El Relevamiento de las Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central arrojó que la inflación de enero se acerca al 6% y que en 2023 llegará a entre el 95 y el 97%. Los economistas consultados por la entidad coincidieron en proyectar un incremento de 79,6% para 2024 y de 50,3% para 2025.
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El Relevamiento de las Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central arrojó que la inflación de enero se acerca al 6% y que en 2023 llegará a entre el 95 y el 97%. Los economistas consultados por la entidad coincidieron en proyectar un incremento de 79,6% para 2024 y de 50,3% para 2025.
La inflación sigue estando en el centro de la vida política del país. El ministro Sergio Massa reconoció anteayer que es el principal problema a resolver. Es cierto, y es lo que ocurre desde hace ocho décadas en la Argentina, pero fueron muy contados los períodos en los que algún plan antiinflacionario tuvo éxito. El Plan Austral en el gobierno de Raúl Alfonsín logró una estabilidad efímera y la Convertibilidad de Carlos Menem se prolongó por diez años, pero en ningún caso la política hizo lo necesario para sostenerlos y orientarlos al desarrollo social. El resto de la historia es una sucesión de "compresiones" y "explosiones" cuyo resultado está a la vista: en los últimos quince años, el "crecimiento sostenido y generalizado de precios" destruyó ingresos y empleo registrado. Desde 2011 el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil cayó vertiginosamente. Medido en dólares (del mercado paralelo) pasó de US$450 a menos de US$180. En tanto, la precarización del empleo, el estancamiento de puestos de trabajo en el sector privado y el porcentaje de personas cuyos ingresos dependen del Estado aumentó exponencialmente. Y con ellos, la aparición de movimientos de desocupados como nuevo actor político se consolidó definitivamente.
La inflación es síntoma de una economía congelada en el tiempo, que no pone sus objetivos en el desarrollo equilibrado en todo el país, la seguridad jurídica, la inserción en el comercio exterior y la inversión tecnológica y productiva.
Para Massa la inflación es el principal problema, pero para el Gobierno que integra lo más urgente es intentar desestabilizar a la Corte Suprema de Justicia y atender los limitados intereses de la elite con poder.
Fórmulas obsoletas
La fórmula del endeudamiento interno, en base a emisión de billetes y títulos acumulaba el año pasado fue unos US$380.000 millones, de los cuales US$257.000 millones estaban en moneda extranjera. Por esto este año deberá Argentina afrontar pagos de intereses por el equivalente a US$47.000 millones.
Con una moneda sin respaldo ni credibilidad, los controles de precios fracasaron a lo largo de ocho décadas de inflación, y seguirán destinados a fracasar.
No obstante, Massa ratificó la prolongación del programa "Precios Justos", que naturalmente fracasó, y ahora anunció que los controles no estarán a cargo de inspectores municipales ni militantes o gremialistas, sino de un sistema de instrumentos informáticos. Este recurso tecnológico les permitiría controlar 49.000 productos. El objetivo es una pauta de aumentos de 3,2% mensual para 15 rubros.
Esta especie de "Gran Hermano" monitorearía la evolución de los precios de los productos en el país o en cada supermercado. Un sistema de vigilancia que de nada sirve para resolver los problemas de costos que generan la distorsión de la cotización del dólar, las trabas a las importaciones y a las exportaciones, los problemas de oferta y demanda y, sobre todo, el mercado negro, que abarca a la mitad de la economía argentina. El sistema del mercado paralelo nace de las falencias del sistema formal que, entre otras cosas, se retroalimentan con la presión tributaria que intenta compensar la recaudación que pierde. Consecuencia, aumenta la informalidad. Es la experiencia histórica.
No es ninguna garantía el entusiasmo del secretario de Comercio, Matías Tombolini, que junto con sus antecesores Roberto Felleti y Paula Español han apostado al control de precios y fueron logrando en tres años la acumulación inflacionaria del 300%, un récord no igualado desde 1990.
La fiscalización digital tomará datos del sistema de precios que las cadenas de supermercados envían al secretario. Así aspiran a conocer qué precios subieron por encima de 3,2%. Se tomarán datos de 943 sucursales de 13 cadenas. Una "cacería en el zoológico".
Esto les servirá para realizar inspecciones, elaborar actas y establecer multas. A los supermercados registrados. Al mismo tiempo, inspeccionarán los precios publicados en las plataformas de las empresas que forman parte del acuerdo.
Claramente, si están los precios y no se verifican las ventas, eso no querrá decir que, necesariamente, el acuerdo se cumple. Porque el sistema no registra el desabastecimiento propio de los precios artificiales.
¿Ilusiones o mero relato del Gobierno?
El último viernes el presidente Alberto Fernández afirmó que "solo escucho quejas porque hay que hacer dos horas de cola para ir a comer". La frase demuestra desconocimiento de la realidad, pero es coherente con la teoría dominante (en la Casa Rosada) de que la inflación es un fenómeno "autoconstruido". Con nuestra historia inflacionaria, la idea de la "mera sensación" evoca a las teorías terraplanistas o al mito de que la Apolo XI no llegó a la Luna. El drama es que para encarar el problema de la inflación hay que conocerlo. Es probable que entre los economistas que el Presidente citó como fuente aparezca el exministro de Economía y hoy gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuyo principal éxito contra la inflación consistió en esconderla, adulterando los datos del Indec.