La causa contra estos dos jóvenes discapacitados -uno de ellos con problemas motrices para desplazarse y que si bien habla pero solo expresa incoherencias- y de su hermano -que según uno de los informes del expediente solo puede entender órdenes cortas (andá, volvé, comé, acostate) se inició el 19 de marzo de 2018 cuando los padres de una chica menor de edad que se encontraba en situación de vulneralidad social, denunciaron que los dos hermanos habían abusado sexualmente de ella. El legajo de investigación N° 31/18 fue girado a la fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez con el que se originó el expediente N° 78909/18 contra ambos muchachos por abuso sexual con acceso carnal "agravado por la situación de convivencia preexistente y la minoridad de la víctima", caratuló la fiscal. La menor tiene algún parentezco con ellos. Ambos hermanos, como sucede con cualquier detenido o al menos así debería ser, fueron sometidos al control de legalidad, un derecho de quienes son puestos a disposición de la Justicia para corroborar que al momento de la detención no hayan sido víctimas de apremios ilegales de la Policía entre otras garantías. Días más tarde fueron citados a la audiencia de imputación y luego de ese trámite se ordenó que sean alojados en la comisaría 46 de Aguaray. La pregunta que se hacen otros funcionarios judiciales y del propio Ministerio Público Fiscal consultados por El Tribuno es básica: "¿Cómo es que en ambos trámites nadie se dio cuenta que eran personas discapacitadas?". Y la sospecha que sobrevuela este caso -pero que no sería el único- es peor: que los funcionarios judiciales no están presentes en las audiencias. Pero además, las supuestas declaraciones como imputados de uno de los dos hermanos, no se condice con la realidad sencillamente porque el muchacho no habla. Pero las irregularidades no concluyen ahí sino que la misma denunciante del juez, de la fiscal, del defensor que hoy oficia de tutora, a las pocas semanas de la detención de ambos jóvenes contrató al abogado penalista del fuero local Aldo Ramón Hernández quien durante los casi 3 años que estuvieron detenidos presentó cuanto recurso pudo para advertir que sus defendidos eran discapacitados. Hernández tampoco fue escuchado. Una vez que el magistrado en feria los declaró inimputables y ordenó que queden libres, se dispuso el traslado hacia el hospital Ragone, pero ambos fueron rechazados "por no tratarse de enfermos mentales peligrosos para sí mismos ni para otras personas" reza el certificado expedido por el neuropsiquiátrico.
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La causa contra estos dos jóvenes discapacitados -uno de ellos con problemas motrices para desplazarse y que si bien habla pero solo expresa incoherencias- y de su hermano -que según uno de los informes del expediente solo puede entender órdenes cortas (andá, volvé, comé, acostate) se inició el 19 de marzo de 2018 cuando los padres de una chica menor de edad que se encontraba en situación de vulneralidad social, denunciaron que los dos hermanos habían abusado sexualmente de ella. El legajo de investigación N° 31/18 fue girado a la fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez con el que se originó el expediente N° 78909/18 contra ambos muchachos por abuso sexual con acceso carnal "agravado por la situación de convivencia preexistente y la minoridad de la víctima", caratuló la fiscal. La menor tiene algún parentezco con ellos. Ambos hermanos, como sucede con cualquier detenido o al menos así debería ser, fueron sometidos al control de legalidad, un derecho de quienes son puestos a disposición de la Justicia para corroborar que al momento de la detención no hayan sido víctimas de apremios ilegales de la Policía entre otras garantías. Días más tarde fueron citados a la audiencia de imputación y luego de ese trámite se ordenó que sean alojados en la comisaría 46 de Aguaray. La pregunta que se hacen otros funcionarios judiciales y del propio Ministerio Público Fiscal consultados por El Tribuno es básica: "¿Cómo es que en ambos trámites nadie se dio cuenta que eran personas discapacitadas?". Y la sospecha que sobrevuela este caso -pero que no sería el único- es peor: que los funcionarios judiciales no están presentes en las audiencias. Pero además, las supuestas declaraciones como imputados de uno de los dos hermanos, no se condice con la realidad sencillamente porque el muchacho no habla. Pero las irregularidades no concluyen ahí sino que la misma denunciante del juez, de la fiscal, del defensor que hoy oficia de tutora, a las pocas semanas de la detención de ambos jóvenes contrató al abogado penalista del fuero local Aldo Ramón Hernández quien durante los casi 3 años que estuvieron detenidos presentó cuanto recurso pudo para advertir que sus defendidos eran discapacitados. Hernández tampoco fue escuchado. Una vez que el magistrado en feria los declaró inimputables y ordenó que queden libres, se dispuso el traslado hacia el hospital Ragone, pero ambos fueron rechazados "por no tratarse de enfermos mentales peligrosos para sí mismos ni para otras personas" reza el certificado expedido por el neuropsiquiátrico.
Los hermanos fueron nuevamente trasladados a Aguaray y actualmente se encuentran en la finca donde siempre habían vivido. Pero además de vulnerarse los más elementales derechos humanos al privarlos ilegalmente de su libertad por casi tres años, la Justicia norteña nunca pudo determinar quiénes fueron los verdaderos autores de la violación de la chica denunciante. Ese fue otro de los puntos resaltados por el magistrado en feria que en una extensa sentencia decidió que queden libres, prácticamente a un par de días de tener el expediente en sus manos; un trámite que sus pares demoraron casi 3 años sin resolver.
La ayuda para ahora
La abogada Esper explica que "una demanda al Estado provincial o a quien sea por lo que se cometió con ambos jóvenes llevará más de 10 años y lo que se necesita es que por lo menos se les brinde la protección que necesitan, pero ahora. No se puede seguir con tanta burocracia cuando el Estado debe arbitrar los medios precisamente para este tipo de casos. Lo que les pasó a estos dos hermanos es algo incalificable pero además de eso, no se puede permitir que se sigan vulnerando sus derechos más elementales", consideró la letrada de Tartagal.
En la denuncia dejó sentado que solicitó una audiencia con el procurador general, el ministro y el fiscal de Derechos Humanos y al propio gobernador.