Con la reducción de fondos por el nuevo esquema tributario que propone el Gobierno nacional, la Provincia pide que a las compensaciones que dará la Casa Rosada se adicione una cláusula que actualice los montos cada mes.
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Con la reducción de fondos por el nuevo esquema tributario que propone el Gobierno nacional, la Provincia pide que a las compensaciones que dará la Casa Rosada se adicione una cláusula que actualice los montos cada mes.
Las definiciones las expuso ayer el futuro jefe de Gabinete de la Provincia, Fernando Yarade, en diálogo con El Tribuno antes de ingresar al Foro de Intendentes.
Yarade dijo que el impacto más fuerte se debe al Fondo de Conurbano Bonaerense. "La Provincia recibiría una compensación equivalente a los 1.700 millones", agregó. Para que el efecto sea neutro, el futuro jefe de los ministros remarcó la importancia de la cláusula por inflación.
También señaló que en las reuniones se les planteó a los intendentes el impacto de las modificaciones impositiva. "Se vulnera, en cierto modo, el equilibrio, pero el diálogo sirve para que ellos prevean una mejor asignación de los recursos, un Estado más moderno y ágil, con estructura más chica, con mayor eficiencia", dijo.
En cuanto al pedido de Nación de ir reduciendo gradualmente tributos provinciales como ingresos brutos, Yarade sostuvo que la presión tributaria en Salta es del " 2,43 por ciento y muchas provincias están con uno o dos puntos más arriba. Nación quiere que en cinco años se estandaricen esos valores".
A su vez, defendió la tasa que propone crear Urtubey. "Se procura que los municipios terminen con la anarquía tributaria, hoy cada uno cobra lo que estima conveniente. Eso es muy disuasivo para la inversión", reiteró.
La reforma
Finalmente, el Gobierno presentó ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma tributaria, con el objetivo de que comience a debatirse en comisiones en los próximos días, y sea tratada en el recinto en sesiones extraordinarias, antes de fin de año.
El proyecto tiene doce títulos y 220 páginas, y comprende un paquete de modificaciones en el impuesto a las Ganancias, IVA, seguridad social, aranceles a la importación, y contribuciones patronales.
Tal como se preveía, se fijaron mayores impuestos a los combustibles, tabaco y bebidas azucaradas (en este último caso, pasan del 8 al 17 por ciento), mientras que se ratificó la marcha atrás en los gravámenes adicionales al vino, a los espumantes y a la cerveza, tras el rechazo de las provincias productoras.
A través de esta reforma, el Gobierno apunta a una rebaja gradual de la presión impositiva en cinco años, con un impacto del 1,5 por ciento en el PBI: no obstante, estiman que tenga un impacto neutro en la recaudación a través de la baja de los mecanismos de evasión impositiva.
Entre los aspectos principales de la reforma tributaria se encuentra una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias para utilidades no distribuidas de las empresas (del 35% al 25% al 2021) y la posibilidad de computar el pago del Impuesto al Cheque a cuenta.