Días pasados nuestra Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de modificación del código procesal penal de nuestra provincia que tuvo sus inicios allá por el mes de marzo del año 2021, cuando el entonces procurador de la provincia el Dr. Abel Cornejo creó la comisión de reforma del Código Procesal Penal de Salta "… para el análisis del tratamiento de la evidencia digital en la actualidad y proyección de una futura reforma…", según cita textual de su articulado.
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Días pasados nuestra Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de modificación del código procesal penal de nuestra provincia que tuvo sus inicios allá por el mes de marzo del año 2021, cuando el entonces procurador de la provincia el Dr. Abel Cornejo creó la comisión de reforma del Código Procesal Penal de Salta "… para el análisis del tratamiento de la evidencia digital en la actualidad y proyección de una futura reforma…", según cita textual de su articulado.
Quien suscribe tuvo el honor de ser invitado a integrar la misma en representación del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, junto a los Dres. Diego Pérez, ex Secretario de Justicia de la Provincia; Sofía Cornejo, hoy fiscal del ciberdelito de nuestra provincia y representantes de las Universidades entre otros. Dicha comisión contó con el asesoramiento del Dr. Marcos Salt, reconocido profesional del Derecho en nuestro país y asesor a nivel internacional en la temática.
En la cocina del proyecto, con reuniones con especialistas en la materia tales como los Dres. Salt, Cafferata Nores, por citar solo algunos referentes en la temática, y al abordar figuras tales como la del agente encubierto digital, la posibilidad de obtención remota de datos, la intervención de todo tipo de comunicaciones; nuestra postura siempre fue la del respeto irrestricto de las garantías constitucionales, de garantías individuales tales como la privacidad, la intimidad, etc.; entendiendo, obviamente, que las herramientas que la reforma hoy propone son fundamentales a los fines de encarar los nuevos tiempos de la delincuencia, de la delincuencia organizada.
El avance tecnológico aplicado al delito requiere soluciones análogas y estas demandan obviamente reformas de nuestros vetustos Códigos Procesales; añejos no por falta de conocimientos o de idoneidad de sus redactores sino simple y sencillamente porque lo que hoy tenemos, en su época, no existía. Los tiempos cambian. Lo que hoy nos abruma, y a veces hasta nos avasalla, hace algunos años lo veíamos solo en las películas de ciencia ficción.
La investigación penal no osaba abordar estos temas, la evidencia física lo era todo. Hoy, me animo a decir, sin temor a equivocarme, que la evidencia digital lo es todo. No existe delito en donde esta no intervenga. Nos alejemos de los delitos específicos en los que la tecnología es factor fundamental de su consumación; el grooming por citar un ejemplo, en donde nuestros niños son las víctimas. En estos esta claro el rol relevante de las TIC. Vamos, por ejemplo, a un homicidio. En la actualidad, el conocer por dónde transitó el celular de la víctima, o del posible imputado, cual fue el camino que siguió ese elemento del que la amplísima mayoría de nuestra gente no puede desprenderse o alejarse, nos permite arribar a un alto grado de certeza en las investigaciones, nos permite descubrir crímenes que hubiesen quedado impunes en otros tiempos. ¿Cómo lo hacemos? Con la triangulación de las antenas de telefonía móvil, con lo informes de las compañías telefónicas, con la información existente en el propio aparato de la víctima o el autor del delito.
¿Cómo obtenemos esta evidencia? Con herramientas como las que hoy se impulsan. Con el aseguramiento de los siempre volátiles datos informáticos. Con la posibilidad de obtenerlos de parte de las empresas proveedoras de servicios. Con la posibilidad de secuestrarlos, de obtenerlos remotamente, de introducir los agentes encubiertos digitales en el entorno virtual, en la red investigada.
¿Cómo evitamos la arbitrariedad del poder? Con los necesarios equilibrios, con el juego de los frenos y contrapesos, poniendo en manos del fiscal la fundamentación de la necesariedad de la medida, dotando al juez de la decisión de su otorgamiento, haciendo andar el engranaje, permitiendo a los que tienen que impulsar la investigación llevarla adelante, sabiendo que quienes tienen que controlarla gozan de todo el poder para ello y, finalmente, activando el eslabón de las responsabilidades para los excesos.
Un sistema de Justicia que se precie de ser tal debe contar necesariamente con todos estos engranajes, máxime en nuestra provincia, donde el Ministerio público no es parte del poder judicial y justamente el esquema fue diseñado para hacer factible este esquema de frenos y contrapesos.
Zapatero a tus zapatos, entonces; con herramientas idóneas y modernas. Así como desde el año 2012 reclamábamos la creación de la fiscalía del ciberdelito en nuestra Provincia y hoy es una realidad, le demos las herramientas para hacer posible su función. Para el reaseguro, para el control posterior, el Poder Judicial ya cuenta con las herramientas necesarias; es cuestión de utilizarlas. Nuestra labor, como abogados, será controlar, activar, estas últimas ante la detección de excesos o de actos reñidos con el fin buscado.
* Es abogado especializado en Derecho y Tecnología