En el interior proliferan los conflictos con los trabajadores municipales.
En Isla de Cañas el intendente, Rafael Quispe, tenía todo listo para la reincorporación de los 14 trabajadores cesanteados, pero la concejal oficialista Mirta Cavana salió con su gente a las calles del pueblo.
La edil amenazó con una protesta aún mayor si incorporaban a los exempleados por lo que Quispe dio marcha atrás.
Hace unos días Quispe había firmado un acuerdo con el ministro de Gobierno, César Loutaif, comprometiéndose a la reiconporación para el día de hoy aunque esto no ocurriría.
Desde UPCN prometen nacionalizar la protesta.
En Cafayate el malestar es latente. El intendente Fernando Almada asegura no contar con los fondos necesarios para pagar los sueldos de febrero. Son 350 mil pesos los que debe desembolsar y ya pidió la asistencia del Gobierno provincial, más precisamente del ministro Parodi.
En este momento los municipales de ATE y UPCN están deliberando el modo de protesta y amenazan con llevar la protesta a la ruta 68 aunque no cortarán la circulación de vehículos.
En La Viña el conflicto tiene que ver también con la liquidación de sueldos. Denuncian que en noviembre les cortaron un plus de 300 pesos y hasta ahora no reembolsaron esa deuda desde el municipio. Al mediodía se reúnen los trabajadores para definir la modalidad de protesta.
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En el interior proliferan los conflictos con los trabajadores municipales.
En Isla de Cañas el intendente, Rafael Quispe, tenía todo listo para la reincorporación de los 14 trabajadores cesanteados, pero la concejal oficialista Mirta Cavana salió con su gente a las calles del pueblo.
La edil amenazó con una protesta aún mayor si incorporaban a los exempleados por lo que Quispe dio marcha atrás.
Hace unos días Quispe había firmado un acuerdo con el ministro de Gobierno, César Loutaif, comprometiéndose a la reiconporación para el día de hoy aunque esto no ocurriría.
Desde UPCN prometen nacionalizar la protesta.
En Cafayate el malestar es latente. El intendente Fernando Almada asegura no contar con los fondos necesarios para pagar los sueldos de febrero. Son 350 mil pesos los que debe desembolsar y ya pidió la asistencia del Gobierno provincial, más precisamente del ministro Parodi.
En este momento los municipales de ATE y UPCN están deliberando el modo de protesta y amenazan con llevar la protesta a la ruta 68 aunque no cortarán la circulación de vehículos.
En La Viña el conflicto tiene que ver también con la liquidación de sueldos. Denuncian que en noviembre les cortaron un plus de 300 pesos y hasta ahora no reembolsaron esa deuda desde el municipio. Al mediodía se reúnen los trabajadores para definir la modalidad de protesta.
El panorama
Tras la intervención directa del Gobierno de la Provincia para solucionar el pago de sueldos de empleados municipales en Campo Quijano, se avizora una semana caliente puesto que son varias las comunas que aducen no contar con fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones salariales.
“No nos alcanza la coparticipación y necesitamos ayuda del Gobierno provincial”, señalan los intendentes.
Esta ayuda, significa que el Estado salteño se haga cargo de las diferencias. En el caso de Campo Quijano, ronda los $ 260.000.
Hoy en Cafayate los obreros amenazan con cortar las rutas y el conflicto en Colonia Santa Rosa cumple 10 días, con la casa comunal tomada. Mañana, posiblemente, partan hacia Grand Bourg para elevar el pedido de mejoras salariales a Urtubey.
De mediar el Gobierno central en todos los casos debería comprometer sus arcas en más de $ 2.000.000 mensuales, sólo como salvavidas para las localidades más comprometidas como Salvador Mazza, un caso crónico.
La recaudación
Es importante tener en cuenta la baja recaudación de algunas comunas y la resistencia de muchos intendentes a modificar las tarifarias, una medida antipopular o políticamente incorrecta, pero que oxigenaría los fondos locales complica aún más las situación.
En este sentido, vale la pena tener en cuenta que en la mayoría de los municipios desde hace décadas no se realizan actualizaciones catastrales, lo que genera que numerosas propiedades hoy insertas en los centros urbanos paguen impuestos irrisorios y no tributen en sus localidades. Un tema que los jefes comunales deberían tratar en conjunto.