La crisis de poderes que atraviesa hoy a la Argentina tuvo en la última semana dos episodios casi de comedia de enredos, pero que exhiben la precariedad institucional del país. Es decir, una tragedia política.
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La crisis de poderes que atraviesa hoy a la Argentina tuvo en la última semana dos episodios casi de comedia de enredos, pero que exhiben la precariedad institucional del país. Es decir, una tragedia política.
El jueves fue la primera sesión de la comisión de Diputados que debe dictaminar sobre los pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema presentados por el presidente Alberto Fernández y otros legisladores kirchneristas, a los que se suman un par de denuncias de Elisa Carrió. Esa comisión tiene mayoría kirchnerista, gracias a que el ministro Sergio Massa ordenó a los diputados que le responden a sumarse a la acusación. Pero si llegara a lograr un dictamen favorable, el proyecto quedaría en la nada, ya que la Cámara necesita la mayoría de dos tercios para acusar ante el Senado y este, a su vez, dos tercios para aprobar el juicio.
Pero "no es un circo", aclaró el exradical que emergió a la política de la mano de Raúl Alfonsín, el ahora hiper kirchnerista Leopoldo Moreau, quien describió sin quererlo la sensación generalizada que genera el juicio contra los jueces: "No hay ningún tipo de circo, patoteada o amenaza, se está llevando adelante la facultad que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional". Para lo que no faculta a nadie la Constitución Nacional es para aseverar, sin pruebas, que "esta no es la Corte de todos los argentinos (aunque tiene acuerdo del Congreso del que Moreau forma parte de hace cuarenta años), esta Corte tiene dueños". Y esos dueños serían "500 empresarios" (los que advirtieron contra el juicio en defensa de la seguridad jurídica) y "los medios hegemónicos".
A esta altura del tratamiento, la diputada mendocina Marisa Uceda marcó el punto de la tragicomedia cuando responsabilizó a los jueces por la inflación. "Si se preocupan por la inflación, la Corte Suprema también es parte de este problema".
Papelón en la ONU
El juicio político contra los miembros de la Corte Suprema tiene en el exterior resonancias muy parecidas a las manipulaciones del poder judicial, la persecución de fiscales y la neutralización de la Legislatura que permitieron a Nicolás Maduro acceder al poder absoluto en Venezuela. Pero también son la marca registrada de los populismos y las democracias no liberales, que acumulan episodios como los registrados en Perú, con Alberto Fujimori hace tres décadas y Pedro Castillo este año, las andanadas del bolsonarismo contra los poderes del Estado o la avanzada de Evo Morales que derivó en su renuncia en 2019. Alberto Fernández no tiene tanto poder y, evidentemente, en el oficialismo hay demasiados errores al medir el pulso de la política internacional. El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, por orden del gobierno y el apoyo de la Cancillería, al rendir el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, informó que "la pérdida de legitimidad del Poder Judicial" en nuestro país es uno de los "principales obstáculos que tiene Argentina para poder garantizar la vigencia de los derechos humanos".Pietragalla debió darse cuenta de lo que iban a interpretar todos sus oyentes cuando leyó que "el 'lawfare' es uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos, ya que implica una degradación del sistema institucional y pone en jaque el sistema republicano de división de poderes". Y lo remató hablando de la "persecución judicial de la que es víctima la vicepresidenta Cristina Kirchner".
La respuesta de la comisión de la ONU fue la esperable: "Los Estados recomendaron que la Argentina asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales, mejore las condiciones en las prisiones, garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales".
El comienzo de todo
Al mencionar el "lawfare" y la "persecución judicial" a Cristina Kirchner, Pietragalla dejó en claro el fundamento de la oposición, que califica al juicio como "un circo" y la endeble respuesta de Moreau, que sostiene que es una atribución de la Cámara baja.
Más endeble aún, la de la diputada Uceda.
El constitucionalista Roberto Gargarella, un intelectual independiente y sólido defensor de las instituciones republicanas escribió hace poco: "Me preocupa menos el juicio político en sí –una iniciativa caprichosa y boba, que tiene poco sentido tomarse en serio– que lo que la decisión de activar el juicio expresa, en este momento" y añade "el edificio social se cae a pedazos, y el Gobierno usa las poquísimas energías políticas de las que dispone para agredir a aquellos (casi todos) a los que identifica como sus adversarios".
La idea de impulsar un debate desgastante que se prolongue hasta las elecciones -y aún después-, obliga a pensar que probablemente, el oficialismo piense que la insatisfacción de la ciudadanía con la Justicia se va a trasladar automáticamente a favor de la vicepresidenta. Los datos perceptibles en la sociedad demuestran que el malestar nace de la inseguridad y la sensación de impunidad que imperan en la Argentina. Y el "lawfare", salta a la vista, no es más que una teoría conspirativa que pretende garantizar la impunidad de los poderosos.
La Justicia argentina tiene prestigio en el mundo, por haber juzgado y condenado a las juntas militares por crímenes de lesa humanidad, haber instaurado una cultura de respeto por las libertades y contra el autoritarismo y haber inaugurado un ciclo democrático que cumplirá cuarenta años.
Pero el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia forma parte de una iniciativa que en mayo cumplirá cuatro años, ya que se puso en evidencia cuando Alberto Fernández fue ungido candidato por Cristina Fernández.
Allí empezó la andanada contra la Justicia.
En ese momento, el ahora presidente prescindió de todas las críticas muy duras, respaldadas en su condición de "profesor de Derecho" que formuló contra su compañera de fórmula y contra el kirchnerismo en general a partir de su compulsiva renuncia a la Jefatura de Gabinete, en 2008.
Su primera declaración como candidato presidencial consistió en una amenaza contra los jueces que llevaban adelante las 14 causas por corrupción que implicaban a Cristina Fernández y a su gobierno.
En 38 meses de mandato, fracasó el proyecto de reforma del Poder Judicial y nada se sabe de la comisión que encabezaba el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi. Tampoco lograron consenso para designar al reemplazante de Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema ni lograron los votos del Senado para el acuerdo a Daniel Rafecas como Procurador.
La iniciativa de ampliar la Corte a 25 miembros, con postulantes propuestos por las provincias nunca llegó al recinto y difícilmente eso ocurra en las sesiones extraordinarias.
Más engrietados
Hay algo más que necesidad de impunidad. El fallo de la Corte reivindicando los derechos de la Ciudad Autónoma a la Coparticipación es el pretexto supuestamente federal para que los gobernadores apoyen lo que es un grave riesgo institucional para todo el país. La respuesta fue magra, y de compromiso. Los gobernadores en general adelantaron las elecciones. Y la idea de una "Corte Federal" es, decisivamente, anticonstitucional.
Tan anticonstitucional como la idea subyacente, explicitada por Cristina en la Feria del Libro de 2019, acerca la necesidad de derogar la Constitución y reemplazarla por una nueva, sin división de poderes y sin contralores sobre el Ejecutivo. Una autocracia, como la de Vladimir Putin, o un régimen de partido único como en Cuba o China, o como pretenden Maduro, Daniel Ortega o Evo Morales.