El Gobierno nacional anunció ayer el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar generando 900 despidos, aduciendo que se ahorrará 9.000 millones de pesos. En Jujuy el instituto tiene 36 profesionales que trabajan en programas de acompañamiento y asistencia para fortalecimiento de pequeños productores.
inicia sesión o regístrate.
El Gobierno nacional anunció ayer el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar generando 900 despidos, aduciendo que se ahorrará 9.000 millones de pesos. En Jujuy el instituto tiene 36 profesionales que trabajan en programas de acompañamiento y asistencia para fortalecimiento de pequeños productores.
En la provincia representantes del organismo mañana prevén ir a una audiencia en la Legislatura donde serán recibidos por diputados provinciales de todos los bloques a quienes pondrán en conocimiento de su situación laboral, presentarán un informe de gestión y pedirán adhesiones.
Según el vocero nacional Manuel Adorni, la resolución se tomó tras revisar datos de ambos organismos que calificó de "calamitosos", que sumaban 964 trabajadores que prevén reducir a una dirección que nucleará a 64 empleados por lo que eliminarán 900 puestos de trabajo, argumentando que con ello se ahorrará 9.000 millones de pesos.
"Nos acabamos de enterar, quedaríamos todos despedidos. Está hablando de una dirección que quedaría con 60 y pico de trabajadores y supongo que está hablando de un grupo de personas en Buenos Aires, no lo sabemos", expresó la actual referente del Instituto de Agricultura Familiar en Jujuy, Anastasia García.
Precisó que en la provincia de Jujuy, cuentan con 36 profesionales empleados quienes vienen trabajando con todas las comunidades indígenas, cooperativas de pequeños productores y asociaciones civiles vinculadas a al campo. "Nunca hemos negado trabajar con ninguna organización, del origen que sea, porque una de las menciones de Adorni es que el trabajo de la institución era direccionada a determinadas organizaciones", aclaró. Y sobre los supuestos fondos discrecionales, explicó que quienes pudieron recibir recursos fue porque tienen su situación jurídica al día, cuenta bancaria, pudieron formalizar su trabajo y se han analizado los recursos disponibles de fondos internacionales y en su momento del Tesoro Nacional.
García recordó que en Jujuy la Secretaría existe desde que se creó el Programa Social Agropecuario en 1993, que en el 2008 se transformó en Secretaría, luego según los gobiernos fue subsecretaría y en la última gestión de Alberto Fernández pasó a hacer Instituto Nacional de Agricultura Familiar. Destacó que el organismo tiene continuidad en el trabajo de los equipos técnicos desde el Programa Social Agropecuario y de hecho cuenta con trabajadores que están desde la primera hora, casi 30 años de trabajo.
"En los últimos años, venimos construyendo más de 200 cisternas entre Puna, Ramal y Valles para predios familiares, se han construido obras de agua en la Puna y en la Quebrada, en el último tiempo se ha invertido en tractores de uso comunitario para grupos de productores que tienen que pagar el servicio de tractor o trabajar manualmente, han sido beneficiadas cooperativas", detalló García.
En torno a los municipios que Adorni mencionó, dijo que fueron beneficiados con el trabajo de la institución mediante tractores que están a disposición de los pequeños productores por tratarse de comunas prácticamente rurales. Destacó la importancia de acompañar y asistir a los pequeños productores que generan la mayoría de la producción de alimentos, desde quesos de cabra, habas, papas andinas, tomates, pimientos y todas las hortalizas de Fraile Pintado o Palma Sola, y otras zonas.
Recordó que el año pasado tenían vigente un programa de emergencia, una suerte de seguro que permitía a las familias acceder a un reintegro aunque sea parcial ante alguna pérdida por emergencia climática, incendio, granizo e inundación. "Estamos hablando de una variedad de pequeños productores que arriendan dos a cinco hectáreas para producir hortalizas y frutales. En las zonas de Fraile Pintado, tenemos gran cantidad de familias que arriendan pequeñas espacios de tierra en El Pongo, después a comunidades indígenas de Puna y Quebrada que tienen pequeñas o grandes majadas", detalló.
Dijo que con esta decisión, la Ley nacional 27.118 de Agricultura familiar campesina indígena quedaría sin efecto porque no habría quien la aplique pese a que fue avalada por la Legislatura en una ley provincial.
Numerosas acciones logradas
Según el Informe del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, fueron muchos los logros de la gestión del 2019 a julio de 2023. Se destaca la construcción de módulos de captación y almacenamiento de agua, que significó cisternas para las familias de la agricultura familiar, campesina e indígena con fines de consumo y producción por un total de 7.865.000.000 pesos y 5.500 cisternas en todo el país. Sobre la jerarquización e institucionalización del sector, destacan la creación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y la reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina.
En torno a la formalización e inclusión del sector informan la registración en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) de 160.065 Núcleos de la Agricultura Familiar (NAF). En Jujuy fue de 5.051 NAF, 21.650 en Misiones y 19.307 en Santiago del Estero. También ponderaron la Resolución 525/21 articulando con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), de formación de cooperativas de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Afci) con 94 nuevas cooperativas con matrícula conformadas que suman 146, de Jujuy 14 igual que San Juan y en Buenos Aires hubo 34. Indican también una resolución 317/22, en articulación con Inaes para el registro, identificación y comercialización de semillas criollas de manera fácil y gratuita.
En materia de financiamiento, destacan la compra de herramientas, insumos y tecnología para fortalecimiento productivo por un total de 6.780.000.000 pesos, con 22.500 beneficiarios en todo el país; el monto de financiamiento específico para mujeres fue de 926.000.000 pesos, y 2.680 beneficiarias. El financiamiento para asistencia crítica y directa frente a situaciones de emergencia llegó a 3.917 Núcleos de Agricultura Familiar (NAF). Y la cantidad de beneficiarios de asistencia crítica y directa para situaciones de emergencia productiva totalizó 3.917 NAF, 537 de Buenos Aires, 611 de Chaco, 307 de Mendoza y 221 de Jujuy. En tanto el monto financiado por asistencia crítica y directa para situaciones de emergencia productiva fue de 610.188.392,32 de pesos.
Cuenta con 23 coordinaciones
La junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Agricultura advirtió en un comunicado que el cierre del Instituto de Agricultura Familiar generará crecimiento de la pobreza en los centros urbanos de las grandes ciudades aduciendo que hay desconocimiento del Gobierno nacional respecto al interior del país que afecta al principal sector productivo. Informan que desde diciembre el instituto se encuentra sin autoridades y son los trabajadores quienes continúan las políticas delineadas para el sector. Ante las afirmaciones del vocero nacional, aclaran que el organismo tiene 23 coordinaciones y 106 unidades territoriales en todo el país.
De esas oficinas dos tienen gastos de alquiler, Santiago del Estero y Catamarca, el resto de las oficinas están en distintos organismos del Estado nacional y desde allí sus técnicos asisten a más de 200.000 agricultores familiares. “De los 200 vehículos mencionados por Adorni, 30 fueron dados de baja por desuso, 60 están en reparación y solo 120 están en funcionamiento”.
Aseguran que son los trabajadores del instituto quienes solventan gastos de movilidad, nafta, viáticos, reparaciones, etc., para llegar a los territorios. La principal partida del presupuesto del instituto son los sueldos, porque son quienes brindan asesoramiento a los desarrollos productivos de la agricultura familiar a lo largo del país. El financiamiento del instituto se explica en gran parte por el aporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) y otros. Articula acciones con el Inta, Senasa y los gobiernos provinciales.