Lejos de promover el desarrollo provincial, algunos gobernadores lo ahogan con sistemas corruptos y prebendarios para perpetuarse a través de un manejo más sutil del clientelismo electoral basado en el empleo público y subsidios.
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Lejos de promover el desarrollo provincial, algunos gobernadores lo ahogan con sistemas corruptos y prebendarios para perpetuarse a través de un manejo más sutil del clientelismo electoral basado en el empleo público y subsidios.
Gildo Insfrán fue primero vicegobernador de Vicente Joga, hasta ser elegido gobernador por primera vez, en 1995. En 1999 impulsó la reforma constitucional provincial que habilitó la reelección indefinida tras dejar fuera de la contienda a la oposición. Y apostó días atrás a ser reelegido por octava vez consecutiva en ese cargo para gobernar a los 606.041 habitantes (Censo 2022) de esa provincia.
Se trata de un gobierno que ha evidenciado falencias graves y reiteradas que se reflejan en las condiciones de vida de sus habitantes. Formosa disputa con Santiago del Estero, el feudo de la familia Zamora, el triste rol de ser las provincias con más pobres, peor educación y grave ausencia de una Justicia independiente. La degradada calidad institucional en la provincia puede medirse también a partir de indicadores como la dificultad para acceder a la información pública, el monopolio de comunicación instaurado por el gobernador a través de las redes y el atraso en infraestructura, agua corriente y cloacas que golpea al pueblo formoseño, con dos tercios de la población activa trabajando por paupérrimos salarios en el sector público. La mortalidad infantil ronda el 11,3 por mil y supera el promedio de la Argentina, que es del 8,8 por mil.
Todo lo que significa una provincia moderna, pujante, vital y vinculada al mundo ha sido desmantelado y con él su base productiva. El campo, la industria, los servicios, los emprendedores, las pymes son expoliados para ampliar la economía asistencial, sin estímulo alguno ni compensación que permita continuar generando riqueza.
La clave de la coparticipación
El régimen de coparticipación federal estipulado por la reforma constitucional de 1994, en el caso de Formosa, ha sido distorsionado al exhibir un desbalance en desmedro de otras provincias, ya que su presupuesto se conforma con un alto porcentaje de transferencias directas del Gobierno nacional (superior al 50%), lo que evidencia arbitrariedad en la distribución de recursos y discrecionalidad del Estado al favorecer a una provincia adicta.
Los comicios provinciales repiten situaciones pasadas ya denunciadas, que incluyen irregularidades a la hora de sumar votantes extranjeros que vienen del Paraguay, a los que Insfrán les concedió planes sociales y subsidios diversos. En cada elección obtuvo más del 70% de los votos, no sin un sinfín de denuncias de robos de DNI, padrones truchos, clientelismo y aprietes. En la búsqueda de un nuevo período en la gobernación habrá sumado para este año, 28 años ininterrumpidos de hegemonía absoluta en el poder, fagocitado ello por un método de sufragio que favorece al ganador, sin representación de las minorías, controlando de manera desproporcionada la Legislatura, lo que le permite nombrar jueces y dominar los espacios de control, frente a una oposición que queda desarticulada ante tamaño poderío institucional. Hacen falta profundas reformas de los sistemas electorales provinciales para lograr un fuerte saneamiento institucional.
El rigor del clientelismo
Este mandatario ha clausurado el disenso, hundido a la provincia de Formosa en los lodazales de una dictadura empobrecedora, que solo mantiene como fachada la convocatoria a elecciones, a las que se contamina de fraude antes que se realicen, ha generado un sistema sociopolítico que asfixió a quienes trabajan y producen en beneficio de esquemas clientelistas, incrementando desmesuradamente el número de empleados públicos. Como es previsible, la educación no está entre las prioridades, porque un pueblo educado se convierte en un pueblo libre.
Gildo Insfrán se mantiene en el poder no solo por el anacronismo de una de las pocas Constituciones provinciales que admite la reelección en forma indefinida y por un clientelismo que emplea como carne de cañón electoral a vastos contingentes de personas bajo el nivel de pobreza, manteniendo a la provincia postrada en el atraso y la miseria.
Todo lo detallado es una violación explícita de derechos humanos fundamentales.
Nos preguntamos entonces qué herramienta tiene a su alcance el ciudadano formoseño para detener ese abuso de poder. Varios intentos mediante acciones judiciales llevadas a cabo otrora por miembros de la sociedad civil han fracasado, la paciencia de un pueblo frente al autoritarismo tiene un límite, quizás el mismo hoy ya está siendo franqueado.
En fecha reciente un diputado nacional y candidato a gobernador de Formosa, pidió una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad del artículo 132 de la Carta Magna provincial que permite la reelección indefinida del gobernador y el vice, solicitando la suspensión de las elecciones del 25 de junio y la inhabilitación "a todo aquel que pretenda perpetuarse en el poder, a expensas y en perjuicio del pueblo formoseño". Es de esperar que la CSJN defienda su competencia originaria por cuanto se dan las extremas circunstancias que autorizarían su intervención al haberse denunciado que se encontraría comprometida la esencia de la forma republicana de gobierno (art. 5° de la Constitución Nacional) al pretender violarse el principio constitucional de alternancia en el cargo.
Debemos tener presente que la democracia liberal y republicana es una marca de identidad para este país y recordarlo es una forma de enfrentar los embates autoritarios que contaminan la Nación. Resulta imprescindible dejar en claro que en nuestra Patria las reglas siguen siendo las de un Estado de derecho, por lo que los gobernantes deben sujetarse al imperio de nuestra Constitución republicana y democrática cuyo propósito es limitar el poder y prevenir la tiranía, con sus pesos y contrapesos como la separación de poderes, la libertad de expresión, entre tantos otros. Aquí el papel de la Corte Federal resulta relevante, por cuanto se encuentra dentro de sus funciones primordiales tutelar todo el sistema estructural político de la Nación Argentina en cuanto: al debido respeto a las instituciones de esta índole establecidas por la Carta Fundamental, al modo de elección de sus autoridades, el respeto inexorable al término de duración de sus mandatos para cumplir con el principio republicano de periodicidad de funciones, resguardando las formas y procedimientos establecidos por la Constitución Nacional, velando por el correcto desempeño de las autoridades ajustado a las cláusulas constitucionales; el respeto por la legalidad, sancionando todo acto que atente de algún modo contra la preservación del sistema democrático y republicano consagrado por nuestra Ley Fundamental.
Cabe preguntarse si la provincia de Formosa, al establecer en su constitución la reelección indefinida, que solo se daba antes de que los argentinos acometiéramos la tarea de la organización nacional, luego de Caseros, con la aprobación de la Constitución en 1853, no está violando impunemente lo establecido en ella.
La cuestión constitucional
La Ley Fundamental de la Nación, en su artículo 5°, dice claramente: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional, y que asegure la administración de Justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones".
Ninguna duda cabe que la brutal extensión del período de mandato del gobernador de Formosa vino a provocar una importante distorsión de los equilibrios institucionales de aquella Provincia. No es esta una situación normal, lo que habla de la necesidad de poner un límite temporal a su gestión por cuanto el cargo vitalicio no encaja en la democracia representativa y constituye un peligro latente tanto para las libertades públicas como para la vigencia real de los derechos de los ciudadanos. Es que, no hay república sin periodicidad de los mandatos ni alternancia entre el oficialismo y la oposición.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la última palabra, es de esperar que haga respetar los principios republicanos si se aspira a forjar un proceso de regeneración institucional y consolidación democrática.