El proyecto para calificar a la difusión de noticias falsas como "contravención" y a sancionar con multa y arresto a quien las cometiera a través de cualquier medio sigue poniendo a Salta a nivel internacional en un papel poco halagüeño.
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El proyecto para calificar a la difusión de noticias falsas como "contravención" y a sancionar con multa y arresto a quien las cometiera a través de cualquier medio sigue poniendo a Salta a nivel internacional en un papel poco halagüeño.
Ayer la OEA se sumó a las advertencias de la SIP, de Adepa y de organismos de Derechos Humanos.
Es que el texto, presentado como "Título II - Identidad Digital de las Personas, del Libro Segundo, Parte Especial del Código Contravencional de Salta", contiene ambigüedades que avanzan sobre el derecho de todos los ciudadanos a la información. El gobernante, en general, preferiría que la única fuente del público fueran los partes de prensa o los medios oficiales de difusión. Por eso, al sancionar las "noticias falsas", se abre la puerta a la censura. O la autocensura. ¿Qué garantías ofrece a la libertad de información un país donde un jefe de Gabinete rompió un diario durante una conferencia de prensa? ¿O dónde el oficialismo sostiene el credo de que la Justicia y la prensa profesional son enemigos de la democracia?
Concretamente, los cinco artículos comparten el mismo espíritu y el último, en particular, muestra el verdadero alcance del proyecto cuando sanciona a "quien creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos".
¿Qué es eso sino una amenaza a los medios de comunicación? ¿Puede entenderse de otra manera que como un escudo de los funcionarios para mantener en silencio irregularidades o delitos cometidos desde el poder?
Derechos Humanos
Ayer la OEA se pronunció sobre el caso salteño. El abogado constitucionalista colombiano Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó a través de twitter que "preocupa el proyecto de ley en Salta que pretende arrestar a quien difundiere noticias falsas. En La Rioja discuten reformas que limitarían la libertad de expresión. Hago un llamado para que el Estado compatibilice las reformas normativas con obligaciones en DDHH".
Es que son dos provincias argentinas que intentan legislar al margen de la Constitución nacional y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.
El proyecto de Identidad Digital, más conocido como "de fake news" fue sancionado por la mayoría de los diputados sin dictámenes de las comisiones de Justicia; y de Legislación General. Es lógico. Los asesores jurídicos de esas comisiones les hubieran informado que hay estanterías completas en el Palacio de Justicia de la Nación con fallos adversos a cualquier abuso de poder por parte del Estado.
En todos los organismos internacionales está muy presente que el concepto de "fake news" fue instalado por el presidente Donald Trump para intentar amedrentar al comienzo de su mandato a la prensa de los Estados Unidos. Aplicó la misma escala de valores con la que, tras la derrota, incitó a sus seguidores a tratar de impedir la proclamación del actual presidente Joseph Biden.
Decisión del Senado
Oficialmente, el Gobierno salteño informó que, de ser sancionada por el Senado provincial, la ley en cuestión será vetada. También ayer, en una entrevista radial, el vicegobernador Antonio Marocco insinuó la posibilidad de que, cuando ingrese oficialmente, el proyecto con media sanción sea analizado por los asesores jurídicos y, eventualmente, reformado.
En su condición de presidente del Senado, Marocco se excusó de opinar sobre el texto. Sin embargo, planteó un interrogante: "Me pregunto –dijo-, ¿es tanta la mentira que dice el periodismo que se aflige tanto? Llama la atención que estemos tan preocupados porque no podemos decir mentiras".
La respuesta es simple. El periodismo profesional no miente, simplemente, porque renueva el crédito de sus lectores todos los días. Y los errores, cuando los comete, se pagan caro sin necesidad de que intervenga la Justicia Correccional. Porque los lectores no son ingenuos, como suelen creer los detractores de la libertad de prensa.
El problema también es simple: el derecho a la información forma parte de los Derechos Humanos. El funcionario agraviado debe asumir la carga de la prueba y demostrar que lo que se haya dicho contra él es mentira.
¿O no existen los hechos de corrupción que no hubieran salido a la luz si no fuera por la investigación periodística?
La Argentina no es Nicaragua, Venezuela o Cuba, donde el Estado pone mordazas brutales a la prensa. Pero tampoco es un país donde impere la tolerancia propia de la democracia ni donde los organismos de contralor y auditoría sean absolutamente independientes del gobierno. Por el contrario, es un país donde un sector importante del poder considera que la Justicia no debe investigar la corrupción.
La verdadera preocupación del periodismo, en el caso del proyecto de Identidad Digital de las Personas, es que la Legislatura convierta en ley cinco artículos que erosionan aún más el prestigio de las instituciones. Y, consecuentemente, sea otro paso más hacia el autoritarismo.