Así como a mediados de los "90 y comienzos de 2000, el norte salteño vivió uno de los estallidos sociales más cruentos, por estos días el ambiente en la zona se recalentó.
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Así como a mediados de los "90 y comienzos de 2000, el norte salteño vivió uno de los estallidos sociales más cruentos, por estos días el ambiente en la zona se recalentó.
Otra vez el pueblo de Mosconi y la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín, se convirtieron en los focos de las protestas con los mismos denominadores comunes: pobreza, desempleo y marginalidad.
Los habitantes aún tienen guardados en su memoria los gravísimos sucesos de aquel día de furia de noviembre de 2000 tras la muerte del dirigente piquetero Aníbal Verón, durante un corte de ruta.
Esa vez, unos 10 mil desocupados tomaron por asalto el pueblo de General Mosconi, quemaron la Municipalidad, la comisaría y las instalaciones de dos empresas petroleras. Luego hicieron lo propio en Tartagal donde tomaron por asalto el depósito del juzgado y se apoderaron de numerosas armas; redujeron a cenizas la dependencia policial; liberaron a presos de la unidad carcelaria; saquearon negocios y provocaron destrozos en varias oficinas públicas, entre ellas la Municipalidad.
Fueron tan potentes las llamas de ese infierno que las brasas todavía permanecen encendidas, no solo en Tartagal y Mosconi; ahora se extendieron a otros municipios más chicos, como Salvador Mazza, Aguaray y General Ballivián. “En estas condiciones es muy difícil cumplir con tranquilidad nuestra labor”, se lamentó Juan Carlos Alcoba, intendente de Aguaray.
Por estas horas, lo que más preocupa a los jefes comunales es la falta de seguridad y por esta situación el intendente de Tartagal, Sergio Leavy, resolvió buscar refugio en los cuarteles para garantizar su integridad física y la de su familia, debido a las permanentes amenazas que venía recibiendo. Con esta determinación, Leavy provocó un gran revuelo con una fuerte repercusión en la sociedad y en las estructuras del Gobierno.
Con la decisión de irse a vivir con su familia al Regimiento 28 de Infantería, el intendente dejó entrever que no confía en la protección policial ni en la propia justicia. Todavía no se sabe con certeza de dónde provinieron las amenazas y mensajes de texto en su celular, como tampoco las llamadas de igual tenor que recibió su padre en la ciudad de Metán.
Leavy atribuye las amenazas a líderes piqueteros y espera que la Justicia tome cartas en el asunto.
La reunión de los intendentes de la zona con el ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, el viernes pasado, confirmó que la falta de empleo es la principal generadora de los estallidos sociales. “Para que haya seguridad hace falta más empleo”, fue el mensaje de los jefes comunales.
Con esto dejaron en claro que cualquier medida de seguridad que se tome no será suficiente para contrarrestar las protestas, las tomas de edificios municipales ni las amenazas que puedan recibir. Por ese motivo reclamaron la participación de otros ministerios y del empresariado para determinar qué proyectos se pueden ejecutar, al margen de los que se prevén con los recursos del Fondo de Reparación Histórica.