Claudia Silvina Vargas, ministra de Desarrollo Social de Salta desde hace 15 meses, dialogó con El Tribuno sobre la imputación a ocho operadoras de una casa hogar por maltratar a niños. Vargas destacó la "responsabilidad" de los funcionarios públicos en garantizar el interés superior de los niños y respetar las normativas nacionales e internacionales. Dijo que la Justicia está investigando el caso y, mientras tanto, "no se pueden tomar decisiones" que vayan en contra de las pruebas existentes.
inicia sesión o regístrate.
Claudia Silvina Vargas, ministra de Desarrollo Social de Salta desde hace 15 meses, dialogó con El Tribuno sobre la imputación a ocho operadoras de una casa hogar por maltratar a niños. Vargas destacó la "responsabilidad" de los funcionarios públicos en garantizar el interés superior de los niños y respetar las normativas nacionales e internacionales. Dijo que la Justicia está investigando el caso y, mientras tanto, "no se pueden tomar decisiones" que vayan en contra de las pruebas existentes.
¿Cuál es la posición del Gobierno en el caso de las ocho trabajadoras del hogar que están acusadas de maltratar a niños?
Dentro del Ministerio de Desarrollo Social tenemos cuatro secretarías y una de esas es la Secretaría de la Niñez. Un deber primordial y fundamental es el interés superior de los niños que por una disposición legal deben estar ante nuestro cuidado. Habiendo los equipos técnicos que brindan acompañamiento a los niños en los dispositivos advertido de que quizás hay una situación de maltrato, se procedió como debemos proceder, como lo dice la normativa legal, no solo a nivel nacional, sino supranacional y que forma parte incluso de nuestra Constitución nacional, como lo dice la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes. También teníamos la obligación de efectuar la denuncia penal pertinente. Y, además, no solo hacer la denuncia, sino suspender preventivamente a las operadoras. En este caso, debemos distinguir que de las ocho o nueve personas denunciadas había personas que eran planta permanente y otras contratadas. A las de planta permanente se las cambió de lugar de trabajo mientras dura el procedimiento administrativo para ver si daba lugar a sumario o no. Y en cuanto a las contratadas, como todo contrato de locación de servicio, el Estado tiene la facultad de renovar o no su contrato. Entonces, se procedió a no renovar el contrato.
¿Este proceso cuándo comenzó?
En enero es cuando se toma conocimiento de esta situación, cuando se vuelve a repetir, conforme lo dice la ley, hicimos de forma inmediata la denuncia.
Y con respecto a los reclamos de ATE, ¿ya los atendieron?, ¿qué le dicen al gremio?
Tanto las trabajadoras de la planta permanente como las contratadas fueron siempre escuchadas. Las escuchó no solo la secretaria de Niñez, sino que también estuvieron acá, en el Ministerio, yo mismo las atendí personalmente. Hay dos cosas, por un lado están los trabajadores, sus derechos, pero también todo trabajador tiene obligaciones. Y si resulta que no cumplí con mis obligaciones está la posibilidad de iniciar sumarios y la facultad de no renovar contratos.
Nosotros, como funcionarios públicos puestos al cuidado de los niños, el interés superior que yo tengo es el interés de los niños. Ante la presunción de lo que manifestaban los niños de que había maltrato infantil, lo que teníamos que hacer es lo que se hizo. Yo entiendo a ATE en pos, supuestamente, de defender los derechos de los trabajadores, que están totalmente protegidos, porque vuelvo a decir, el trabajador de la planta permanente, mientras dure el proceso de investigación sigue cobrando su sueldo; están en su lugar, no en donde estaban, pero sí están reubicados. A los contratados, con esta situación, era obvio que no le íbamos a renovar.
Ayer se violaron muchísimas normas sindicales. Primero, no me consta que se haya anunciado la medida de fuerza ante la Secretaría de Trabajo. Y segundo, impidieron el acceso al lugar de trabajo, porque estaban apostados, obstruyendo el ingreso, y eso también es violar las normas de derechos sindicales, porque cada trabajador tiene el derecho a elegir si quiere acogerse a una medida de fuerza o si quiere ir a trabajar. Entonces se violentó el derecho de muchos trabajadores de la Secretaría que ayer no podían ingresar a trabajar, lo que es una flagrante violación de la normativa de derechos sindicales .
Y ahora, ¿cómo sigue el futuro de esos niños en el hogar?
Hoy por hoy es un lugar donde debemos poner todo en cuidado. Y el cuidado se parte hasta de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es revictimizar de nuevo a los niños. Esta situación nos consta, se le acercó -información- al fiscal, de que las personas que fueron separadas de los cargos intentaron, por ejemplo, abordar a los niños en distintas actividades que ellos prestaban, como para poder hablar con ellos e inducirlos a determinadas respuestas en la Justicia. Hay muchas otras personas, que lamento su accionar, que están operando en medio de las sombras. Lo que los niños de este hogar necesitan es tener la tranquilidad que como niños tienen derecho a tener. Por eso le pido a la comunidad que se ponga un poquito en el lugar de lo que es ser funcionario público y ver que los niños sufrieron aparente maltrato y teníamos que hacer lo que se hizo. Más allá de que hoy estas personas se encadenen y demás, hay una norma básica que es cumplir una obligación conforme a derecho.
Ministra, ¿quiere agregar algo más?
Entiendo, como digo, los derechos de los trabajadores, pero acá está en juego el interés superior del niño, hay una situación de aparente maltrato infantil que está en manos de la Justicia. Mientras, nosotros, mal que le pese al gremio, no podemos tomar otra decisión, más que esperar lo que la Justicia tenga que decir. Hay un acta de compromiso que firmó la coordinadora de este ministerio diciendo que si eventualmente ellas son sobreseídas, se las va a retomar y dar un nuevo contrato. Hasta que la Justicia no nos diga que son inocentes, que son sobreseídas, no podemos devolverle su trabajo. No podemos y no debemos hacerlo. Lamentablemente, nada nos dice que vayamos en ese camino, todo lo contrario. Que haya un auto de imputación significa que de las pruebas que evaluó el fiscal, del cúmulo de pruebas y demás, de las personas denunciadas, que las mismas deben seguir siendo investigadas porque hay una semiprueba, digamos una semicerteza de que este hecho sí se cometió.