Momentos de mucha tensión se vivieron en el hospital de la localidad de Santa Victoria Este cuando unos 80 originarios ingresaron a las instalaciones del nosocomio con la intención de tomar el edificio en reclamo a lo que aseguran, es maltrato o discriminación por parte del personal médico y de enfermería. Afortunadamente y después de dialogar con el fiscal penal con jurisdicción en el Chaco salteño, Armando Cazón, los originarios accedieron a retirarse pacíficamente.
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Momentos de mucha tensión se vivieron en el hospital de la localidad de Santa Victoria Este cuando unos 80 originarios ingresaron a las instalaciones del nosocomio con la intención de tomar el edificio en reclamo a lo que aseguran, es maltrato o discriminación por parte del personal médico y de enfermería. Afortunadamente y después de dialogar con el fiscal penal con jurisdicción en el Chaco salteño, Armando Cazón, los originarios accedieron a retirarse pacíficamente.
El conflicto comenzó hace algunos días cuando una decena de originarios encabezados por dos conocidos dirigentes, llegaron hasta el hospital y según denunciaron los médicos y enfermeros que se encontraban en el lugar, fueron amenazados.
Los aborígenes exigen que los médicos que asisten a esa postergada población del Chaco salteño, algunos de los cuáles son de nacionalidad boliviana, dejen sus puestos y que en su lugar se designen profesionales argentinos.
La realidad es que ni a Tartagal los profesionales quieren trasladarse y por eso las carencias en materia de profesionales, asistir a los pobladores del inhóspito Chaco Salteño es aún más dificultoso.
Ese día los originarios se retiraron, pero el personal formalizó denuncias contra Alejo Gallardo, exdirigente del IPPIS, Gervasio y Filiberto Barbier.
Intento de toma
El lunes, unos 80 originarios regresaron al hospital, ingresaron a sus instalaciones encabezados por los mismos dirigentes antes mencionados con intenciones de tomar de rehén al personal de salud. Según relató a El Tribuno el fiscal Cazón: "Cuando la policía me informó lo que estaba sucediendo, hablé con los dirigentes originarios y afortunadamente entraron en razón y se retiraron. La situación fue de mucha tensión porque a una distancia tan larga de Tartagal, si tomaban la decisión de ingresar por la fuerza y permanecer, hubiera sido caótico y muy difícil sacarlos".
Los dirigentes, después de las denuncias, fueron imputados por los delitos de amenazas y privación ilegítima de la libertad ya que en el lugar el personal de salud vivió momentos de mucha tensión y mucho temor ante la actitud de los originarios, el escaso personal policial y las distancias para poder actuar por parte de las autoridades judiciales. Esta semana, Gallardo, Gervasio y Filiberto Barbier deben prestar declaración ante la fiscalía penal ubicada en Tartagal.
Los originarios exigen más personal para el hospital, que los médicos sean argentinos, más medios de transporte, entre otros temas.
(AGENCIA TARTAGAL)