El sueño de la casa propia llevó a la familia Lazarte a ocupar una vivienda que estaba deshabitada desde septiembre en barrio Los Pinares. A la espera de una respuesta al pedido iniciado mediante la carpeta L3491 que presentaron en el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) en 2007, Cristina, ama de casa y José, empleado de comercio, decidieron instalarse junto a sus tres hijos en una casa que no les adjudicaron pero que necesitan.
La familia alquilaba un departamento en el barrio Bancario de la ciudad de Salta, pero ante la imposibilidad de pagar el aumento solicitado por los propietarios o reunir el dinero para irse a otro lugar, optaron por mudarse a la vivienda del barrio cerrillano.
El 5 de noviembre les llegó una carta de desalojo y una denuncia por usurpación radicada en la fiscalía deCerrillos. El pedido para que dejaran la casa se reiteró unas semanas después y el plazo se venció hace algunos días. Hasta ahora los Lazarte siguen allí.
"Me da mucha impotencia lo que estamos viviendo. La desesperación de no poder pagar el alquiler donde estábamos viviendo nos llevó a esto. Hace muchos años esperamos por nuestra casa. En lugar de permitir que estas casas estén abandonadas deberían darlas a la gente que las necesita", dijo a El Tribuno la mujer, quien junto a su marido arregló la vivienda, ubicada en la manzana 40. Al parecer estaba abandonada desde hace mucho tiempo. No tenía puertas, ventanas ni los accesorios de baño y cocina.
"Le habían sacado hasta los cables de la conexión eléctrica. Tenía habitaciones quemadas. Estaba abandonada hasta por el IPV", describió Cristina.
La familia convive con el temor a quedar en la calle. Desde el organismo provincial les habrían advertido que, de no irse, les retirarían la carpeta que contiene la solicitud de una vivienda.
Mediante averiguaciones con los vecinos del barrio, el matrimonio constató que la casa que habitan se habría desadjudicado al propietario original y se encontraría en proceso judicial.
"Fuimos muchas veces a pedir hablar con las autoridades y nunca nos dieron una solución. Solo pedimos que nos ayuden", expresó Cristina.

En la Defensoría de Menores

Hace algunas semanas Cristina fue citada por la Defensoría de Menores e Incapaces de la Provincia para tratar la situación de sus tres hijos, de 11, 7 y 4 años.
"En lugar de darme ayuda me maltrataron. Me dijeron que yo no podía tener a mis hijos en esa casa y que la ayuda que me podían brindar eran 1.000 pesos por única vez y lugar en un refugio hasta por dos semanas", relató la mujer.
Por lo pronto, la familia Lazarte recurrió a un abogado particular, quien se encuentra a cargo de los expedientes legales relacionados con la vivienda que habitan. "Con la poca plata que tenemos fuimos a ver un abogado porque es la única manera que existe de defendernos", concluyó Cristina.

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