La fiscal Federal de Orán, María del Carmen Núñez, imputó a la exdirectora del área de la Mujer y la Diversidad del municipio de Tartagal, Carla Cordero, y a Sandra Domínguez, una empleada que se desempeñaba en esa oficina, por el delito de "exacciones agravadas" previsto en el artículo 266 del Código Penal. En tanto, un hijo de Domínguez, de apellido Hurtado, fue imputado en carácter de partícipe necesario.
inicia sesión o regístrate.
La fiscal Federal de Orán, María del Carmen Núñez, imputó a la exdirectora del área de la Mujer y la Diversidad del municipio de Tartagal, Carla Cordero, y a Sandra Domínguez, una empleada que se desempeñaba en esa oficina, por el delito de "exacciones agravadas" previsto en el artículo 266 del Código Penal. En tanto, un hijo de Domínguez, de apellido Hurtado, fue imputado en carácter de partícipe necesario.
Sarah Yamila Esper, abogada de la denunciante cuya presentación dio inicio a la investigación en el fuero federal por tratarse de retención de dinero a beneficiarias de un programa nacional, precisó que en el marco de la investigación "se conocieron otros nombres de personas a quienes se derivaban los pagos (que hacían las beneficiarias) y por el momento están faltando los depósitos de dinero en algunos bancos y otros medios de pago.
Solamente en concepto de transferencias de un solo banco, según explicó la fiscal en la audiencia, estamos hablando de $650.000 transferidos hasta el mes de mayo de 2022 desde agosto de 2021. La lista de las mujeres que transfirieron los fondos era bastante larga por lo que el juez pidió que se leyeran algunos nombres solamente".
Tanto Sandra Domínguez como su hijo se abstuvieron de declarar pero sí lo hizo la exdirectora de la diversidad Carla Cordero. En ese sentido la letrada Esper consideró que "lo que expresó fue que todo era un tema político, usado para perjudicar su imagen. Además aseguró no conocer a la denunciante a quien patrocinó, la señora Grecia Arias. También manifestó que la clave de acceso (del programa nacional Acompañar otorgada por Anses) estaba a su nombre, que ella no controlaba nada con lo cuál es confesa también del delito de falta a los deberes de funcionario público", interpretó.
Solamente en concepto de transferencias de un solo banco, según explicó la fiscal en la audiencia, se realizaron movimientos por $650.000 entre los meses de agosto de 2021 y mayo de 2022.
Esper consideró que "Carla Cordero en su declaración puso en jaque a varias beneficiarias. Como se conoce, el programa Acompañar está destinado a mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+ que se encuentren en estado de vulnerabilidad y en una situación económica apremiante. Pero la exfuncionaria quiso explicar que lo que a ella le daban en términos dinerarios estas beneficiarias era para pagarle honorarios porque ella es corredora inmobiliaria, con lo cual la pregunta que surge es: ¿de dónde sacaron esas beneficiarias recursos para adquirir bienes raíces? Todo eso debe ser materia investigativa en la fiscalía federal", explicó.
Las irregularidades
La investigación que lleva adelante la Justicia federal norteña se inició cuando beneficiarias del programa nacional Acompañar, en forma espontánea comenzaron a exponer en diferentes medios de comunicación de Tartagal y Mosconi que ellas cobraban el programa nacional, que desde la oficina municipal de Tartagal Cordero, Dominguez y otras empleadas les gestionaban a pesar de no ser mujeres ni integrantes del colectivo LGBTIQ+ víctimas de violencia de género.
El programa nacional, para evitar el sometimiento de estas personas a sus parejas por razones económicas, destina por 6 meses consecutivos un monto de dinero equivalente al sueldo mínimo vital y móvil. Pero las mujeres denunciaban que Cordero, Domínguez y otras personas de esa oficina municipal, las obligaban a entregar la suma de $10.000 mensuales para mantenerlas en el programa, con la promesa de pasarlas al programa Potenciar Trabajo en forma automática.
Muchas mujeres -no se sabe cuántas- accedieron a abonar esa "cuota" pero otras, como la denunciante Grecia Arias, decidió terminar con esta exigencia ilegal y denunciar el hecho ante la prensa local primero y formalizar su presentación con el patrocinio de Sarah Esper ante la Justicia federal.
Esper consideró que "es necesario que el Anses libere y le dé la lista de las beneficiarias a la Justicia federal en los municipios de Tartagal y General Mosconi ya que en declaraciones a la prensa local, un familiar de una de las imputadas reconoció que él manejaba en esa segunda localidad los programas que se daban y que toda la operatoria dependía de Tartagal".
"En la causa -precisó la letrada- aparecen montos depositados en las cuentas de Cordero, de Domínguez y de Hurtado y figura también el nombre de Carina Isabel Toledo quien recibió más de 20 transferencias. Hurtado, por su parte, transfería el dinero que le ingresaba a la cuenta de su madre y de otros parientes que llevan su mismo apellido. Toda esta gente tienen por disposición de la Justicia impedimento de acercarse a mi representada", explicó la letrada.
CORRESPONSALÍA TARTAGAL