La propuesta de ampliar a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no parece otra cosa que un factor distractivo en uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos. Con infinidad de escuelas cerradas, en barrios periféricos del conurbano y en distintas zonas del país por falta de suministro de gas, justamente en la celebración de los 100 años de YPF, es evidente que la sociedad presenta problemas más urgentes y dignos de que el poder central convoque a los gobernadores.
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La propuesta de ampliar a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no parece otra cosa que un factor distractivo en uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos. Con infinidad de escuelas cerradas, en barrios periféricos del conurbano y en distintas zonas del país por falta de suministro de gas, justamente en la celebración de los 100 años de YPF, es evidente que la sociedad presenta problemas más urgentes y dignos de que el poder central convoque a los gobernadores.
Es cierto que, desde la campaña electoral de 2019, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner insistieron en centrar sus críticas en el máximo tribunal y otorgaron a esa cuestión un lugar privilegiado. Tan cierto como que las decenas de causas abiertas contra los funcionarios de sus gobiernos anteriores es una de las grandes prioridades de esta gestión.
De hecho, se pretende ampliar el número de jueces supremos cuando está pendiente cubrir la vacante dejada hace siete meses por la renuncia de Elena Highton y cuando en toda la Justicia Federal, a lo largo del país, hay 246 juzgados sin cubrir.
El pretexto para esta ampliación es que haya un juez de Corte por provincia, lo cual contradice el espíritu de la representación concebida por la Constitución Nacional y a la división de poderes del Estado, inherentes al sistema republicano.
Una justicia no es federal por el origen de sus miembros. De hecho, los actuales magistrados nacieron en diversas provincias. Es Federal cuando funciona conforme a la Ley y a la Constitución.
Sin embargo, esta iniciativa -que aún carece de un proyecto formal elevado al Congreso- responde al rol que quisiera asignar a la Justicia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tal como lo expuso en su libro Sinceramente y en su reciente discurso en la Universidad del Chaco Austral: el de una dependencia del Poder Ejecutivo. En ambos casos, también propuso un cambio de sistema y una reforma constitucional.
De este modo, la ampliación del máximo tribunal no sería más que un esfuerzo agónico por presionar a la Justicia y, al mismo tiempo, encolumnar a los gobernadores afines en momentos de altísima volatilidad social en el interior del país y en los grandes espacios de exclusión suburbanos.
El deterioro del federalismo en la Argentina no es responsabilidad de la Corte ni de la Capital Federal, sino de la concentración de poder en el Área Metropolitana Buenos Aires, que incluye al inmenso conurbano y a ciudades que se extienden entre La Plata y Zárate.
En septiembre de 2020, en plena pandemia, ante una sublevación de la Policía bonaerense, el Presidente decidió quitarle 30.000 millones de pesos de la coparticipación a la Capital Federal para asignarlos a la administración del gobernador Kicillof (y no para distribuirlos entre todas las provincias). Una arbitrariedad que hoy espera un fallo de la Corte Suprema.
El conurbano es, además, la destinataria del grueso de los fondos discrecionales que asigna el Poder Ejecutivo, incrementados gracias al régimen de emergencia y a la subestimación presupuestaria de la recaudación.
Es la región donde el poder territorial de los intendentes se impone por sobre los intereses de la Nación con mucha más intensidad que el reducido espacio de la ciudad de Buenos Aires.
Es indiscutible que la Argentina necesita mejorar su sistema judicial, despolitizándolo y eligiendo jueces con formación profesional y buen criterio, y no jueces dóciles. También debe mejorar, y mucho, el sistema de seguridad, absolutamente desbordado por el crecimiento del crimen organizado. Y, además, debería eliminar de su sistema legal todo indicio de permisivismo que facilite la impunidad de los delincuentes.
El federalismo, que es la extensión del derecho y de la organización del poder de decisión a todo el territorio, se va a construir cuando cada uno de los poderes del Estado cumpla su función conforme a la Constitución y cuando los gobernadores y legisladores antepongan sus debe res como representantes del pueblo y de las provincias por sobre la disciplina partidaria y los intereses coyunturales.