El pasado jueves 22 de noviembre la Corte de Justicia de Salta conmemoró los veinte años de la creación de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, una de las primeras del país. Ese día en la Procuración General un ciudadano reiteraba un pedido de información que, según sus dichos, viene solicitando sin recibir respuesta.
inicia sesión o regístrate.
El pasado jueves 22 de noviembre la Corte de Justicia de Salta conmemoró los veinte años de la creación de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, una de las primeras del país. Ese día en la Procuración General un ciudadano reiteraba un pedido de información que, según sus dichos, viene solicitando sin recibir respuesta.
Cabe señalar que durante las dos últimas décadas la Corte de Justicia promovió activamente el derecho a la información, esa nueva forma hacia la que evolucionó la libertad de prensa y que implicó, entre otras cosas, abandonar el principio sostenedor de que los jueces hablaban solo por sus sentencias. No se trataba de construir una Justicia mediática sino de articular, dentro de lo que la ley permite y la prudencia aconseja, una actitud abierta respecto del derecho a la información. El Poder Judicial se colocó así en una posición similar a la que el Legislativo y el Ejecutivo tienen hacia la prensa que, muchas veces, es una necesaria vía de doble mano para dar respuestas a los ciudadanos o recibir sus interrogantes.
Sorprende entonces una noticia, según la cual la Procuración General parece haber tomado una dirección opuesta. Según el portal de noticias Iruya.com, el procurador general denegaba el acceso a la información pública, añadiendo que el abogado Gonzalo Guzmán Coraita “ha dirigido ya tres escritos al procurador general Pablo López Viñals, por denegación arbitraria de acceso a la información pública”. El pedido pretendía conocer el desarrollo “del proceso de designación de directores, jefes, profesionales y empleados administrativos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), creado recientemente”.
Ninguno de los dos primeros pedidos fue contestado, según manifestara Guzmán Coraita, director de Salta Transparente, y el último -reproducido en su pagina web- fue presentado con la advertencia de peticionar la información por vía judicial si no recibía respuesta en cinco días.
El hecho, no tanto por su forma sino por sus implicancias, recuerda a aquél sucedido durante el primer año de existencia de la Procuración General -1988-, cuando el entonces titular del organismo dictó una resolución prohibiendo a sus integrantes hacer manifestaciones de ningún tipo al periodismo sin contar con la previa autorización del procurador general, bajo apercibimiento de multa.
Esa resolución mordaza se firmó estando ya vigente la ley N§ 23.054 de adhesión al Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 13 consagraba el derecho a la información. La Procuración General, cuyo deber principal es velar por la vigencia de las leyes, había quebrantado una y le dio incluso formalidad administrativa. Esa mordaza duró ocho años; en 1996 el Dr. Ramón A. Catalano, nuevo procurador general, la derogó, reubicando el tema dentro de su marco jurídico, expresando que... “no se puede amordazar la expresión de los funcionarios en un estado de derecho pleno ni lesionar seriamente la libertad individual, violando los expresos mandatos de nuestra Carta Magna”. Por esos y otros fundamentos dispuso la derogación de la resolución N§ 143 del 16 de agosto de 1988.
Los sucesos narrados no son un tema menor. Qué puede esperar el ciudadano de a pie con respecto a sus derechos si el procurador general no da el ejemplo. El tema es demasiado serio como para ser pasado por alto en los casos que ocurran. Hoy no se responde al pedido de un ciudadano sobre procedimientos de la Procuración, mañana se repite la ausencia de respuesta sobre otros temas y -creado el precedente- los dictámenes futuros abogarían por el silencio y no por la información. El daño puede ser ya demasiado extenso y el tiempo demasiado tarde.
El primer presidente de la Conferencia de los Tribunales de Cuentas Autonómicos de España, Luis Muñoz Garde, en un trabajo sobre la función pública, afirmaba que “debe abordarse la comunicación como una obligación ética, nuestro deber es, por lo tanto, facilitar esa comunicación realizada principalmente -aunque no únicamente- a través de los medios, siempre con mesura, evitando el protagonismo y sin obsesionarse por aquellos”. Estos y otros conceptos están reproducidos por la Procuración General de Salta en su publicación oficial, en el número N§ 4 de finales del 2009.
.