El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades informó que hará hoy una presentación ante la Corte de Justicia de Salta para que declare inconstitucional el cuestionado decreto del gobernador Juan Manuel Urtubey que reglamentó el aborto no punible. Consideran que el Estado provincial intenta evitar que las víctimas de violación detengan la gestación.
inicia sesión o regístrate.
El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades informó que hará hoy una presentación ante la Corte de Justicia de Salta para que declare inconstitucional el cuestionado decreto del gobernador Juan Manuel Urtubey que reglamentó el aborto no punible. Consideran que el Estado provincial intenta evitar que las víctimas de violación detengan la gestación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso el 13 de marzo que las mujeres embarazadas como producto de un abuso pueden abortar sin autorización judicial.
Tras el fallo, Urtubey declaró que en Salta no se interrumpirían embarazos a menos que lo ordenara un juzgado local.
Después de que los medios nacionales criticaran su postura, el mandatario firmó un decreto por el cual estableció que el aborto en casos de violación se haría si había una declaración jurada hecha con la asistencia de un miembro del Ministerio Público.
El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades presentará una demanda en la que advierte que el Gobierno busca que intervengan terceros para dificultar que se concrete la práctica médica.
Las denunciantes resaltan que Urtubey pide requisitos que no figuran en el artículo 86 del Código Penal, que establece la posibilidad de interrumpir el embarazo legalmente en casos de abuso.
En la presentación se considera que la ministra de Derechos Humanos de la Provincia, María Pace, dejó expuesta la intención oficial de obstaculizar el aborto en diálogo con la prensa.
La funcionaria dijo a un medio digital, según se detalla, que estaba “a favor” de que las mujeres abusadas continuaran con la gestación.
También se resalta que Pace indicó que las víctimas de violación que recurran a hospitales públicos para abortar serían “asistidas para ayudarlas a pensar y reflexionar sobre la decisión”.
Para las denunciantes, se intenta obstaculizar la elección de las mujeres que no deseen tener un hijo de su abusador y eso atenta contra el principio de libertad consagrado en el artículo 12 de la Constitución Provincial.
También se destaca que en estos casos solo deben intervenir los médicos y que dar participación a terceros violenta derechos básicos como la privacidad y la salud.
La acción de inconstitucionalidad cuenta con el patrocinio de las abogadas especialistas en cuestiones de género Graciela Abutt Carol y Mónica Menini.