Por el intento de disolver el Congreso y de llevar a cabo un golpe de Estado, la fiscalía de Perú pidió este viernes que el expresidente Pedro Castillo sea condenado a 34 años de prisión, se informó oficialmente.
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Por el intento de disolver el Congreso y de llevar a cabo un golpe de Estado, la fiscalía de Perú pidió este viernes que el expresidente Pedro Castillo sea condenado a 34 años de prisión, se informó oficialmente.
A través de la red social X, el Ministerio Público de Perú comunicó que "solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública".
De la misma forma, la Fiscalía también pidió por el delito de rebelión 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez; los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez y Willy Huerta, respectivamente; y para los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón, informó la agencia de noticias Europa Press.
La fiscalía reclamó también 15 años de cárcel para el exprimer ministro y exministro de Justicia Aníbal Torres, por el delito de rebelión.
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a través del establecimiento de un "gobierno de excepción".
Este hecho fue interpretado por el Parlamento como un intento de golpe de Estado y el pleno del cuerpo lo destituyó del cargo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia, según consigna la agencia de noticias Sputnik.
Pocas horas después de anunciar su intención de disolver el Congreso y nombrar un gobierno de emergencia, la Fiscalía peruana llevó a cabo su detención.
Desde entonces permanece entre rejas en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, que es conocida como cárcel de los expresidentes, porque allí está alojado Alejandro Toledo y hasta hace poco estaba allí Alberto Fujimori.
Castillo también cumple una pena por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, ya que la Fiscalía de Perú pidió a finales de febrero del año 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Castillo y dos de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro Perú.
El Gobierno de Castillo fue de una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno -con más de 70 ministros- que tuvo en solo 16 meses.
Incapaz de dar rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre, la fuerza que le ganó el balotaje a Keiko Fujimori.
Castillo, un izquierdista de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios.