A casi una semana de la multitudinaria marcha universitaria en todo el país, el Gobierno nacional abrió canales directos de diálogo con los rectores y anticipó que habrá fondos para las universidades -que reclaman una actualización de las partidas estancadas en el presupuesto 2023-, pero no rescinde la realización de las auditorías para ver "el uso eficiente de los recursos".
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A casi una semana de la multitudinaria marcha universitaria en todo el país, el Gobierno nacional abrió canales directos de diálogo con los rectores y anticipó que habrá fondos para las universidades -que reclaman una actualización de las partidas estancadas en el presupuesto 2023-, pero no rescinde la realización de las auditorías para ver "el uso eficiente de los recursos".
El primer paso de esta nueva etapa en la que el Ejecutivo quiere dejar atrás la movilización que le pegó duro, fue una reunión que ayer mantuvieron la ministra de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi. También estuvo el secretario de Educación, Carlos Torrendell, cuya presencia confirmó el desplazamiento del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, uno de los apuntados por el conflicto que se desató entre el Ejecutivo y las universidades nacionales.
El segundo paso será hoy, a las 11, cuando los funcionarios nacionales reciban a los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la sede de la Secretaría de Educación, en la ciudad de Buenos Aires.
Luego del encuentro con Gelpi, que se extendió por alrededor de 45 minutos, Pettovello aclaró que "nunca desde la Libertad Avanza o el Ministerio de Capital Humano se comunicó que se iba a cerrar o desfinanciar la universidad pública". Se trató de una de las consignas que esbozó el kirchnerismo duro contra el Gobierno la semana pasada.
"La educación para nosotros es fundamental, por eso el Presidente adhirió al compromiso de Argentinos por la Educación cuando aún estaba en campaña. Desde el Gobierno apoyamos fuertemente a la educación pública (tanto de gestión estatal como privada)", agregó la funcionaria nacional.
En esa línea, continuó: "Pero lo que también buscamos es el uso eficiente de los recursos, por eso resguardamos el dinero del contribuyente para sostener la educación. Solo van a verse resultados óptimos si ese dinero es utilizado para garantizar la educación y no la política partidaria".
Al finalizar, Pettovello resaltó: "La marcha universitaria no cambió en nada la relación ni el diálogo que veníamos teniendo con los rectores. Como ya manifestamos, un día antes se habían girado los fondos y aún así se realizó la marcha política opositora".
Se trata de los fondos para los gastos de funcionamiento para las universidades de marzo que fueron depositados con el aumento del 70% para ese ítem, pero no para el resto del presupuesto, que el Gobierno había anunciado un día antes de la marcha, el 22 de abril.
Cuando la UBA se declaró en emergencia presupuestaria denunció que los hospitales universitarios no habían recibido ningún recurso por parte de la administración de Javier Milei. Luego, al anunciar el aumento previo a la marcha, el Gobierno incluyó una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de $14.403.479.661.
Los rectores también plantearán a Pettovello y Torrendell la cuestión salarial. Los sueldos implican la mayor parte del presupuesto universitario -cerca de un 90%-, pero se negocian a través de paritarias. Hasta el momento no hubo acuerdo. La propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%, que fue rechazado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Al igual que el de abril, que fue de un 8%.
Dos puntos más tienen en carpeta los rectores: la reactivación de las obras comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, y la situación crítica del sistema científico.