La amenaza de muerte contra el capitán de la Selección, perpetrada con un ataque a balazos contra un supermercado de sus suegros, tuvo el impacto que sus autores esperaban: mostró a la ciudad de Rosario en el lugar destacado que ocupa dentro del mapa mundial del crimen organizado. Además, evidenció el desconcierto del Gobierno que parece desconocer una crisis de seguridad que amenaza con expandirse por todo el territorio del país.
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La amenaza de muerte contra el capitán de la Selección, perpetrada con un ataque a balazos contra un supermercado de sus suegros, tuvo el impacto que sus autores esperaban: mostró a la ciudad de Rosario en el lugar destacado que ocupa dentro del mapa mundial del crimen organizado. Además, evidenció el desconcierto del Gobierno que parece desconocer una crisis de seguridad que amenaza con expandirse por todo el territorio del país.
Este ataque no es un caso aislado. Es un hecho más dentro de un fenómeno que ya lleva veinte años, como dijo el ministro Aníbal Fernández.
Justamente, en la víspera del atentado una gavilla ejecutó a un hombre en el barrio Urquiza. Fue la víctima número 58 en lo que va de 2023. El nivel de refinado sadismo que exhiben los criminales en Rosario es un dato alarmante, describe su desprecio absoluto por la vida humana. El 1 de febrero, el artista callejero Lorenzo Altamirano, sin vínculo con los narcos ni con ninguna barra brava, fue levantado al azar y asesinado de tres balazos frente al estadio de Newell's. Un mensaje transmitido con cadáveres y dirigido a uno de los líderes de las barras del club. Newell's es, justamente, la institución de la que surgió Lionel Messi y a la que le gustaría volver. El mensaje mafioso del jueves decía: "Messi, te estamos esperando".
Los "cadáveres mensajeros" son una modalidad habitual entre bandas de narcotraficantes o terroristas de cualquier índole en sus disputas territoriales.
Desde 2013 se registraron 2.340 homicidios en Rosario. En 2022 se batió el récord de 288 muertes. En 2023, los crímenes se encaminan a superar ampliamente esa cifra. Siete de cada diez homicidios están vinculados al narcotráfico, o a delitos asociados, el lavado de dinero, el contrabando o el control territorial de delincuentes de cualquier rubro.
El poder central no prioriza el tema, porque no está entre sus inquietudes reales y porque, a su vez, se encuentra enmarañado con doctrinas abolicionistas que, por ejemplo, facilitan que los jefes de las bandas detenidos en cárceles federales dispongan de celulares y teléfonos para continuar liderando a sus secuaces. La interventora del Servicio Penitenciario Federal es María Laura Garrigós de Rébori, la fundadora de Justicia Legítima.
Desde hace demasiados años los servicios de inteligencia quedan en manos de personas sin ninguna formación que se dedican a utilizar la tecnología para el espionaje político.
Lo que hace falta es responsabilidad democrática e inteligencia estratégica.
Nadie va a resolver el problema de Rosario en dos semanas.
La proliferación del empleo informal y la pobreza, convierten a la droga y al narcotráfico en un problema social. En Rosario, pero también en el conurbano bonaerense y los barrios periféricos de las ciudades de todo el país, aumenta la oferta de droga, la demanda y el interés de los jóvenes que, sin trabajo ni estudio ni horizontes, se ofrecen como "soldaditos" para ganar sus dosis y un ingreso con un tráfico destructivo que pone en riesgo sus vidas.
La droga no ganó la batalla, pero avanza, y no se la va a detener con represión ilegal ni con exhibicionismos teatrales.
La connivencia de los narcos con agentes penitenciarios, como así también con el personal de las distintas fuerzas que permite la existencia de "zonas liberadas" son un tema complejo, porque supone la tolerancia de funcionarios con poder político.
Por otra parte, con una economía informal generalizada, rebautizada como "economía popular", sumada a la enorme deserción escolar, es inevitable que prolifere la venta al menudeo en los barrios.
El crimen organizado, y el narcotráfico en particular, desafían al Estado de Derecho.
La debilidad de los gobiernos permite a las bandas usurpar progresivamente el control de sectores de la sociedad y van convirtiendo al país en rehén de su violencia.