Milagro Sala sufrió ayer un revés al recibir una condena de tres años en suspenso por el delito de "daños agravados" por los destrozos provocados en las instalaciones del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas el 16 de octubre del 2009, cuando un grupo de militantes pertenecientes a organizaciones sociales atacaron al entonces senador Gerardo Morales y a su comitiva.
Pero la controvertida dirigente social seguirá presa mientras sus abogados apelan a un tribunal de Casación debido a causas que se tramitan ante la Justicia provincial.
Surgida de la crisis de 2001, Sala manejó discrecionalmente fortunas del Estado sin rendir cuentas y sin otra legitimación que la decisión discrecional de Néstor y Cristina Kirchner. Hoy acumula una decena de denuncias y procesos de distinta índole, que abarcan desde obras cobradas que no se realizaron hasta un régimen de violencia que numerosos testigos atribuyen a su militarizada agrupación Tupac Amaru. La misma condena recibió Graciela López quien reconoció haber estado en el escrache contra Morales. A su vez, el tribunal condenó a Ramón Salvatierra a dos años de prisión en suspenso, pero él continuará en libertad.
El juicio estuvo a cargo de la Justicia Federal que hizo lugar a un recurso planteado por Gerardo Morales cuando era senador nacional y Jujuy era gobernada por Eduardo Fellner, quien ya no controlaba a la enérgica dirigente.
El Tribunal Oral Federal estuvo integrado por Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz; Domingo Batule y Federico Zurueta fueron los fiscales.
A diferencia de lo ocurrido en la audiencia anterior, cuando varios dirigentes notorios del kirchnerismo y policías protagonizaron hechos de violencia en la sede del Tribunal, apenas una treintena de personas acompañó la quinta audiencia a la espera del fallo.
Horas antes, el Ministerio de Seguridad había dispuesto un importante operativo policial, para evitar que se produjeran episodios violentos.
Dos vallados acordonados por efectivos de protección ciudadana, cuerpo de Radiopatrullas blindaban el edificio. Además, en horas de la mañana, el Tribunal Federal había dispuesto que ante el primer hecho de enfrentamiento que ocurriera, el fallo quedaría suspendido para el año próximo.
Cuando se aproximaba la hora, acólitos de la organización Tupac Amaru, que permanecían en la intersección de las calles San Martín y Senador Pérez, seguían la audiencia a través de una pantalla.
Además, ante el rumor de la presencia de integrantes del grupo Quebracho, que podrían ocasionar algún disturbio, efectivos de la Brigada de Investigaciones y de Inteligencia cumplieron labor de civil en los alrededores, desarrollándose con absoluta normalidad.
Solo se destacaba la presencia del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien esperó el dictamen en compañía del marido de Milagro Sala, Raúl Noro. La estrategia de politizar la causa no dio resultado, hasta ahora.
Ayer, Sala reiteró que jamás había imaginado que Morales "judicializaría la protesta", se presentó como "perseguida política" y aseguró que la suya era una organización destinada a generar empleo. Su detención se produjo después de dos meses de gobierno de Morales, que habían transcurrido con la organización instalada en la plaza Belgrano para impedir que los fondos que durante la gestión kirchnerista habían pasado por sus manos fueran entregados directamente a las cooperativas que reportaban a la Tupac Amaru.
Luego se precipitaron las evidencias de irregularidades muy graves, aunque la celeridad de este caso contrasta con la morosidad habitual en la mayoría.
Pero la controvertida dirigente social seguirá presa mientras sus abogados apelan a un tribunal de Casación debido a causas que se tramitan ante la Justicia provincial.
Surgida de la crisis de 2001, Sala manejó discrecionalmente fortunas del Estado sin rendir cuentas y sin otra legitimación que la decisión discrecional de Néstor y Cristina Kirchner. Hoy acumula una decena de denuncias y procesos de distinta índole, que abarcan desde obras cobradas que no se realizaron hasta un régimen de violencia que numerosos testigos atribuyen a su militarizada agrupación Tupac Amaru. La misma condena recibió Graciela López quien reconoció haber estado en el escrache contra Morales. A su vez, el tribunal condenó a Ramón Salvatierra a dos años de prisión en suspenso, pero él continuará en libertad.
El juicio estuvo a cargo de la Justicia Federal que hizo lugar a un recurso planteado por Gerardo Morales cuando era senador nacional y Jujuy era gobernada por Eduardo Fellner, quien ya no controlaba a la enérgica dirigente.
El Tribunal Oral Federal estuvo integrado por Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz; Domingo Batule y Federico Zurueta fueron los fiscales.
A diferencia de lo ocurrido en la audiencia anterior, cuando varios dirigentes notorios del kirchnerismo y policías protagonizaron hechos de violencia en la sede del Tribunal, apenas una treintena de personas acompañó la quinta audiencia a la espera del fallo.
Horas antes, el Ministerio de Seguridad había dispuesto un importante operativo policial, para evitar que se produjeran episodios violentos.
Dos vallados acordonados por efectivos de protección ciudadana, cuerpo de Radiopatrullas blindaban el edificio. Además, en horas de la mañana, el Tribunal Federal había dispuesto que ante el primer hecho de enfrentamiento que ocurriera, el fallo quedaría suspendido para el año próximo.
Cuando se aproximaba la hora, acólitos de la organización Tupac Amaru, que permanecían en la intersección de las calles San Martín y Senador Pérez, seguían la audiencia a través de una pantalla.
Además, ante el rumor de la presencia de integrantes del grupo Quebracho, que podrían ocasionar algún disturbio, efectivos de la Brigada de Investigaciones y de Inteligencia cumplieron labor de civil en los alrededores, desarrollándose con absoluta normalidad.
Solo se destacaba la presencia del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien esperó el dictamen en compañía del marido de Milagro Sala, Raúl Noro. La estrategia de politizar la causa no dio resultado, hasta ahora.
Ayer, Sala reiteró que jamás había imaginado que Morales "judicializaría la protesta", se presentó como "perseguida política" y aseguró que la suya era una organización destinada a generar empleo. Su detención se produjo después de dos meses de gobierno de Morales, que habían transcurrido con la organización instalada en la plaza Belgrano para impedir que los fondos que durante la gestión kirchnerista habían pasado por sus manos fueran entregados directamente a las cooperativas que reportaban a la Tupac Amaru.
Luego se precipitaron las evidencias de irregularidades muy graves, aunque la celeridad de este caso contrasta con la morosidad habitual en la mayoría.
El costado político
Milagro Sala sostiene que se judicializó la protesta. En la lógica populista, los hechos que desencadenaron su detención hubieran sido calificados como "destituyentes".
La Tupac Amaru realizó frente a la Casa de Gobierno una propuesta de dos meses contra Gerardo Morales cuando este implementó el registro de cooperativas y la bancarización de los planes sociales. Es decir, ele gobernador dispuso estatizar el manejo de recursos que sus antecesores habían privatizado a favor de Milagro Sala, A eso, ella resistió más de lo que podía.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
Milagro Sala sufrió ayer un revés al recibir una condena de tres años en suspenso por el delito de "daños agravados" por los destrozos provocados en las instalaciones del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas el 16 de octubre del 2009, cuando un grupo de militantes pertenecientes a organizaciones sociales atacaron al entonces senador Gerardo Morales y a su comitiva.
Pero la controvertida dirigente social seguirá presa mientras sus abogados apelan a un tribunal de Casación debido a causas que se tramitan ante la Justicia provincial.
Surgida de la crisis de 2001, Sala manejó discrecionalmente fortunas del Estado sin rendir cuentas y sin otra legitimación que la decisión discrecional de Néstor y Cristina Kirchner. Hoy acumula una decena de denuncias y procesos de distinta índole, que abarcan desde obras cobradas que no se realizaron hasta un régimen de violencia que numerosos testigos atribuyen a su militarizada agrupación Tupac Amaru. La misma condena recibió Graciela López quien reconoció haber estado en el escrache contra Morales. A su vez, el tribunal condenó a Ramón Salvatierra a dos años de prisión en suspenso, pero él continuará en libertad.
El juicio estuvo a cargo de la Justicia Federal que hizo lugar a un recurso planteado por Gerardo Morales cuando era senador nacional y Jujuy era gobernada por Eduardo Fellner, quien ya no controlaba a la enérgica dirigente.
El Tribunal Oral Federal estuvo integrado por Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz; Domingo Batule y Federico Zurueta fueron los fiscales.
A diferencia de lo ocurrido en la audiencia anterior, cuando varios dirigentes notorios del kirchnerismo y policías protagonizaron hechos de violencia en la sede del Tribunal, apenas una treintena de personas acompañó la quinta audiencia a la espera del fallo.
Horas antes, el Ministerio de Seguridad había dispuesto un importante operativo policial, para evitar que se produjeran episodios violentos.
Dos vallados acordonados por efectivos de protección ciudadana, cuerpo de Radiopatrullas blindaban el edificio. Además, en horas de la mañana, el Tribunal Federal había dispuesto que ante el primer hecho de enfrentamiento que ocurriera, el fallo quedaría suspendido para el año próximo.
Cuando se aproximaba la hora, acólitos de la organización Tupac Amaru, que permanecían en la intersección de las calles San Martín y Senador Pérez, seguían la audiencia a través de una pantalla.
Además, ante el rumor de la presencia de integrantes del grupo Quebracho, que podrían ocasionar algún disturbio, efectivos de la Brigada de Investigaciones y de Inteligencia cumplieron labor de civil en los alrededores, desarrollándose con absoluta normalidad.
Solo se destacaba la presencia del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien esperó el dictamen en compañía del marido de Milagro Sala, Raúl Noro. La estrategia de politizar la causa no dio resultado, hasta ahora.
Ayer, Sala reiteró que jamás había imaginado que Morales "judicializaría la protesta", se presentó como "perseguida política" y aseguró que la suya era una organización destinada a generar empleo. Su detención se produjo después de dos meses de gobierno de Morales, que habían transcurrido con la organización instalada en la plaza Belgrano para impedir que los fondos que durante la gestión kirchnerista habían pasado por sus manos fueran entregados directamente a las cooperativas que reportaban a la Tupac Amaru.
Luego se precipitaron las evidencias de irregularidades muy graves, aunque la celeridad de este caso contrasta con la morosidad habitual en la mayoría.
Pero la controvertida dirigente social seguirá presa mientras sus abogados apelan a un tribunal de Casación debido a causas que se tramitan ante la Justicia provincial.
Surgida de la crisis de 2001, Sala manejó discrecionalmente fortunas del Estado sin rendir cuentas y sin otra legitimación que la decisión discrecional de Néstor y Cristina Kirchner. Hoy acumula una decena de denuncias y procesos de distinta índole, que abarcan desde obras cobradas que no se realizaron hasta un régimen de violencia que numerosos testigos atribuyen a su militarizada agrupación Tupac Amaru. La misma condena recibió Graciela López quien reconoció haber estado en el escrache contra Morales. A su vez, el tribunal condenó a Ramón Salvatierra a dos años de prisión en suspenso, pero él continuará en libertad.
El juicio estuvo a cargo de la Justicia Federal que hizo lugar a un recurso planteado por Gerardo Morales cuando era senador nacional y Jujuy era gobernada por Eduardo Fellner, quien ya no controlaba a la enérgica dirigente.
El Tribunal Oral Federal estuvo integrado por Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz; Domingo Batule y Federico Zurueta fueron los fiscales.
A diferencia de lo ocurrido en la audiencia anterior, cuando varios dirigentes notorios del kirchnerismo y policías protagonizaron hechos de violencia en la sede del Tribunal, apenas una treintena de personas acompañó la quinta audiencia a la espera del fallo.
Horas antes, el Ministerio de Seguridad había dispuesto un importante operativo policial, para evitar que se produjeran episodios violentos.
Dos vallados acordonados por efectivos de protección ciudadana, cuerpo de Radiopatrullas blindaban el edificio. Además, en horas de la mañana, el Tribunal Federal había dispuesto que ante el primer hecho de enfrentamiento que ocurriera, el fallo quedaría suspendido para el año próximo.
Cuando se aproximaba la hora, acólitos de la organización Tupac Amaru, que permanecían en la intersección de las calles San Martín y Senador Pérez, seguían la audiencia a través de una pantalla.
Además, ante el rumor de la presencia de integrantes del grupo Quebracho, que podrían ocasionar algún disturbio, efectivos de la Brigada de Investigaciones y de Inteligencia cumplieron labor de civil en los alrededores, desarrollándose con absoluta normalidad.
Solo se destacaba la presencia del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien esperó el dictamen en compañía del marido de Milagro Sala, Raúl Noro. La estrategia de politizar la causa no dio resultado, hasta ahora.
Ayer, Sala reiteró que jamás había imaginado que Morales "judicializaría la protesta", se presentó como "perseguida política" y aseguró que la suya era una organización destinada a generar empleo. Su detención se produjo después de dos meses de gobierno de Morales, que habían transcurrido con la organización instalada en la plaza Belgrano para impedir que los fondos que durante la gestión kirchnerista habían pasado por sus manos fueran entregados directamente a las cooperativas que reportaban a la Tupac Amaru.
Luego se precipitaron las evidencias de irregularidades muy graves, aunque la celeridad de este caso contrasta con la morosidad habitual en la mayoría.
El costado político
Milagro Sala sostiene que se judicializó la protesta. En la lógica populista, los hechos que desencadenaron su detención hubieran sido calificados como "destituyentes".
La Tupac Amaru realizó frente a la Casa de Gobierno una propuesta de dos meses contra Gerardo Morales cuando este implementó el registro de cooperativas y la bancarización de los planes sociales. Es decir, ele gobernador dispuso estatizar el manejo de recursos que sus antecesores habían privatizado a favor de Milagro Sala, A eso, ella resistió más de lo que podía.