El juez de Instrucción Penal de Segunda Nominación, Fernando Mariscal Astigueta, sobreseyó al intendente de Tartagal, Sergio Leavy, en la causa caratulada como “fraude a la administración pública”. Esta acusación, realizada en 2009, dio lugar al frustrado juicio de destitución del jefe comunal norteño.
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El juez de Instrucción Penal de Segunda Nominación, Fernando Mariscal Astigueta, sobreseyó al intendente de Tartagal, Sergio Leavy, en la causa caratulada como “fraude a la administración pública”. Esta acusación, realizada en 2009, dio lugar al frustrado juicio de destitución del jefe comunal norteño.
Con el fallo, Leavy cierra un capítulo de múltiples acusaciones que le hicieran los concejales de la anterior gestión asesorados por el abogado Sergio Heredia, un plomero de apellido Almaraz y el canal de cable local Video Tar.
El intendente tartagalense fue noticia a nivel nacional y, por sus vínculos con el kirchnerismo, el juicio de destitución fue transmitido en directo por los canales TN y 13 de la Capital Federal. Entre el cúmulo de comentarios, se lo acusaba de haberse quedado con recursos enviados par las víctimas del alud de febrero de 2009, aunque ese punto nunca fue tema de debate en el juicio político.
“Después de tres años de múltiples acusaciones que se transmitían a todo el país la Justicia sobreseyó al intendente Leavy, un hecho que por supuesto no tendrá ni por asomo la misma cobertura que tuvieron las acusaciones totalmente malintencionadas que se le hacían en ese momento con un hecho armado con el solo fin de sacarlo de la intendencia”, consideró el defensor de Leavy, Oscar Pedro Guillén.
El 20 de octubre de 2009, con el voto de 8 de los 11 miembros, el Concejo Deliberante de Tartagal, con el asesoramiento legal del abogado Sergio Heredia, destituyó al intendente Sergio Leavy dando a conocer en forma taxativa más de 16 cargos en su contra.
Los letrados Oscar Guillén y Juan Gutiérrez, defensores de Leavy, apelaron ante la Corte de Justicia de Salta. El máximo tribunal rechazó por voto unánime el juicio de destitución de Leavy por las innumerables anomalías procedimentales, pero sobre todo porque el cuerpo deliberativo nunca le garantizó al intendente su legítimo derecho a la defensa.
No obstante, reconocer los vicios e innumerables irregularidades procedimentales y formales en los que los asesores Guillén y Gutiérrez se basaron para pedir la nulidad del juicio político, la Corte manifestó en uno de los puntos de su fallo que no podía “dejar de advertirse la posibilidad de comisión de delitos comunes supuestamente ejecutados en ejercicio de la función pública”.
Esta observación del máximo tribunal dio lugar a la correspondiente promoción de acción penal, por ante el Juzgado de Instrucción Formal 2da Circunscripción Tartagal.