El miércoles, la oposición logró quórum y una ajustada mayoría para aprobar por ley la boleta única de papel como instrumento electoral para los comicios nacionales de 2023. El oficialismo se opuso argumentando que "la boleta única no es un tema que esté en la agenda de la gente". Cabe señalar que, si la mitad de los diputados lo proponen, la otra mitad no puede atribuirse la decisión de qué es lo que está y qué es lo que no está en "la agenda de la gente". En un sentido amplio, la dirigencia política debería reconocer que la mayoría de sus intereses están divorciados de las necesidades de la gente.
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El miércoles, la oposición logró quórum y una ajustada mayoría para aprobar por ley la boleta única de papel como instrumento electoral para los comicios nacionales de 2023. El oficialismo se opuso argumentando que "la boleta única no es un tema que esté en la agenda de la gente". Cabe señalar que, si la mitad de los diputados lo proponen, la otra mitad no puede atribuirse la decisión de qué es lo que está y qué es lo que no está en "la agenda de la gente". En un sentido amplio, la dirigencia política debería reconocer que la mayoría de sus intereses están divorciados de las necesidades de la gente.
Esta discrepancia muestra, entre otras cosas, que la "representación", que es el concepto que da sentido y valor al Congreso se viene debilitando desde hace casi 39 años. La propuesta de una boleta única, elaborada por el Estado, solo busca garantizar que el ciudadano, en la intimidad del cuarto oscuro, birome en mano, marque los candidatos que prefiere, sin que punteros y activistas puedan robar boletas dentro del recinto y sin que esas mismas personas puedan presionar al votante que creen cooptado entregándole antes, entre promesas y amenazas, la boleta que quieren que deposite. Eso es todo, y es mucho: es un primer paso fundamental para terminar con el clientelismo. Un clientelismo que explica la existencia de mandatos interminables y despóticos como los que existen en nuestro país. Un sistema que describió a la perfección el intendente bonaerense de Escobar Ariel Sujarchuk el 15 de noviembre pasado cuando analizó las elecciones legislativas de la víspera: "¿Cómo no vamos a pagar remises para que la gente vaya a votar?! Todos lo hacen!". El jefe comunal se refería al incremento en 400.000 votos registrado a favor del Frente de Todos con respecto a las primarias de dos meses antes. Ningún intendente va a poner remises para que le voten en contra. Es imposible calcular cuántos miles de millones de pesos se gastaron en el operativo al que se refirió Sujarchuk.
En el Senado, Cristina Kirchner ya ordenó que el tema no se trate ni siquiera en comisiones. La boleta única no le conviene al poder, porque reduce el margen para el fraude. Esta controversia se produce además en un momento de crisis y derrumbe del sistema de partidos políticos, que carecen de organización, proyectos y disciplina, y donde las dirigencias invierten más energía en la pelea por la figuración, el puesto y la caja, que por responder a la perentoria necesidad de hacerse cargo de la profunda crisis nacional.
La boleta única brinda una mayor garantía al derecho y a la responsabilidad de cada ciudadano al momento de emitir su voto. Su confiabilidad quedó demostrada en las experiencias de Córdoba, Santa Fe y CABA.
Quienes impulsan este nuevo instrumento se proponen reemplazar "un sistema obsoleto, manipulable y oneroso que es la tradicional boleta partidaria".
El Estado debería proveer un número de boletas únicas equivalente al del padrón electoral más un 5%. Esto significaría un ahorro, a valores de hoy, de entre 4.500 y 5.000 millones de pesos, ya que se dejaría de distribuir un enorme presupuesto entre partidos políticos y sellos, sobre los cuales jamás se rinden cuentas.
Incorporar en la Argentina la boleta única es un paso fundamental para la modernización de nuestro sistema electoral. Actualmente, la mayoría de los Estados modernos la utilizan exitosamente y en América Latina, solo la Argentina y Uruguay mantienen la boleta por partido.
De todos modos, la democracia supone valores que van más allá del voto. Nuestro país necesita construir una cultura política basada en el respeto a la Ley, la convicción de que una sociedad madura piensa libremente, convive con discrepancias y acuerdos; en ella, el ciudadano es dueño de su voto y el poder no es el privilegio de un sector sino el compromiso y la obligación de quienes lo ejercen, y sobre los cuales deben rendir cuenta.