anulación de cualquier respeto por la posición política", remarcó.
El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.
La intención del oficialismo es comenzar con el análisis de los expedientes y definir el esquema de trabajo ya que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio.