La convocatoria de Javier Milei a la celebración de un pacto refundacional con las provincias para restablecer el orden fiscal y dinamizar el aparato productivo del país es una decisión importante e insinúa un giro de 180 grados en un presidente que, sistemáticamente, ha desconfiado del diálogo y el consenso. Pero la historia se construye mirando hacia adelante, muchas veces, incluso a pesar de las limitaciones de todos los protagonistas.
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La convocatoria de Javier Milei a la celebración de un pacto refundacional con las provincias para restablecer el orden fiscal y dinamizar el aparato productivo del país es una decisión importante e insinúa un giro de 180 grados en un presidente que, sistemáticamente, ha desconfiado del diálogo y el consenso. Pero la historia se construye mirando hacia adelante, muchas veces, incluso a pesar de las limitaciones de todos los protagonistas.
La iniciativa crea un espacio para madurar acuerdos en una amplia agenda de cuestiones, contenidas en la frustrada ley ómnibus y el mega DNU, y que derivaron en la crisis que enfrentó la semana anterior a Milei con 23 gobernadores.
Ese pacto no puede prosperar con la lógica "del palo y la zanahoria". Solo podrá alcanzarse en el marco de la Constitución, y del respeto pleno a las atribuciones de las provincias y del Congreso. Los gobernadores tendrán que erradicar históricos vicios de la política, pero el poder central, por una vez, deberá deponer el hiperpresidencialismo que desde los tiempos de la Independencia ignoró la realidad geográfica y las características socioculturales de las regiones. La gran refundación sería la puesta en marcha del país federal. Hoy, hay discrepancias de base con el proyecto presidencial que ponen en juego la gobernabilidad del país y de cada provincia.
Milei plantea objetivos razonables, pero con numerosos aspectos particulares discutibles o inviables. Como advirtió la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, serán inalcanzables sin apoyo de las provincias y el Congreso. Suponer que los gobernadores, desesperados, van a aceptar cualquier ley a cambio de dinero, sería quedar encerrados en las políticas tradicionales que construyeron un sistema populista y clientelar como el que hoy nos encadena.
Los lineamientos del pacto incluyen la reforma tributaria y un replanteo de la Coparticipación federal.
En primer lugar, la distribución discrecional de fondos en manos del Poder Ejecutivo no se hace con recursos nacionales, sino una parte de la recaudación que corresponde a las provincias, destinada a cubrir urgencias. Hoy, de la totalidad de la recaudación, solo se coparticipa en forma directa el 34%.
La superposición de imposiciones entre Nación, provincias y municipios es destructiva. La reforma tributaria debe partir de las atribuciones de las provincias y del Congreso para decidir en temas recaudatorios.
Gravámenes como Ganancias, IVA, retenciones a las importaciones o impuesto al cheque fueron creados como solución a una emergencia del poder central y todos, con fecha de vencimiento. Incluso, con ese pretexto, algunos se coparticipan en forma condicional. Sin embargo, se eternizaron. Las provincias no perciben un centavo de los impuestos al comercio exterior, y solo el 30% de Ganancias y combustibles.
El sistema previsional, incluido en el pacto, está en crisis por falta de transparencia y actualización en su forma de financiamiento, por el olvido de todos los gobiernos de que se trata de los ahorros forzados de aportes hechos por los jubilados a lo largo de sus vidas.
La reforma laboral, está demostrado con los años, requerirá pericia y prudencia de parte del Gobierno, el Congreso y las organizaciones sindicales. Lo mismo ocurrirá con la reforma política y, también, con el loable propósito de reducir el gasto público.
Lo que se va a discutir es un paquete de compromisos, expresados en términos genéricos, y que deberán ser precisados, pero que, consensuados entre todos los actores, pueden transformar, en serio, al país.
El Presidente debió haber empezado la puesta en marcha de su gestión con un clima de diálogo y confianza. Ahora tiene que crearlo. La sospecha mutua entre Milei, los legisladores y los gobernadores es lo primero que debe quedar superado para tratar de que todo llegue a buen puerto.