Por negarse a brindar información pública, el procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, será denunciado judicialmente por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita.
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Por negarse a brindar información pública, el procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, será denunciado judicialmente por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita.
En uso del derecho ciudadano de acceso a la información pública, el letrado hizo tres pedidos a López Viñals para conocer el proceso de designación de directores, jefes, profesionales y administrativos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que es más conocido por su acrónimo: CIF.
Para Guzmán Coraita, que es director del sitio web informativo Salta Transparente, “en dos años de existencia el CIF aún no logró demostrar que está a la altura de las delicadas funciones que se le asignó a través de la ley 7665”.
Las contradicciones que surgen de intervenciones efectuadas por el CIF en algunos casos llevan al abogado a preguntar si existe suficiente idoneidad, una premisa sobre la que sostiene que no se garantiza contratando estudiantes y profesionales sin experiencia para realizar pasantías o prácticas laborales.
El hecho de que al identificarse los restos encontrados en Cafayate como de una mujer de 51 años, dio por tierra el informe del CIF que aseguraba que se trataba de una joven de entre 27 y 37 años, caso en el que también hubo una fallida reconstrucción facial, mencionó como una desafortunada actuación.
En el plano del escándalo situó al episodio que involucró a Gabriela Buabse, que como directora del CIF firmó un aberrante informe en el caso por abuso sexual a una menor, a la que señalaba como objeto de deseo.
Esa funcionaria fue premiada por el gobernador Urtubey, quien la designó como fiscal penal.
Otro hecho sobre el que Gonzalo Coraita llamó la atención en materia de ausencia de confianza tiene que ver con la decisión que tomó un juez de mandar a otra provincia un celular para que se le realice un peritaje adecuado.
Pero, empeñado en avanzar sobre cualquier área, López Viñals también ofrece al CIF para elaborar diagnósticos y hacer evaluaciones en materia de prevención y seguridad vial y la estructuración de un protocolo de asistencia técnica vehicular.
En esta materia, hizo el estudio para que a partir de la reubicación de señales viales disminuyan los accidentes de tránsito en las avenidas Bolivia y Banchik.
A pesar de que el municipio de la ciudad de Salta puso en practica la recomendación del CIF, en las mencionadas avenidas se siguen registrando numerosos accidentes viales.
Un derecho constitucional
El 22 del mes pasado, Gonzalo Guzmán Coraita le solicitó nuevamente al procurador general, Pablo López Viñals, que provea la petición de acceso a información pública que presentó el 1 de noviembre de este año.
“En atención al tiempo transcurrido desde tal presentación, solicito tenga a bien proveer la misma en un plazo que no exceda los cinco días hábiles de recibida la presente”, agrega en el texto.
Asimismo, el abogado y director del sitio web Salta Transparente le comunicó a López Viñals: “Hago expresa reserva de iniciar las acciones judiciales que correspondan en resguardo de mis derechos constitucionales, en caso de silencio o negativa”.
Para Guzmán Coraita, el Ministerio Público es el órgano encargado de velar por la legalidad, debería asumir una conducta ejemplar en la materia y no poner obstáculos al control ciudadano.
Obligados a establecer la función por ley
El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) fue creado por el procurador general, Pablo López Viñals, a través de la resolución número 133, que se emitió en el mayor de los silencios en mayo de 2010.
A pesar de ello este instrumento fue observado por contener la intencionalidad de avanzar sobre garantías individuales de los ciudadanos.
Este aspecto fue admitido por el oficialismo gobernante, que se vio obligado a establecer las funciones del polémico CIF a través de la ley 7665, que fue sancionada por las cámaras de la Legislatura en junio de 2011, un año después del nacimiento de la polémica 133.