El recorte en viviendas sería reemplazado por privados

Con un 41% menos de fondos nacionales para construir en 2018 en comparación a este año, desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Salta confían en poder suplantar ese recorte presupuestario con el sistema de asociación público-privada.
En junio pasado, la Nación aprobó la edificación de 1.650 viviendas en la provincia con la modalidad de inversión mixta. Bajo ese esquema, el sector privado aportará las tierras, construirá los complejos habitacionales y los comercializará, mientras que el Estado financiará la adquisición de los inmuebles mediante programas de subsidios y créditos hipotecarios. En los desarrollos urbanísticos también se podrá dejar un porcentaje para construcciones de demanda libre y áreas comerciales.
De acuerdo a las previsiones, las constructoras invertirán $1.200 millones y el Gobierno nacional aportará $700 millones para las obras locales durante el año próximo.

Proyecciones
El IPV, que solo hace de intermediario en la operatoria, cerró el jueves pasado el segundo concurso de presentación de proyectos privados para la construcción de las viviendas que se ejecutarán en 2018.
En la oportunidad hubo cinco carpetas de tres oferentes, que proponen un total de 1.198 viviendas y departamentos.
La empresa Garín Juan Pedro Construcciones ofertó la edificación de 162 viviendas en General Mosconi. Vicente Moncho Construcciones presentó tres proyectos para 200 viviendas en Cerrillos, 304 departamentos en el barrio capitalino El Bosque y 432 departamentos en barrio 12 Apóstoles de la misma ciudad. La firma Mario Banchik & Cia S.R.L. proyectó 100 casas en San José de Metán.
Durante el primer concurso, que se realizó hace dos meses, se pusieron a consideración proyectos por 98 viviendas en General Mosconi y 91 en Tartagal, a cargo de Garín Juan Pedro Construcciones y otras 622 divididas en tres etapas en la ciudad de Salta, planificadas por Incovi.
De las 2.009 edificaciones proyectadas, se deberán aprobar 1.650, de las cuales 1.000 se ejecutarán en la Capital.
El titular del IPV, Sergio Zorpudes, explicó a El Tribuno que en cada proyecto se destina a viviendas sociales entre un 20% a 40%. Cada inmueble deberá tener una superficie como máximo de 55 metros cuadrados.
“La tipología puede variar, no así la superficie. Los beneficiarios de las viviendas sociales serán las familias inscriptas en el IPV que no superen los dos salarios mínimo vital y móvil”, aclaró el funcionario. 
El resto de las casas o departamentos estarán sujetos a créditos hipotecarios y su diseño dependerá del desarrollador. 
“Los adjudicatarios serán las familias que se encuentren aptas para acceder a un crédito hipotecario como Procrear, en el segmento de dos a cuatro salarios mínimo vital y móvil”, acotó Zorpudes.
Dentro de la asociación púbico privada, el IPV también avanza en otra línea que ofrece el programa nacional para construir complejos habitacionales para gremios. El presidente del organismo provincial adelantó que está en carpeta la edificación de 509 viviendas bajo esa modalidad, que debe ser aprobada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Nación. 

Reducción
En el proyecto del presupuesto nacional para el año próximo, que aún no fue tratado en el Congreso, se prevé un recorte del 32% para los programas federales que maneja el IPV salteño, en relación con 2017.
Se asignaron casi $743 millones para “acciones de vivienda y desarrollo urbano”, de los cuales $625 millones son para la construcción de viviendas sociales, un 41% menos que este año para el mismo ítem.
Los recursos restantes son para mejoramiento, refacción y ampliación de la infraestructura habitacional.

Quejas por precios estancados en obras

Si bien el sector privado de la construcción destaca la reactivación que se observa este año en el sector, y que fue impulsado sobre todo por la inversión pública, hay cierto resquemor por demoras que se registran en la actualización de los precios de las obras que se realizan con fondos nacionales en la provincia.

El titular de la Cámara Salteña de la Construcción, Jorge Daniel Banchik, señaló a El Tribuno que en la mayoría de los proyectos que encara el Gobierno nacional, como la edificación de viviendas o el Plan Hábitat, el Estado mantiene deudas con las empresas locales. Además, por la inflación, hay un desfasaje de precios entre lo que se presupuestó en el inicio de los trabajos y el valor que tiene luego de varios meses de ejecución.

“Se debería dar la posibilidad a las empresas de que el organismo oficial deudor otorgue un certificado para ser utilizado como parte de pago de impuestos, que lo debemos seguir pagando a pesar de no cobrar”, se quejó Banchik.

“Si una empresa no paga IVA, por ejemplo, automáticamente entra en mora y es multada. Sin embargo, el Estado nos debe plata y recién terminan de pagar cuando se termina el proceso de redeterminación de precios y no hay ninguna compensación por esto. Creo que no es lógico”, consideró el dirigente empresarial.

Explicó que los proyectos de construcción encarados por la Provincia no tienen el mismo inconveniente. La redeterminación de precios está estipulada en el decreto 1170, con el que cuando la diferencia entre el contrato original y el faltante de obra es del 5%, las empresas pueden solicitar una actualización del monto.

Pereyra Rozas sortea en diciembre

Alrededor de 6.500 personas se anotaron para acceder al complejo habitacional de 500 viviendas que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) construyó en el predio de Pereyra Rozas, ubicado en la zona norte de la capital salteña.

En la primera semana de diciembre, según anunciaron desde el organismo, se conocerá el padrón de participantes del sorteo que se realizará para adjudicar las casas.

El área social del IPV realiza por estos días un segundo análisis y estudio de los datos declarados por los postulantes, con el objetivo de corroborar que no se encuentren falseamiento de datos y propiedades no declaradas, entre otros.

Una vez terminado ese trabajo se publicará el padrón de participantes y se asignará un número de sorteo para cada grupo familiar.

Los inscriptos podrán consultar, a partir de diciembre, el número con el que participarán ingresando el DNI del titular de la ficha en www.ipvsalta.gob .ar. También podrán informarse en las oficinas de Belgrano 1.349.

El sorteo de las 500 viviendas se realizará durante la segunda quincena de diciembre.

 

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Sección Editorial

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