Los senadores nacionales salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero presentaron un proyecto para que el Gobierno nacional aplique a las exportaciones de tabaco una alícuota del 5%, en lugar del 10% que actualmente se impone.
La iniciativa plantea la necesidad de corregir una resolución del Ministerio de Economía del año 2002 “cuya incorrecta aplicación da lugar a serios perjuicios a la industria tabacalera argentina, lo que perjudica las economías regionales y repercute en el empleo y en la recaudación de las provincias productoras”.
Se refiere a la resolución N° 11/2002 que dispuso aplicar una alícuota del 10 % a la exportación de materias primas, y una alícuota del 5 % a la exportación de productos con algún grado de manufactura.
Al respecto cabe resaltar que “varios productos tabacaleros cuya producción importa necesariamente la sujeción de la materia prima a procesos de tipo industrial han quedado erróneamente incluidos dentro del primer grupo y por ende sus exportaciones fueron gravadas con una alícuota del 10 %, a pesar de que la mercadería exportada incluye necesariamente un grado de industrialización previo”, explicó la senadora Escudero.
Asimismo, agregó que “el proceso industrial del tabaco se inicia en la misma finca del productor, luego de haber generado una alta ocupación de mano de obra en las etapas de preparación de suelos, sembrado, cultivo y cosecha. Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega obligan a un proceso de secado, que exige contar con una infraestructura de alta tecnología y calificación humana, lo que configura un grado de preindustrialización en nuestro país”.
El tabaco procesado y acondicionado para su utilización en la fabricación de cigarrillos debe ser considerado como un insumo o producto industrializado.
En ese sentido, la senadora advirtió que “esta situación daña enormemente la economía del Norte Grande argentino, en tanto al ser trasladado el peso del gravamen del exportador al productor tabacalero, se le dificulta el recibir una retribución razonable por su producción y se entorpece injustamente el desarrollo de una actividad de gran impacto multiplicador e insustituible como fuente generadora de trabajo: el sector tabacalero, que es el principal empleador privado de la región, en tanto ocupa unos 46 mil trabajadores”.
Según datos de la campaña 2009-2010, la producción se concentra mayormente en tres provincias: Jujuy (37,2 %), Salta (34,5 %) y Misiones (22,1 %), seguidas de lejos por Tucumán con el 4,2 %.
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Los senadores nacionales salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero presentaron un proyecto para que el Gobierno nacional aplique a las exportaciones de tabaco una alícuota del 5%, en lugar del 10% que actualmente se impone.
La iniciativa plantea la necesidad de corregir una resolución del Ministerio de Economía del año 2002 “cuya incorrecta aplicación da lugar a serios perjuicios a la industria tabacalera argentina, lo que perjudica las economías regionales y repercute en el empleo y en la recaudación de las provincias productoras”.
Se refiere a la resolución N° 11/2002 que dispuso aplicar una alícuota del 10 % a la exportación de materias primas, y una alícuota del 5 % a la exportación de productos con algún grado de manufactura.
Al respecto cabe resaltar que “varios productos tabacaleros cuya producción importa necesariamente la sujeción de la materia prima a procesos de tipo industrial han quedado erróneamente incluidos dentro del primer grupo y por ende sus exportaciones fueron gravadas con una alícuota del 10 %, a pesar de que la mercadería exportada incluye necesariamente un grado de industrialización previo”, explicó la senadora Escudero.
Asimismo, agregó que “el proceso industrial del tabaco se inicia en la misma finca del productor, luego de haber generado una alta ocupación de mano de obra en las etapas de preparación de suelos, sembrado, cultivo y cosecha. Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega obligan a un proceso de secado, que exige contar con una infraestructura de alta tecnología y calificación humana, lo que configura un grado de preindustrialización en nuestro país”.
El tabaco procesado y acondicionado para su utilización en la fabricación de cigarrillos debe ser considerado como un insumo o producto industrializado.
En ese sentido, la senadora advirtió que “esta situación daña enormemente la economía del Norte Grande argentino, en tanto al ser trasladado el peso del gravamen del exportador al productor tabacalero, se le dificulta el recibir una retribución razonable por su producción y se entorpece injustamente el desarrollo de una actividad de gran impacto multiplicador e insustituible como fuente generadora de trabajo: el sector tabacalero, que es el principal empleador privado de la región, en tanto ocupa unos 46 mil trabajadores”.
Según datos de la campaña 2009-2010, la producción se concentra mayormente en tres provincias: Jujuy (37,2 %), Salta (34,5 %) y Misiones (22,1 %), seguidas de lejos por Tucumán con el 4,2 %.