Con las negociaciones trabadas, y la Fragata Libertad embargada en Ghana desde hace dos semanas, la Cancillería argentina y varios expertos en derecho internacional de nuestro país sugieren derivar el caso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para destrabar el conflicto.
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Con las negociaciones trabadas, y la Fragata Libertad embargada en Ghana desde hace dos semanas, la Cancillería argentina y varios expertos en derecho internacional de nuestro país sugieren derivar el caso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para destrabar el conflicto.
Esa corte es un órgano independiente, pero vinculado a Naciones Unidas, establecido en la ciudad alemana de Hamburgo con las facultades para resolver sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Mar de 1970.
Tanto la Argentina como Ghana son parte de esa Convención, con lo que pueden recurrir al organismo, que cuenta con 21 miembros, comenzó a operar en 1994 y tiene experiencia en casos de “liberación de buques y sus tripulaciones”.
Según la Convención, “los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales están protegidos por inmunidad soberana y en consecuencia libres de requisas y embargos”.
No obstante a ello, el contrapunto son los tiempos de este tribunal. Un caso en esa corte podría demandar hasta un año de trámites, antes de una resolución final con el voto de los 21 integrantes. Frente a esta situación, la otra vía para resolver el conflicto es accionando por medio de la justicia ghanesa.
El gobierno africano le recomendó a los enviados argentinos accionar en un Tribunal de Alzada, donde la posición nacional podría tener suerte. Para ello, la Argentina debería dejar de litigar sobre el juzgado de Frimpong (que estaría influenciado por el fondo buitre que logró el embargo). Autoridades de Ghana sostendrían que esta estrategia sería rápida y favorable para la Argentina.
La Fragata está varada desde el 2 de octubre, luego de que el juzgado de Frimpong hiciera lugar al reclamo del fondo Elliot de Singer por el cobro de unos u$s 370 millones. Según la Argentina, la retención del navío militar constituye una violación a la Convención de Viena, ya que éstos están protegidos por inmunidad diplomática.