El Gobierno nacional aprobó hoy el funcionamiento de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que tendrá la función de regular toda la actividad de los combustibles, desde el precio de venta hasta los planes de negocios de las empresas del sector.
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El Gobierno nacional aprobó hoy el funcionamiento de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que tendrá la función de regular toda la actividad de los combustibles, desde el precio de venta hasta los planes de negocios de las empresas del sector.
La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial bajo la resolución número 1/2012, crea la comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector, tal como estipulaba el decreto 1277, la cual estará a cargo de un representante de las secretarías de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, hoy a cargo de Axel Kicillof. Mientras que el secretario de Energía, Daniel Cameron , y el de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quedan como miembros, según señala el diario La Nación.
De esta forma, Kicillof, Moreno y Cameron serán los encargados de exigir a las petroleras sus planes de inversiones, de controlar sus ganancias y de regular sus stocks, su producción y hasta sus ganancias. Gran parte de esas facultades estaban hasta ahora en poder de las provincias, que eran quienes concesionaban las áreas y firmaban los contratos. De esta manera, las provincias petroleras fueron desplazadas.
Con la publicación del decreto 1277 -Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina-, el Gobierno terminó de cerrar el círculo sobre el mundo del petróleo y el gas, un sector que se movía en una ficción de desregulación, pero que en los hechos se movía de acuerdo con los designios de los funcionarios del área.
La norma derogó tres decretos de desregulación que estaban vigentes desde 1989 y que establecían, entre otras cosas, la libertad de precios de los productos y la libre disponibilidad de los hidrocarburos por parte de las petroleras que podían exportar libremente -en el caso del gas, se requería un permiso previo-.
Desde la sanción del decreto hace poco más de un mes, uno de los principales cuestionamientos entre los petroleros tiene que ver con la modificación de las concesiones vigentes en la Argentina. Las empresas productoras de petróleo tienen contratos que están hechos sobre la base de un ordenamiento jurídico que ahora fue derogado. De ahora en más, aquel marco regulatorio que establecía ciertas condiciones de mercado ya no está vigente.