El problema más profundo que afronta la Argentina, como Nación y pensando el presente y el futuro, es el de la exclusión de niños y adolescentes. Esa exclusión los deja tempranamente fuera del sistema educativo y en una situación de pobreza que compromete su nutrición, su salud y, sobre todo, sus expectativas de futuro.
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El problema más profundo que afronta la Argentina, como Nación y pensando el presente y el futuro, es el de la exclusión de niños y adolescentes. Esa exclusión los deja tempranamente fuera del sistema educativo y en una situación de pobreza que compromete su nutrición, su salud y, sobre todo, sus expectativas de futuro.
Esta semana Unicef informó que, en el país, la pobreza, es decir los ingresos insuficientes en el hogar y las necesidades básicas insatisfechas, afecta a casi del 70% de niñas y niños.
En este escenario, el Estado debe asumir un rol decisivo. Es imperiosa una metamorfosis del sistema educativo, y no solo de los criterios escolares, hace falta el replanteo de los fines de la educación y de la posición del país ante la vertiginosa transformación tecnológica.
La exclusión de los niños y los adolescentes es un agravio a los derechos humanos, que no se resuelve con retóricas inconsistentes sino con visión y sensibilidad pedagógicas, y con una perspectiva realista sobre el mundo y la tecnología de este siglo.
Esta semana la ministra de Educación, Cristina Fiore, informó que la deserción de alumnos en la enseñanza media en Salta asciende al 50% y, en las escuelas técnicas al 65%.
Las evaluaciones realizadas en los últimos 15 años, tanto a nivel nacional como internacional, muestran que solo un 14% de los egresados del nivel medio llegan con conocimientos suficientes y dentro de los plazos previstos.
Por otra parte, coinciden en señalar la pérdida de hábitos de lectura, por la deficitaria formación en comprensión de textos, fuertes carencias en matemáticas, y, en general, la ausencia de disciplina escolar, es decir, la continuidad y el nivel del trabajo en clases, el estudio y la evaluación permanente. También es notoria la desvinculación de la actividad escolar con las exigencias laborales que esperan a los estudiantes después de la escuela.
Esta semana, también, Unicef informó que, en el país, la pobreza, es decir, los ingresos insuficientes en el hogar y las necesidades básicas insatisfechas, afecta a casi del 70% de niñas y niños.
De nada sirven las consignas de barricada. Se trata de un problema sistémico que se debe resolver con políticas de Estado.
El hecho de que la mayor deserción se produzca en las escuelas técnicas no admite pretextos. Es imprescindible indagar sobre las causas. Pero, además, indica un déficit decisivo en un punto neurálgico que nos debilita frente al desarrollo del mundo contemporáneo. "El sistema educativo, desde la educación primaria hasta la universidad, se ve desafiado por el imperativo de adaptarse a las demandas cambiantes del mercado laboral", escribió hace unos días el ingeniero Iván Rodríguez.
El mundo avanza a una velocidad tal que ningún país que se atrase podrá recuperarse fácilmente. Por otra parte, el desempleo no es una mera variable económica, sino que también es el fruto de la falta de los instrumentos adecuados con que el joven debe afrontar el mundo cuando sale a trabajar.
Es fundamental que el Estado enfoque sus recursos para una mejora sustancial de la calidad educativa y de la calidad de vida de los menores, pero debe hacerlo dejando de lado viejas discursivas asistencialistas: es imprescindible, aunque no es lo ideal, que los alumnos encuentren en la escuela el almuerzo como estimulo de la presencialidad.
La escuela es, esencialmente, un espacio educativo.
La pedagogía de los últimos siglos confluye en una idea: la educación exige despertar en el alumno el interés y la motivación; la pobreza extrema, normalmente, apaga las expectativas de un niño o un adolescente. Pero esa es nuestra realidad social que el Estado debe asumir para que la educación sea una fuerza transformadora y de plena inclusión social.