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El ataque contra la Corte es un salto al vacío para el país

Domingo, 08 de enero de 2023 01:12

Un juicio político a las máximas autoridades de un poder del Estado es una decisión muy grave, que debe estar fundada en pruebas sustanciales de acciones ilícitas y destinada a restablecer un equilibrio institucional perdido aplicando un remedio previsto en la Constitución. En este caso, lo que se busca es destruir el equilibrio de poderes.

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Un juicio político a las máximas autoridades de un poder del Estado es una decisión muy grave, que debe estar fundada en pruebas sustanciales de acciones ilícitas y destinada a restablecer un equilibrio institucional perdido aplicando un remedio previsto en la Constitución. En este caso, lo que se busca es destruir el equilibrio de poderes.

Además, este ataque contra la Corte Suprema pone en crisis al sistema federal y a los derechos de las provincias frente a la discrecionalidad del poder central.

Los pretextos esgrimidos por Fernández son dos. En primer lugar, el fallo del máximo tribunal que restablece parcialmente el monto de la coparticipación federal de impuestos que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuesto en 2016 para financiar el funcionamiento de la policía creada en ese distrito. Ese recurso fue sustraído compulsivamente en septiembre de 2020, en plena pandemia, por decisión del propio presidente para asignárselo al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que afrontaba en esos momentos una sublevación de la Policía bonaerense en reclamos de mejoras salariales. La arbitrariedad, destinada a perjudicar a un gobernante opositor, Horacio Rodríguez Larreta, para beneficiar a uno oficialista queda a la vista: según la normativa existente, a partir de la Constitución reformada en 1994 y la ley de Coparticipación de 1988, el financiamiento de la Ciudad Autónoma y del antes Territorio Nacional y ahora provincia de Tierra del Fuego debe provenir del 42% de la recaudación coparticipable que se asigna a la administración nacional. Es decir, si el presidente consideraba que debía ayudar a Kicillof debió utilizar los fondos destinados a asistencias especiales del Tesoro (ATN).

Fernández buscó el apoyo de los gobernadores de provincias intentando reflotar un antiporteñismo anacrónico. La realidad es que al recortar los recursos coparticipables de la ciudad autónoma, Fernández afecto a todas las autonomías provinciales. La decisión de privilegiar a un gobernador bonaerense y resolverle un problema en el conurbano apelando a la coparticipación de otro distrito puede volver a repetirse contra cualquier provincia.

El otro argumento es el conflicto en torno del Consejo de la Magistratura, tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley que en 2006 redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura para aumentar la incidencia política de los oficialismos de turno en el organismo. Ante la falta de respuestas del Congreso, la Corte intervino directamente en el organismo fundamental para garantizar la independencia y la excelencia jurídica de la Justicia Federal.

La raíz de esta crisis se encuentra en los procesamientos y condenas que afronta la vicepresidenta Cristina Kirchner en 14 causas por el manejo irregular de los fondos destinados a obras públicas durante la gestión kirchnerista entre 2003 y 2015. Los intentos del oficialismo por frenar el avance de las causas fracasaron.

El conato de insubordinación contra la Corte y el pedido de juicio político fueron alentados por los gobernadores cristinistas Jorge Capitanich, Axel Kicillof y Gerardo Zamora. Sin embargo, la mayoría de los gobernadores se oponen al ataque a la Corte.

La estrategia de amedrentamiento contra los jueces es un salto al vacío surgido de los problemas judiciales de una persona y de la fractura interna del oficialismo.

El apoyo de los gobernadores sería una claudicación que, lejos de fortalecer al federalismo, solo aumentaría la discrecionalidad del poder central y dejaría a las provincias más dependientes aún de la buena voluntad de los presidentes de turno.

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