La Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (Exigir) se sumó a los pedidos de juicio político a dos de los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por presunta connivencia con el gobierno de Cambiemos para que la exjueza Elena Highton de Nolasco permaneciera en el máximo tribunal después de cumplir los 75 años de edad.
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La Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (Exigir) se sumó a los pedidos de juicio político a dos de los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por presunta connivencia con el gobierno de Cambiemos para que la exjueza Elena Highton de Nolasco permaneciera en el máximo tribunal después de cumplir los 75 años de edad.
Esa situación generó una causa penal que el juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli, archivó en 2021. No obstante, la ONG Exigir invocó la causal de "mal desempeño o -en su caso y de corresponder- por delito en el ejercicio de sus funciones" a raíz de esta supuesta maniobra.
Según la denuncia, presentada ante la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, Lorenzetti y Rosenkrantz "se valieron de información privilegiada para beneficiar a Highton en el trámite del expediente "Schiffrin", en connivencia con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, a través del secretario de Justicia, Santiago Otamendi".
Otamendi es hoy juez del Tribunal Superior de Justicia porteño, la máxima instancia judicial de la Capital Federal.
Highton inició una acción de amparo al cumplir 74 años de edad, cuando ya estaba a estudio de la Corte un planteo del juez Leopoldo Schiffrin para continuar siendo magistrado después del límite etario de los 75 años. La exjueza obtuvo un fallo favorable de primera instancia; el gobierno de Cambiemos no lo apeló y, poco después, la Corte sacó el "Fallo Schiffrin" que obligó a todos los jueces a jubilarse al cumplir los 75 años.
"Las comunicaciones entre los jueces denunciados y el Ministerio de Justicia se habrían dado a través de Fabián Rodríguez Simón, en algunos de los 91 contactos telefónicos mantenidos entre ellos. Esta maniobra fue necesaria ya que el Gobierno nacional por aquel entonces no tenía las mayorías necesarias para nombrar un nuevo juez de la Corte si se jubilaba Highton ni para prorrogar su mandato por la vía constitucional", dice la denuncia.
Lorenzetti y Rosenkrantz "retuvieron el expediente que obligaría a Highton a jubilarse y congeniaron con ella que iniciara un amparo antes de tiempo, y que la sentencia obtenida en dicho amparo no fuese apelada por el Ministerio de Justicia a cargo de Garavano, un mes antes de que la Corte dictara el fallo Schiffrin", agrega.